Exigen “la eliminación de cualquier vestigio golpista o franquista en centros educativos”; CGT señala casos en la provincia de Cádiz

Cuatro años después de aprobarse la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sigue habiendo centros educativos en la provincia de Cádiz “con nombres franquistas”. Lo denuncia CGT Enseñanza Cádiz, coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que truncaba el golpe de Estado militar-fascista cinco años después.

Este sindicato, que también encuentra centros escolares en el resto de la comunidad autónoma con nombres ligados a la dictadura, exige “la eliminación de cualquier vestigio golpista o franquista en centros educativos. Las administraciones no pueden incumplir su propia legislación ni ser cómplices por omisión de denominaciones y simbologías ilegales”.

Además, Ley de Memoria Histórica nacional, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, fue aprobada hace ya 14 años. “Es especialmente irónico y sangrante que en muchos centros educativos en los que se inculcan valores como la defensa de la libertad y la democracia, aún aludan en sus nombres a personas que dieron el golpe de Estado de 1936 o lo apoyaron para destruir un gobierno elegido democráticamente y que encarcelaron y asesinaron a los defensores de la República que no pensaban como ellos”, se reflexiona.

“La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la memoria democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas”, subraya literalmente, por ejemplo, el artículo 32 de la ley andaluza al respecto.

CASOS EN CÁDIZ, JEREZ, UBRIQUE Y LA LÍNEA

De este modo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, CGT considera “ilegal” el mantenimiento de nombres y símbolos golpistas y franquistas en varios centros educativos de la capital, Jerez, Ubrique y La Línea.

En el caso de la ciudad de Cádiz, señala dos colegios públicos de Infantil y Primaria, el Carola Ribed y el Josefina Pascual. En el primer caso, se remarca que Ribed fue esposa del entonces gobernador de Cádiz, José María Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (político español de ideología fascista), quien cedió los terrenos para la construcción del antiguo ‘grupo escolar’. De Josefina Pascual Ríos se recuerda que desde 1934 fue directora de la Escuela Normal de Magisterio Primario, que “durante la dictadura se dividió en una sección masculina y otra femenina, llamada Escuela de Magisterio femenino Fernán Caballero, que ella misma dirigió hasta su jubilación en 1967”.

En Jerez, CGT Enseñanza encuentra tres casos. Por un lado, el CEIP Federico Mayo: este pamplonés capitán de Ingenieros durante la Guerra Civil, ocupó el cargo de director general del Instituto Nacional de la Vivienda desde su fundación hasta su muerte en 1954.

El nombre del IES Francisco Romero, igualmente en Jerez, también se pone en cuestión. Según el relato del sindicato, esta persona fue nombrado síndico (“una institución completamente dependiente del poder central”) del Ayuntamiento durante los primeros años del franquismo, y en adelante se dedicaría la empresa, ejerciendo varios altos cargos, hasta que a comienzos de los años 70 se dedica fundamentalmente a la enseñanza, siendo nombrado director de la, por aquél entonces, Escuela de Formación Profesional. “Sería un grave error concluir simplemente que el Ayuntamiento -con sus síndicos- fue una institución secundaria sin responsabilidad en el devenir de la dictadura, ya que el control de un territorio sería imposible sin el control directo que proporcionan los consistorios, una herramienta muy útil en términos de control social y necesaria en el desarrollo diario del nuevo régimen”, se argumenta.

Igualmente, en esta ciudad se pide el cambio del nombre del Centro Salesiano de Enseñanza Manuel Lora Tamayo. Este colegio privado concertado religioso está dedicado a un jerezano que durante el franquismo ejerció de de ministro de Educación Nacional (1962-1966), ministro de Educación y Ciencia (1966-1968) y presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1967-1971).

Más allá de la Bahía de Cádiz, en la provincia se pone en cuestión el CEIP Víctor de la Serna y Espina de Ubrique, dedicado a un escritor y periodista de militancia falangista. Y el IES Tolosa en La Línea de la Concepción: Camilo Menéndez Tolosa participó como militar durante la Guerra Civil aplicando con dureza la política de exterminio a quienes se habían mantenido contrarios al golpe de Estado, y posteriormente se convirtió en uno de los jerarcas del franquismo. En este último caso, el Consejo Escolar del instituto aprobó quitar ese nombre, “pero sigue figurando el apellido. Es como si en Alemania un IES se llamase Adolf Hitler y el consejo escolar aprobase dejar solamente Hitler”, se lamenta. Más o menos lo que defiende cierto sector con el estadio Ramón de Carranza en Cádiz.

“Sabemos que la decisión última de modificación del nombre corresponde al Consejo Escolar del centro en cuestión, pero también que con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, la administración (ayuntamiento de la localidad, delegación territorial de Educación) ha de instar o, en último caso, obligar a que se cambie si los Consejos Escolares no lo realizan”, se remarca desde CGT Enseñanza Cádiz, que denuncia la “pasividad e ilegalidad” consentida por las administraciones públicas competentes “ante la pervivencia de nomenclaturas y emblemas de carácter franquista en centros educativos”.