Los convocantes de la huelga, que sucede a las movilizaciones iniciadas en abril, lamentan que desde el Gobierno “no han mostrado voluntad de solucionar el conflicto con una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores”, el 93% del total de la Administración de Justicia. Son 1.500 en la provincia.
Los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia han iniciado este lunes 22 de mayo, también en Cádiz, una huelga indefinida para exigir “el reconocimiento real y retribución de las funciones que llevan a cabo”. Esta movilización se iniciaba el pasado mes de abril y ha ido creciendo en intensidad ante la “falta de respuesta” del Ministerio de Justicia.
Los sindicatos convocantes (CSIF, STAJ, CCOO y UGT) exigen al Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos que ponga encima de la mesa una propuesta “digna y aceptable” para negociar.
Asimismo, en estos días se prevén concentraciones de protesta en la capital gaditana y Algeciras como antesala de la manifestación que se prepara el jueves 25 en Madrid y a la que acudirán funcionarios de todo el Estado.
“EL ÚNICO RESPONSABLE ES EL MINISTERIO”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el sindicato convocante mayoritario, CSIF, ha lamentado que el ministerio “no haya mostrado voluntad de solucionar el conflicto con una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores”, que representan el 93% del total de la Administración de Justicia.
Añade el responsable de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, que el ministerio encabezado por Pilar Llop “lleva semanas haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a otros colectivos”.
Lobato insiste en que estos funcionarios están siendo “discriminados voluntariamente” por el Gobierno a pesar de que está formado unos 45.000 trabajadores en el conjunto de España, de ellos unos 1.500 en la provincia gaditana.
“Nos tratan como funcionarios de segunda frente a otros cuerpos, a pesar de que llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente”, subraya este sindicato, que recalca que “si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca”.
Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de 500.000 juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España. En la provincia de Cádiz, CSIF calcula que se han podido ver afectados más de medio millón de expedientes y trámites, y cientos de juicios suspendidos.
