IU Andalucía está ultimando una denuncia con la que quiere poner en conocimiento de Fiscalía sus sospechas sobre Clínicas Pascual (empresa privada que tiene actualmente tiene conciertos con el Servicio Andaluz de Salud en la provincia gaditana para sus hospitales en El Puerto, Sanlúcar y Villamartín, pero no para San Rafael en la capital gaditana, hoy día infrautilizado, y por ello mismo decidía hace unos meses ‘abrir’ gratuitamente sus Urgencias también a pacientes del SAS, pese a las advertencias desde la Junta).
La formación izquierdista parte de que esta empresa ha obtenido un “beneficio ilícito” de más de 164 millones de euros (dinero con el que “podrían haberse construido tres hospitales que evitarían que la Junta establezca estos conciertos sanitarios”, se defiende), según ha determinado el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en el informe emitido el pasado mes de marzo. “Estamos ante un hecho que podría ser constitutivo de un delito de apropiación indebida” por parte de esta empresa sanitaria privada con la que la Junta mantiene conciertos, principalmente en la provincia de Cádiz, pero también en Huelva.
Los servicios jurídicos de de Izquierda Unida están ultimando el texto con el que van a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal que puede existir un “posible delito penal” cometido por Clínicas Pascual, tal y como se desprende del informe de Competencia en el que impone dos sanciones a la empresa por 5,33 millones de euros en total, por “conductas anticompetitivas”, ya que durante tres años y medio “aplicó precios abusivos” por los servicios que prestaba al SAS en las provincias de Cádiz y Huelva.
Para la coalición, es su “responsabilidad y obligación” poner este hecho en conocimiento del órgano competente ante la “inacción” de la Junta que, “lejos de exigir responsabilidades, opta por renovar los conciertos sanitarios con esta empresa”.
“ESTA SITUACIÓN NO PUEDE AFECTAR EN TRABAJADORES NI EN USUARIOS”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la parlamentaria andaluza de IU por Cádiz y portavoz en la comisión de Salud del Parlamento, Inmaculada Nieto, a raíz de esta denuncia anunciada, ha incidido en que “durante muchos años, venimos poniendo sobre la mesa la posición de dominio que tiene Pascual y que la Junta ha permitido”.
Nieto ha recordado que “estamos hablando de unas clínicas que tienen el monopolio de la atención sanitaria para toda la Sierra de Cádiz y para poblaciones tan importantes como Sanlúcar y El Puerto de Santa María, y viene siendo así desde hace 25 años”. Entiende que “para la provincia, sería de extraordinario valor, primero, que la Junta recuperara el dinero que ilícitamente ha beneficiado a Pascual y segundo, que lo utilizara para reforzar la red pública de hospitales y centros sanitarios, que permitiera que por fin, nos desvinculemos de una empresa que a la luz de los hechos que acredita la resolución, está ganando dinero a costa de la salud del pueblo andaluz”.
Ante ese informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, IU lamenta que “la Junta no reacciona, la presidenta de la Junta no reacciona y la actitud del Gobierno andaluz es no sólo de negligencia, sino de connivencia, a la luz de que no sólo no ha adoptado ninguna decisión, sino que además, le ha renovado el concierto a las clínicas Pascual”; y por tanto, “la salida que nos ha quedado es trasladar esto a la Fiscalía, para que, además del escándalo y expolio de dinero público, que eso es evidente y está constatado y acreditado en la resolución, Fiscalía valore si estamos ante la comisión de algún tipo de delito”.
Por su parte, el coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías, ha querido transmitir “un mensaje de tranquilidad a los hombres y mujeres que desempeñan su trabajo en los centros de Pascual” y ha dejado claro que “las consecuencias que puedan derivarse de esta situación de privilegio de Pascual no puede repercutir de forma alguna, ni en trabajadores ni en usuarios de los servicios sanitarios que se presta en estos centros mediante concierto con el SAS”.
Macías ha dejado claro que “desde IU, siempre hemos defendido que la sanidad y la educación tienen que ser públicas” y recuerda que “de igual forma, en IU somos aliados de los trabajadores, tanto de los que trabajan en la empresa pública como en la empresa privada, y en cualquier caso, las empresas públicas deben asumir a los trabajadores que ya estaban en las empresas privadas, en caso de que se asuma desde lo público este servicio”.
