El pleno mensual de la Diputación de Cádiz, de junio, el primero del presente mandato con el Gobierno provincial del PSOE en minoría (después de que esta misma semana haya renunciado de sus cargos en ese bipartito la andalucista Maribel Peinado, que acaba de ser condenada por su “opacidad” con la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real), ha centrado una parte importante del debate en asuntos relativos a la llegada de inversiones a la provincia; aunque también se han debatido cuestiones sobre materia sanitaria, laboral, de memoria histórica, o la ratificación de la nueva entidad pública empresarial Tugasa.
Ha sido la diputada socialista Isabel Moreno la que ha defendido una propuesta encaminada a instar al nuevo Gobierno de España a mantener la igualdad de criterios entre los municipios y las entidades locales autónomas (ELAs) de la provincia a la hora del reparto de los fondos Profea (el antiguo PER) para los sucesivos ejercicios, “evitando así posibles agravios”. A esto hay que añadir la petición de que el Ejecutivo central (que es la que administración que aporta la mayor parte del dinero de este programa, con el pago de los jornales) aumente la asignación de estos fondos en un porcentaje similar al realizado por la Junta y la Diputación (que se encargan de costear materiales). Fue aprobada con el visto bueno de todos los grupos.
Otro asunto defendido por el PSOE, en este caso por la diputada Ana Carrera, fue la necesidad de instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que traslade a la Diputación información concreta de los proyectos específicos puestos en marcha por la administración central en la provincia con cargo a los fondos europeos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, con una atención especial a los destinados a la ciudad de La Línea de la Concepción, así como los proyectos que ya están comprometidos económicamente. La propuesta fue aprobada con la única abstención del PP, teniendo en cuenta que se trata de conocer si el anterior Ejecutivo de Rajoy ha hecho algo al respecto.
A iniciativa del principal partido de la oposición se ha acordado por unanimidad instar a la Junta a que se modifiquen las condiciones del contrato de licitación para la contratación de monitores de aula específica contemplándose las horas necesarias que eviten situaciones como las vividas recientemente en un colegio de San Fernando, donde los menores que debían ser atendidos por estos profesionales han tenido serias dificultades para poder participar en excursiones ante la necesidad de compensar las horas de trabajo extra de los monitores.
Igualmente, propuesto por la derecha, se ha acordado instar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a mejorar la dotación de recursos humanos de la unidad de Radioterapia para el área norte de la provincia, así como que se lleve a cabo, con la mayor urgencia, la instalación de un segundo acelerador lineal para atender la alta demanda de los enfermos. Y otra moción del PP que fue aprobada de forma unánime fue la de que la Diputación lidere el proyecto de reconstrucción del asentamiento en la aldea de Cucarrete, en Los Barrios, destinado a centro de interpretación del mismo y del Parque de los Alcornocales.
Por su lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, IU ha traído a este pleno de junio la cuestión de la siniestralidad laboral en la provincia, después de que hace unas semanas murieran dos trabajadores del sector del metal en Puerto Real. Concretamente ha solicitado apoyo para instar al Gobierno central a derogar la reforma laboral vigente por cuanto “fomenta la precariedad laboral y el aumento de enfermedades y accidentes de trabajo”, además de adoptar otras medidas de concienciación y trabajo preventivo. La propuesta fue aprobada sin unanimidad.
Otra proposición izquierdista que ha salido adelante, pese a la abstención de PSOE, PP y PA, es instar a la rúbrica de un convenio de colaboración entre la propia Diputación, la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz para la creación de un banco provincial de pruebas genéticas de ADN de restos exhumados en la provincia de Cádiz y de familiares de la víctimas de la represión franquista, que permita el establecimiento de los vínculos biológicos entre unos y otros, encomendado su coordinación al Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la institución provincial.
El diputado Antonio Alba ha recordado que según datos recientes, en la provincia existen 118 fosas comunes documentadas y la cifra de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista asciende a 1.584, “por lo que su exhumación e identificación es de justicia y una obligación institucional”.
Desde IU se ha insistido en que “la memoria histórica no trata de recuperar ningún sentimiento ni reabrir viejas heridas como pueda pensar esa parte de la España rancia, sino de recuperar la memoria que dote de dignidad a las víctimas inocentes que cayeron en el más absoluto de los olvidos y que padecieron persecución, represalias, exilio o asesinatos en las tapias del cementerio, cunetas o paladas de cal viva”.
