La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) ha trasladado a los 45 municipios gaditanos y a la Diputación un decálogo de “peticiones” ante los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus (solo en medio mes de marzo ha subido el paro registrado en Cádiz en más de 25.000 personas), resultado de una consulta realizada a sus asociaciones y federaciones empresariales, y a la tres Cámaras de Comercio de la provincia.
“Siendo conscientes de que hay ayuntamientos que ya han puesto en marcha medidas de apoyo en el ámbito de sus competencias, queremos dirigir, con carácter general, una serie de peticiones que, de manera uniforme, queremos que se estudien en todos los municipios”, señala el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
La primera medida se refiere al “abono inmediato” de las facturas pendientes de pago a proveedores, para facilitar liquidez a las empresas y aprobar conciertos con entidades financieras para poder realizar operaciones endoso a las empresas, muy necesitadas de recursos de tesorería en estos momentos.
En el ámbito tributario, se propone la eliminación temporal, durante el tiempo que dure la crisis, de impuestos y tasas municipales: Impuesto sobre circulación de vehículos (IVTM); tasas por vados, ocupación de la vía pública, toldos y veladores; tasas de recogida, tratamiento y eliminación de residuos y alcantarillado; tasa de puestos en mercados de abastos; IBI de fincas urbanas con actividades empresariales, cerradas o con escasa o nula actividad económica; e IAE de las actividades que se han paralizado o hayan tenido más de un 70% de caída de su actividad.
La CEC pide un esfuerzo a las corporaciones locales de la provincia para eximir a las empresas y autónomos de estos pagos, y en todo caso una reducción que no sea menor del 50% durante el periodo de inactividad a causa del estado de alarma.
En el caso de que no sea posible la exoneración del pago de impuestos, los empresarios solicitan se apliquen moratorias en la recaudación de al menos seis meses y un plan de pago fraccionado para cada empresa, con el objeto de poder abonar de manera prorrateada estas cantidades, según las posibilidades reales en cada caso, sin gastos ni intereses. También que se congelen en el tiempo procedimientos que conlleven el pago de deudas atrasadas hasta que no se regularice la situación.
En lo relativo a la Diputación, la CEC solicita la eliminación del recargo provincial del IAE de la parte proporcional correspondiente al periodo de pandemia. Del mismo modo, se pide al Servicio de Recaudación que se implique en la búsqueda de soluciones que puedan ofrecerse a los ayuntamientos para poner en marcha las medidas anteriores, especialmente los aplazamientos sin gastos ni intereses.
A decir de Sánchez Rojas, “cuando todo esto haya finalizado será imprescindible que las administraciones públicas atiendan las demandas y sugerencias de los distintos sectores, en aras a contribuir a que la recuperación sea lo más rápida posible, evitando que la parálisis, que sin duda afectará, como ya lo está haciendo, a la actividad productiva, se instale por mucho tiempo en nuestra economía, sumiéndonos en una recesión más duradera”.
“Si importante es reaccionar a tiempo y con unidad de criterios durante la crisis, no lo es menos la necesidad de trabajar desde ya en la recuperación de la actividad económica una vez superado el estado de alarma”, agrega.
MEDIDAS PARA EL DÍA DESPUÉS
La Confederación de Empresario ha incluido en el documento una serie de medidas orientadas al día de después de esta situación de excepcionalidad. Entre ellas, están: facilitar la reunificación de deudas crediticias ya existentes en un único crédito, buscando el aplazamiento y flexibilización; la agilización de trámites burocráticos; moratorias de impuestos en actividades generadoras de empleo, especialmente en la tasa por licencia de obra.
Otras medidas planteadas por la CEC para el mañana se refieren a aplazamientos del pago de tasas por ocupación de vía pública (las terrazas) durante los 12 meses posterior al levantamiento del estado de alarma, “para incentivar especialmente a la hostelería y la construcción”. Del mismo modo, bonificar tasa por licencia de apertura y reliquidar el Impuesto de Actividades Económicas, bonificando su importe en un 50%.
También se refiere este paquete de medidas al apoyo a las empresas y autónomos a la hora de conseguir una reducción de costes en suministros (luz y agua) en aquellos ayuntamientos que estén vinculados a la gestión de los mismos, bien a través de empresas municipales o participadas.
Finalmente, se propone que ayuntamientos y Diputación lleven a cabo, con las organizaciones empresariales de la provincia, un estudio del impacto económico de la crisis, especialmente en sectores directamente relacionados con el consumo local: comercios y hostelería.
El presidente de la CEC concluye que “cuantificar los daños y proponer medidas ágiles y eficaces para recuperar las ciudades, sus centros comerciales y el empleo en el corto y medio plazo, debe ser una prioridad”.
“Cuando todo esto pase, el escenario de nuestro tejido productivo será muy distinto. De todos, administraciones públicas y empresas de cualquier tipo y condición jurídica, depende que podamos ir normalizando la situación. Es clave dotarnos de los medios adecuados para que el efecto se corrija en el menor plazo posible”, apostilla Sánchez Rojas.
