La Diputación de Cádiz abonó facturas a sus proveedores en el mes de junio en 21 días. Es el dato oficial del periodo medio de pago del que ha presumido este martes el responsable del área de Servicios Económicos de la institución provincial, Jesús Solís.
Para Solís, con dicho índice “se cierra un círculo de buena gestión” acreditada con otros resultados favorables: los 16,5 millones de euros de superávit del ejercicio de 2017, los más de 30 millones de euros de remanente de tesorería para gastos generales, o la reducción de 40 puntos del endeudamiento. En este contexto “confirmamos que somos una administración pública saneada”, pese a lo que siguen denunciando desde el PP.
Los referidos 21 días son el promedio alcanzado por la Diputación gaditana y sus organismos autónomos (el dato particular de Diputación como entidad matriz se cifra en 19,4 días). Con este periodo medio de pago (PMP) se recupera una “normalidad” que se alteró en septiembre de 2017; en aquella fecha se contabilizaron 350 facturas que estaban sin conformar procedentes del anterior mandato corporativo, con Gobierno de la derecha, con José Loaiza al frente. Sumaban una cuantía de 1,5 millones y al tratarse de servicios prestados hace más de dos años elevaban sensiblemente el promedio de pago.
Esa deuda se liquidó en abril de 2018 y, desde entonces, el periodo medio de pago ha experimentado un paulatino descenso: 59 días en abril, 39 en mayo y los actuales 21 de junio. Este diputado del PSOE ha mostrado su satisfacción al acreditarse la reducción por debajo de los 30 días , como marca la ley, “tal como nos habíamos planteado como objetivo”.
El responsable de Servicios Económicos también ha valorado los importes pendientes de pago que alcanza la Diputación. En la actualidad se adeuda a los proveedores 2,1 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a la tendencia de una institución “que llegó a los 14 millones de euros como pendiente de pago”. De hecho, “de enero a junio ha pagado más de 23 millones a sus proveedores. Lo que confirma nuestra actual situación de liquidez y solvencia”.
Estos datos económico-financieros, se resalta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se han logrado “sin obviar los compromisos inversores con la provincia”. Solís ha explicado que, con un criterio netamente economicista “podíamos haber dedicado los remanentes de tesorería a reducir aún más el nivel de endeudamiento. En cambio, afrontamos la financiación de dos planes Invierte”, que han supuesto una inversión de 24 millones aplicada en todos los municipios gaditanos.
EL PP INSISTE EN ACUSAR A SOLÍS DE “GESTIÓN NEFASTA”
La otra versión de la situación económica de la institución provincial la denuncia el portavoz del PP la misma, José Loaiza, quien habla de una “deuda oculta” de “otros 400.000 euros en solo un mes”. Se trata nuevamente, ha explicado, de impagos de subvenciones municipales y a entidades, así como facturas de servicios facturados en 2017, “que elevan a los 2 millones de euros el total de obligaciones no abonadas por no estar debidamente contabilizadas o no existir crédito”, según las estimaciones del grupo popular y a la documentación a la que ha tenido acceso.
Así, Loaiza ha lamentado que el responsable económico, Jesús Solís, “no explique de una sola vez cuántas facturas guarda en los cajones” y ha advertido de que tanto el superávit como cualquier dato sobre el periodo medio de pago “están distorsionados por las anomalías contables que quieren ocultar a toda costa pero se van conociendo poco a poco”.
Desde la derecha se señala que, entre las nuevas ayudas económicas concedidas y justificadas en 2017 pero no pagadas se encuentran diversas subvenciones municipales, como los 18.000 euros concedidos a Villaluenga para fiestas y feria; 3.450 euros para San Isidro de Guadalete para la Semana de la Biblioteca y el II Festival del Verano; o 600 euros de un premio literario del Ayuntamiento de San. Fernando. La Diputación adeuda, asimismo, 50.000 euros a la Fundación Construyendo Futuro, para gastos de funcionamiento y personal de las instalaciones en el Centro Nuevo Madrugador y decenas de facturas de diversos servicios prestados, facturados y justificados hace más de un año en muchos casos.
Loaiza ha remarcado que en el pleno de este mes se dotará económicamente las partidas para afrontar obligaciones por 245.000 euros de subvenciones de 2017 que tampoco se han pagado. En este caso se trata de 420 becas Erasmus y ayudas concedidas a Cruz Roja, Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz y Federación de Cofradías de Pescadores.