Mientras, Ángeles González, portavoz de Ganemos Jerez, defendió una moción para que la Diputación manifieste su apoyo expreso a la libertad de expresión y a la derogación de la conocida como Ley Mordaza, impuesta por el PP, consiguiendo el apoyo en la mayoría de puntos por parte de PSOE, PA e IU, y el rechazo o abstención de la derecha.
PSOE y PP, juntos, han tumbado la otra proposición de la agrupación de electores jerezana que pedía el respaldo y apoyo de la Diputación a las reivindicaciones de trabajadores del sector del metal en la Bahía de Cádiz, que luchan en los últimos tiempos contra la precariedad.
Y la diputada Maribel Peinado, ya fuera del Gobierno provincial, presentó la propuesta del extinto PA de solicitar a la Junta el desdoble de la carretera A-375 en su tramo de Utrera a Puerto Serrano, recibiendo el apoyo plenario.
Sí Se Puede Cádiz presentaba inicialmente dos mociones, una en relación con las labores de conservación del yacimiento arqueológico de Puente Melchor en el Barrio Jarana, y otra sobre el cultivo del mejillón, pero ambas no se han podido debatir ya que su diputado, el también alcalde de la capital, José María González ‘Kichi’, se ha ausentado de este pleno, atendiendo a la misma hora otras cuestiones municipales.
‘RENACE’ TUGASA
En el apartado de asuntos dispositivos de este pleno mensual, se ha refrendado, pese a la abstención del PP, un nuevo paso administrativo para ofrecer viabilidad y asentar la oferta de la red de hoteles y alojamientos rurales provincial, con la aprobación de la creación de la nueva entidad pública empresarial Tugasa, Turismo Gaditano, que sustituya a la anterior empresa pública.
La diputada de Turismo, María Dolores Varo, ha sido la encargada de exponer cómo se ha desarrollado este proceso administrativo, encaminado a ofrecer viabilidad a la empresa, que debido a la situación económica que arrastraba se vio obligado a entrar en causa legal de disolución, efectiva en noviembre de 2015. Desde entonces se planteó una alternativa y una refundación que garantizara la supervivencia de los servicios y empleos. Esta diputada socialista ha explicado que una de las líneas de acción seguidas para la creación de esta nueva empresa es que no se perdiera ningún puesto de trabajo
La entrada en funcionamiento de la nueva Tugasa, que utiliza la fórmula jurídica de entidad pública empresarial, se hará efectiva cuando se concrete la liquidación del actual red empresarial, se garantice su dotación presupuestaria, se complete la transferencia de recursos y equipamientos (aun algunos ayuntamientos están en trámites de formalización para la cesión gratuita por 30 años para su explotación) y el nombramiento y toma de posesión de los órganos de gestión y dirección.
Esta red Tugasa, que tomó forma en 1970, consta actualmente con nueve hoteles, y tiene como objetivo la dinamización económica de municipios de menor población, en un sector estratégico como el turístico. El nuevo ente asume el objeto social y el personal. El proceso de creación de la nueva entidad ha contado con el asesoramiento de la Universidad de Cádiz, y la decisión de mantener el nombre persigue aprovechar la marca y el conocimiento entre el público de esta cadena de alojamientos. No obstante se acometerá una renovación de la imagen corporativa.
Además, dentro de los asuntos de gestión de este pleno también han tenido protagonismo otros dos asuntos concernientes al área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía: se ha dado cuenta del Plan de Deportes para 2018, dotado con 814.000 euros, cantidad que incluye una reserva de 200.000 euros, con el fin de que aquellos clubes que ascienden a categorías nacionales y necesitan de recursos para poder sostener los costes que esto representa, puedan competir en igualdad de condiciones. Y por otro lado, se ha aprobado el Plan de Adecuación y Mejora de las Instalaciones y Espacios Públicos de Uso Deportivo y Cultural, de que se benefician los municipios menores de 20.000 habitantes y ELAs.
Asimismo, en el seno del debate plenario de la comisión informativa permanente de Servicios Económicos, el diputado Jesús Solís ha dado cuenta de la contratación mediante trámite de emergencia de una empresa que atienda las recogidas del vertedero clausurado de residuos sólidos urbanos El Berrueco, en Medina, tras la renuncia de la concesionaria.
