La presidenta de la Diputación de Cádiz, la socialista Irene García, ha realizado este lunes su particular balance del trabajo realizado en sus dos primeros años de mandato, al tiempo que ha puesto sobre la mesa los grandes retos hasta mediados de 2019. Precisamente un 26 de junio de 2015 se oficializaba el actual Gobierno provincial, que acababa con cuatro años del PP en el Ejecutivo con mayoría absoluta, del PSOE apuntalado por la diputada del extinto PA, Maribel Peinado, convertida en una de las vicepresidentas. Ella y el otro vicepresidente, Juan Carlos Ruiz Boix, han acompañado a García en esta comparecencia ante la prensa, con intención de expresar “un trabajo coordinado y leal entre las dos formaciones políticas”.
La presidenta se ha referido a este balance como “un alto en el camino para coger impulso”; un balance “sin triunfalismos”, pero con la satisfacción de “saber que estamos siendo útiles a la gente”. Ha defendido el trabajo realizado, que no sólo ha dado respuesta a las competencias propias, sino que ha demostrado que “la implicación de este equipo y esta institución al completo con la realidad de la provincia”. García ha echado la vista atrás para recordar el doble compromiso inicial de su proyecto, que pasaba por un lado por “sacar a la Diputación de la irrelevancia en que había caído durante los cuatro años anteriores” y, por otro, por ponerla al servicio de la “materialización de un proyecto de provincia basado en la cooperación con los municipios bajo el compromiso de la autonomía municipal”.
Estos objetivos llevaban aparejados dos “exigencias irrenunciables”: recuperar el “liderazgo histórico” de la institución en la provincia; y “consolidar y mejorar” la prestación de servicios públicos esenciales aplicando las políticas clave para mejorar el bienestar de los pueblos. Con ello lo que se pretende es “lograr una provincia más cohesionada tanto en lo que refiere a las personas como a los territorios”.
En primer lugar se han priorizado todas las políticas encaminadas a dar respuesta a la lacra del desempleo. Al mismo tiempo se ha atendido de forma preferente a quienes precisan de una mayor respuesta por situarse en un plano de mayor vulnerabilidad.
En la lucha contra el desempleo se han puesto en marcha iniciativas como son las tres ediciones del Plan de Cooperación Local, que han movilizado más de 12,5 millones de euros para generar contratos temporales entre desempleados en riesgo de exclusión social en los municipios menores de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas (ELAs). En la misma línea se ha puesto en marcha el Plan Invierte 2016 con recursos propios procedentes del remanente del ejercicio 2015, repartiendo dinero para pequeñas obras en todas las localidades.
La Diputación gaditana también aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la provincia, dotado con 1,6 millones de euros para, en la teoría, favorecer el emprendimiento. Se han firmado convenios de colaboración con las tres Cámaras de Comercio para facilitar la apertura de las empresas gaditanas al mercado exterior. Y en esa estrategia de caminar de la mano del sector empresarial la Diputación ha conseguido reducir el período medio de pago a los proveedores a 26 días (según el indicador del pasado mes de abril).
Irene García ha especificado que desde el Gobierno provincial también se ha hecho una “defensa a ultranza” de los sectores esenciales del tejido productivo gaditano, citando a la pesca, la agricultura, la construcción naval, las almadrabas o el turismo. Ha querido dejar claro en este punto que “ningún miembro de mi Gobierno ha buscado excusas argumentando que estas materias no son competencia de la Diputación. La mejor prueba es el trabajo que se está haciendo en materia turística, donde estamos apoyando a todo el sector para conseguir unos datos históricos en cuanto a visitas y pernoctaciones”. En ese aspecto se resalta la apuesta por la consolidación de la cadena pública Tugasa, mejorando la red de establecimientos y garantizando los empleos en la misma. La Diputación continúa así dando los pasos necesarios para la creación de la sociedad que se encargará de su gestión, siempre desde manos públicas.
Además, García ha destacado la implicación de la institución provincial en el “buen desarrollo” de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz –o sea, la llegada de fondos europeos-, para lo que se ha creado una Oficina de Información desde la que asesorar a cualquier emprendedor interesado en el acceso a sus líneas de financiación.
El Gobierno provincial PSOE-PA dice que también ha incrementado el presupuesto en materia de Servicios Sociales, “consolidando su antiguo papel como prestadora de políticas, y esencialmente de políticas sociales”. Para ello se han puesto en marcha iniciativas novedosas como el Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética o el Consejo Provincial de Igualdad.
En cuanto a la actuación centrada en los territorios, la presidenta se ha referido a la cohesión de la provincia como “una asignatura pendiente” que se ha abordado con la creación de un instrumento que ha tenido gran aceptación como es el Consejo de Alcaldías, que ya se ha reunido en cerca de una decena de ocasiones. En el mismo sentido ha destacado la puesta en marcha del Centro de Asesoramiento a Entidades Locales, que ha merecido incluso el reconocimiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Por otra parte, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha procedido a la mejora de la gestión y el fortalecimiento del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, que ya gestiona en todo o en parte los tributos y tasas de 43 de los 44 municipios de la provincia. Se ha consolidado el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras y se ha mejorado la cobertura del Programa de Fomento del Empleo Agrario (el Profea, o lo que es lo mismo el antiguo PER, que se nutre principalmente de fondos estatales, y aportaciones de Junta y Diputación). Tampoco se ha olvidado García del desbloqueo del histórico contencioso de Valcárcel, en Cádiz capital, que se supone que algún día acogerá la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA.
“NO SOMOS CONFORMISTAS”
Como conclusión, la presidenta socialista ha llamado la atención sobre la constante búsqueda, por parte de su Gobierno, de “compañeros de viaje”. Por ello, en estos 24 meses se han suscrito alianzas con agentes sociales, organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio, organizaciones del tercer sector, ONGs, otras administraciones, etc. Se ha conseguido así que el Palacio Provincial haya servido de escenario a “fotografías históricas”, como la de todas las administraciones reunidas en torno a una misma mesa para rubricar su compromiso con la conmemoración del Tricentenario del traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz, que discretamente se está recordando este 2017 con la coordinación e impulso de la propia Diputación.
“Hemos pretendido dirigir y gestionar a través de una nueva forma de gobernanza, de un liderazgo compartido que ha tenido su reflejo en la reactivación del Consejo Económico y Social. Hemos apostado por la participación y por la transparencia”, ha aseverado la presidenta.
No obstante, ha concluido diciendo que “a este Gobierno le motiva que todavía hay muchas cosas por hacer. No somos conformistas y somos conscientes de que hay que redoblar los esfuerzos”. Y para que este trabajo tenga la máxima proyección, ha vuelto a reclamar que el Gobierno central del PP autorice a las corporaciones locales, y entre ellas a la Diputación de Cádiz, a invertir libremente el remanente del ejercicio 2016, de forma que se puedan dedicar los 23 millones de euros disponibles “a combatir el desempleo y a dar respuesta a las necesidades de nuestros pueblos y ciudades”.
