La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA), que agrupa a un centenar de agencias inmobiliarias gaditanas que cooperan entre sí, vuelve a la carga contra la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda aprobada en la primavera de 2023, que entre otras cuestiones busca ofrecer a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas para tratar de contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.
Pese a que en Andalucía (como en otras comunidades con gobiernos de derechas) apenas se está aplicando (por ejemplo la posibilidad de declarar zonas tensionadas para establecer restricciones a los aumentos del alquiler), desde GICA se considera que “el debate social abierto” en relación a los pisos turísticos y su limitación “en algunas ciudades” se deben incluir variables como la Ley de la Vivienda.
Al respecto, pese a que este problema de la vivienda no es nuevo (cada vez se ofrecen menos alquileres residenciales y cada vez más caros), en ciudades de la Bahía como Cádiz y El Puerto de Santa María en los últimos tiempos ya se han vivido movilizaciones contra la turistificación (fenómeno asociado a esa proliferación de viviendas turísticas legales e ilegales) y han nacido plataformas ciudadanas como Cádiz Resiste y El Puerto Resiste.
Sin embargo, para el presidente de esta asociación de inmobiliarias, Lucas Carrasco, no hay que poner el foco en el alquiler turístico, sino en dicha ley estatal promovida por el actual Gobierno de España progresista, “una normativa que está en el centro de la problemática del mercado de alquiler a largo plazo y, sobre todo, la falta de oferta”.
“LA DEMANDA DE VIVIENDAS EN ALQUILER SUPERA CON CRECES LA OFERTA”
“La actual normativa no ha logrado los objetivos para las que entró en vigor: garantizar un mercado justo y accesible, tanto para los demandantes de vivienda en alquiler, como para los propietarios, mayoritariamente pequeños inversores que, ante la inseguridad jurídica que les genera la ley, optan por dejar las viviendas vacías o destinarlas a otros usos, como alquileres temporales o el alquiler turístico”, expone Carrasco.
“La Ley de la Vivienda -insisten desde GICA- no ha logrado incorporar nuevas viviendas al mercado ni contener eficazmente los precios del alquiler de larga duración, lo que tiene efectos negativos en la sociedad. El principal factor que impulsa el aumento de los precios es el desequilibrio entre la oferta y la demanda. En muchas ciudades de la provincia, la demanda de viviendas en alquiler supera con creces la oferta disponible”.
Lucas Carrasco, representante de agencias inmobiliarias gaditanas, reitera que aunque se tiende a culpar al alquiler turístico por el aumento de los precios y la escasez de viviendas en ciudades grandes y turísticas de Cádiz, “esta visión no toma en cuenta realidades complejas que también afectan a otras ciudades importantes”; y señala el caso concreto de Algeciras, “donde apenas hay viviendas turísticas, pero el problema de la escasez y el precio elevado es igualmente acuciante”. Esto demuestra para GICA que los demonizados pisos turísticos “no son el origen del problema, por mucho que se insista en ello”.
“INSEGURIDAD JURÍDICA Y ESCASOS INCENTIVOS” PARA LOS PEQUEÑOS ESPECULADORES
El presidente de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de Cádiz también interpreta que la ley estatal, “lejos de fomentar un mercado más accesible, ha creado una situación en la que los pequeños inversores prefieren mantener sus propiedades vacías o destinarlas a otros usos ante la inseguridad jurídica y los escasos incentivos para rehabilitar viviendas antiguas”.
Añade que antes de la guerra en Ucrania, “era común que adquirieran propiedades para rehabilitarlas y ponerlas en alquiler o venta, contribuyendo así a revitalizar el mercado”. Sin embargo, “el aumento de los costes y la inseguridad jurídica” han reducido esta actividad. “A pesar de que se suele tildar de especuladores a estos inversores, su papel es fundamental para dinamizar el mercado. Lamentablemente, ahora este tipo de inversiones son residuales en la provincia, como se refleja en los últimos barómetros de GICA”, afirma.
Asimismo, Carrasco insiste en la “falta de incentivos” para la construcción de nuevas viviendas de alquiler asequibles: “sin una oferta creciente de viviendas, los precios seguirán elevados debido a la escasez de unidades disponibles. En ciudades con alta demanda y escasa oferta, las medidas de contención de precios tienen un impacto limitado y no abordan las causas subyacentes de los altos precios”.
Y finalmente, apunta que “tenemos un parque inmobiliario envejecido y poca obra nueva, pero pocos mencionan las promociones inacabadas o las viviendas ocupadas que pertenecen a fondos de inversión. Si se ofrecieran incentivos adecuados para rehabilitar estas viviendas y ponerlas en el mercado, los precios podrían bajar debido a un aumento de la oferta disponible”.
GICA termina mostrando, otra vez, su compromiso por colaborar con las instituciones “para desarrollar una normativa que aborde de manera integral las necesidades del mercado de la vivienda, tanto para inquilinos como para propietarios, con el objetivo de avanzar hacia un mercado más equilibrado y justo para todos”.
