Tras el “vergonzoso episodio de hostigamiento” practicado por un seudo-periódico digital de El Puerto afín al PP, que días atrás divulgaba un artículo intimidatorio contra la periodista Teresa Almendros, delegada en la localidad de Diario de Cádiz, por realizar su trabajo, la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) ha visto oportuno insistir en algo “obvio”: un recordatorio a instituciones públicas sobre la necesidad de que “su comunicación institucional, incluyendo la publicidad y campañas informativas, especialmente las sufragadas con fondos públicos, se contraten con medios de comunicación reconocidos como tales por los colectivos oficiales de periodistas y siempre bajo criterios de transparencia y servicio público”.
Dicha web ofrecía en una editorial datos de la vida privada de la periodista e incluso de su entorno familiar, incluyendo personas menores de edad, “que van mucho más allá de una simple crítica, a la que todos estamos expuestos”.
Al respecto, tanto la APC como el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) han exigido ya la “rectificación inmediata” y el “cese del hostigamiento” de esta página que dice ser informativa a profesionales periodistas, así como “la retirada de las campañas públicas publicitarias que sostienen este tipo de contenidos antidemocrácticos”.
Apostilla la APC que los periodistas “son los depositarios del derecho constitucional a la información”, y entre las funciones de la profesión “están las de dejar constancia de los hechos, e informar u opinar en libertad, sin coacciones, y respetando criterios de rigor y veracidad”. “Lo deseable sería una condena pública a este tipo de prácticas, pero al menos, lo mínimo exigible a una administración pública, es no fomentarlas con su apoyo institucional”, se asevera.
En este punto, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz, la Asociación de la Prensa de Cádiz reitera a los poderes públicos “la necesidad de extremar el celo en el uso de fondos para la contratación de campañas de información, publicidad, redes sociales o cualquier otro mecanismo de visibilidad pública para fomentar la transparencia de su gestión”, y que este tipo de portales web, “no tengan en ningún caso acceso a fondos públicos, mientras no se constituyan como medios de comunicación homologados y sigan con una dinámica opuesta a cualquier principio deontológico profesional”. “Lo contrario –se añade- les hace cómplices de la precariedad y el intrusismo en el sector del periodismo, además de perjudicar seriamente la salud de la democracia”.
Los colectivos profesionales de periodistas vienen reclamando desde hace años un mayor control de los recursos de las administraciones y la contratación de publicidad institucional con medios de comunicación que acrediten serlo por su trayectoria o por estar reconocidos y recogidos en el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (ROMDA). “Es preciso que los medios que reciben publicidad institucional cumplan con su condición de servicio público bajo criterios periodísticos que garanticen el derecho a la información de la ciudadanía”, se insiste.
Con todo, sigue siendo tristemente habitual y asumido que la Junta de Andalucía (ahora con gobierno de derechas), la Diputación de Cádiz (ahora del PSOE) y muchos ayuntamientos de diferentes signos políticos (no todos), por citar sólo algunas administraciones públicas del entorno, sigan contratando y asignando a dedo sus campañas institucionales en base a amiguismo y afinidades con la línea del medio o seudo-medio en cuestión, ignorando a otras publicaciones profesionales que incluso cuentan con ese ‘sello’ ROMDA, por ejemplo.
