Semanas después de la publicación de la relación de banderas azules de cara al verano 2015, Ecologistas en Acción ha presentado su ya habitual listado de banderas negras para esta temporada y las ha ‘plantado’ por toda la Cádiz costera. La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral. En esta ocasión se han otorgado 15 banderas negras y se han fijado 13 puntos negros, muchos de ellos en la Bahía.
Semanas después de la publicación de la relación de banderas azules de cara al verano 2015 –que “carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas”, según Ecologistas en Acción-, este colectivo ha presentado su ya habitual informe de banderas negras para esta temporada y las ha ‘plantado’ por toda la Cádiz costera. La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral. En esta ocasión se han otorgado 15 banderas negras -distintivo de impactos medioambientales de gravedad- y se han fijado 13 puntos negros -impactos significativos, pero de menor gravedad-.
Precisamente playas que presumen de banderas azules cuentan también con esta bandera negra, como es el caso de las playas de La Costilla (Rota), La Muralla (El Puerto), La Barrosa y Sancti Petri (Chiclana) y Roche (Conil).
Este pendón simbólico (la bandera negra, que señala impactos de mayor gravedad, colmo vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas), lo coloca Ecologistas este verano en la zona de playa comprendida entre Bonanza, Bajo de Guía y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda (por el vertido continuo al estuario del Guadalquivir de las aguas mal depuradas); continúa en la playa urbana de la Costilla, en Rota (por el vertido sin depurar durante los meses de verano de más de la mitad del volumen de las aguas residuales del municipio); la playa de Fuentebravía, en El Puerto de Santa María (por las construcciones de edificios en el acantilado y rellenos en la playa y en el acantilado, y regeneración periódica e inadecuada); el litoral Las Murallas-La Calita, también en El Puerto (por el vertido de aguas residuales insuficientemente depuradas a través de un emisario submarino desde la EDAR Las Galeras); y en la playa de La Barrosa-Novo Sancti Petri, en Chiclana (por la ocupación intensa del territorio para uso residencial y hotelero y el estado del acuífero completamente contaminado).
Otras tantas banderas ‘negativas’, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de Ecologistas, van a la playa y acantilado de Roche, en Conil (por construcciones en primera línea de costa, y muy mala depuración de las aguas residuales); la playa de El Palmar, en Vejer (por el descontrol urbanístico actual -más de 700 viviendas ilegales-, vertidos de aguas residuales sin depuración y el proyecto de apartahoteles en Malcucaña, en un entorno completamente virgen); la playa de Caños de Meca (Mari Sucia, Los Castillejos y La Laja) y Tómbolo de Trafalgar, en Barbate (por edificaciones en el dominio público marítimo terrestre, y nula depuración de aguas); la playa de El Carmen, en Barbate (por recibir las aguas contaminadas del río Barbate y las aguas residuales de la depuradora obsoleta que funciona deficientemente); la playa de Atlanterra, en Tarifa (por edificaciones desmesuradas ocupando ilegalmente suelo que no está clasificado como urbano y la destrucción de cordones dunares de alto interés ecológico); la playa de Los Lances, en Tarifa (por vertidos directos a la playa a la altura de la urbanización de Las Cañas; el proyecto de la EDAR es lo único que existe); la dársena El Saladillo y la dársena pesquera, en Algeciras (gran parte de las aguas residuales de la ciudad se vierten en este punto); la zona de litoral comprendida entre los ríos Palmones y Guadarranque, en Los Barrios (por vertidos industriales de la zona); la playa en los aledaños de la refinería de Cepsa, en San Roque (por vertidos industriales y pérdida de arena); y el ‘bunkering’ en el Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar y Bahía de Algeciras, y el litoral de Gibraltar (se producen derrames continuos de hidrocarburos ocasionados por estos barcos ‘gasolineras flotantes’).
PUNTOS NEGROS
Asimismo, el informe de los conservacionistas incluye también 13 puntos negros, que denuncian “impactos significativos, pero de menor gravedad” que las banderas negras. Según el colectivo ecologista, estos puntos negros se situarían –en el caso de la Bahía de Cádiz- en los Corrales de Rota; playa de Aguadulce desde Punta Candor a Costa Ballena, también Rota; la playa del Chorrillo colindante con la Base Naval roteña; la playa de La Ballena, entre Chipiona y Rota; sobre la playa del Almirante y del Aculadero, y el litoral de El Ancla y La Inmaculada, en El Puerto; y la playa de La Victoria, en Cádiz, junto al saco de la Bahía, donde se reprocha una vez más la inversión “desmesurada con injustificadas previsiones” de la nueva terminal de contenedores del puerto.
Más allá, este punto negativo llega también a las playas de La Jara en Sanlúcar y Montijo en Chipiona; las de la Fontanilla y Fuente del Gallo, en Conil; las de Paloma Baja y de los Alemanes, en Tarifa; y la zona litoral de la Bahía de Algeciras.
Entre las novedades negativas de este año, Ecologistas señala la “privatización” de la gestión del agua en El Puerto y Jerez, la “errónea y despilfarradora política de realimentar con arena las playas”, así como la “privatización” del molino de mareas de El Caño, en El Puerto, adjudicado al cocinero Ángel León para un uso hostelero privado.
Asimismo, se lamenta que la aprobación definitiva del Plan de Protección del Litoral por parte de la Junta “ha frustrado el único intento de cambiar la política de promoción de la especulación urbanística promovida en las dos últimas décadas por los gobiernos centrales y autonómico, y por la inmensa mayoría de los ayuntamientos, y que ha llevado a la ruina del país”. El plan, se añade, “no sólo no ha ampliado y reforzado la insuficiente y limitada protección que proponía el plan que se expuso a información pública, sino que se han eliminado muchas de las zonas que se incluían como protegidas, sin más justificación que las presiones de promotores urbanísticos y ayuntamientos”.
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