La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en Cádiz ha querido mostrar su preocupación por el “alarmismo social injustificado” que están generando “irresponsables” declaraciones políticas (entre ellas desde el PP o Ciudadanos, y otros partidos y entidades de derecha y ultraderecha) y mediáticas, sobre la llegada de personas inmigrantes a las costas españolas, y una gran parte de ellas a las gaditanas.
“Queremos hacer llegar a la ciudadanía gaditana la verdadera realidad migratoria de nuestra ciudad, país y continente, desmintiendo de forma breve, concisa y con cifras los principales bulos que fomentan un peligroso caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia”, se remarca en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, en el que además se vuelve a dudar de la “legalidad” de algunas de las circunstancias que se están dando en la “acogida” de estas personas (“en ocasiones privadas de libertad en lugares no habilitados para ello o superando el periodo máximo de 72 horas legalmente establecido”).
En las últimas semanas, se añade “estamos siendo testigos de la llegada de migrantes subsaharianos que, tras arribar a las costas andaluzas, son acogidas por parte de la administración central desde la más absoluta improvisación, delegando esta responsabilidad en las administraciones locales y en la solidaridad y empatía de la ciudadanía”.
REBATIENDO ‘BULOS’
Desde la Apdha, se parte de esa sentencia que se repite tanto desde algunos sectores en los últimos tiempos de “estamos viviendo este año una llegada a Europa de inmigrantes por vía irregular sin precedentes”. Se replica que sucede “todo lo contrario, el año 2018 sigue la tendencia de reducción drástica de llegadas a través del Mediterráneo de los últimos años”. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), desde el punto de inflexión de llegadas del año 2015 (más de un millón de personas), “en lo que llevamos de año apenas rebasan las 70.000. Haciendo una proyección a final de 2018, llegaríamos alrededor de 100.000 entradas, lo que representa un descenso del 90% respecto a 2015”.
A colación, se insiste en otra ‘falsedad: “el número de llegadas en España durante 2018 no tienen comparación con otros años”. Este colectivo argumenta que “aunque efectivamente las entradas por vías irregulares por la frontera sur española en 2018 (23.000 personas) han supuesto un aumento reseñable respecto a los años inmediatamente anteriores, todavía están lejos de las más de 41.000 del año 2006”.
“Decenas de millones de personas subsaharianas están esperando la oportunidad de entrar e instalarse en España”, es otra de las consignas que repiten algunos. Otra “falsedad”: “España es un mero país de tránsito de las migraciones subsaharianas, así lo demuestra el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja que entre las 15 primeras comunidades nacionales de residentes extranjeros en España no hay ningún país subsahariano”.
Además, se afirma alegremente que “existe un grave efecto llamada tras las últimas decisiones del nuevo Gobierno español en materia migratoria, que se relaciona directamente con el aumento de entradas irregulares en España el presente año”. La Apdha rebate que el pasado año ya se vivió un “aumento significativo”, relacionado con múltiples factores (cierre de las vías del Mediterráneo oriental y central, deterioro de la situación en Libia, la utilización política de Marruecos de su papel de ‘gendarme’ fronterizo de Europa…). Respecto a las políticas migratorias y de fronteras del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, “desgraciadamente no se han producido grandes cambios respecto al anterior Ejecutivo del PP. A modo de ejemplo, se siguen produciendo devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla o que el Gobierno del PSOE ha decido mantener el recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos contra la condena al Estado por dichas prácticas, interpuesto por el Ejecutivo del PP”.
“En los últimos años se ha incrementado mucho la población extranjera en la provincia de Cádiz”. Y ante esta afirmación, esta asociación expone datos: a 1 de enero de 2018, de los 1.238.480 de gaditanos, según el INE, “tan solo 42.467 eran extranjeros (apenas el 3,4% de la población, tres veces menos de la media nacional, que es el 9,8%)”. Además, “la práctica totalidad de las personas que acceden por puntos no habilitados no tienen como destino final ni nuestra provincia ni el Estado español. Andalucía es sólo una puerta de acceso a Europa”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sentencia que “podríamos añadir varias informaciones más igualmente carentes de todo fundamento sobre la supuesta crisis que se está viviendo en las fronteras españolas”. Así, insiste en hacer un llamamiento a la ciudadanía “para que ante esta avalancha de manipulación y desinformación en materia migratoria agudicen más que nunca su sentido crítico, y también a responsables políticos y medios de comunicación para que vuelvan a la senda del sentido de Estado y el rigor profesional informativo, dejando con ello de fomentar el riesgo de indeseables conductas racistas y xenófobas”.
PERIODISTAS PIDEN “COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN” PARA TRASLADAR UNA “INFORMACIÓN ADECUADA”
En paralelo, ante las denuncias planteadas por periodistas ante las “dificultades y obstáculos” que encuentran en la cobertura informativa de la llegada de personas inmigrantes a las costas, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para exigir “más garantías y facilidades para que los profesionales puedan realizar su trabajo”.
En el caso más reciente, los periodistas desplazados esta semana al muelle de Crinavis, en San Roque, en el Puerto de Bahía de Algeciras, no pudieron acceder a las instalaciones y se tuvieron que situar tras las valla para tomar imágenes del arribo de la embarcación de Open Arms que el Gobierno central había derivado hasta esta zona para que pudiera atracar con 87 personas rescatadas el pasado 2 de agosto en aguas del Mediterráneo. Pero se han repetido estos días otras trabas y obstáculos en el puerto de Almería y de Málaga.
Ante la previsión de que se incremente el flujo de pateras a estas zonas, el Colegio de Periodistas ha considerado necesario elevar el caso al máximo responsable del Gobierno en Andalucía, “a fin de que se defina un protocolo consensuado y común para todos los casos” que contemple, al menos, varios aspectos, como procedimientos ágiles, idénticos y conocidos por todas las partes (autoridades y prensa) para la acreditación de los periodistas; lugares acondicionados para que los periodistas puedan entrevistar o tomar declaraciones; espacios identificados que permitan obtener imágenes adecuadas y útiles desde el punto de vista de la calidad de la información; acceso a las zonas habilitadas para acogida en los diferentes territorios; identificación de la persona responsable de prensa o contacto con los medios en cada punto; y facilitar información y cifras actualizadas sobre las llegadas.
Igualmente, este Colegio expone entre sus argumentos cómo en las recientes Jornadas sobre Inmigración y Medios de Comunicación, celebradas en Cádiz, y en las que participaron representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ONGs, administraciones y periodistas directamente implicados en el tema, se puso de manifiesto por todos la necesidad de mayor “colaboración y coordinación para trasladar una información adecuada a la ciudadanía, que huya de estereotipos, de la cosificación de las personas inmigrantes o que conviertan la noticia en un hecho insustancial ajeno a la dura realidad que afecta a estas personas”.
