CSIF ha vuelto a pedir explicaciones al presidente de la Diputación por el caso de la trabajadora del 085 despedida en 2013 “de forma ilegal, como quedó demostrado por el juzgado”, tras considerarlo “una mera represalia” por las denuncias que interpuso este mismo sindicato sobre las irregularidades que se daban en la concesionaria de la sala de emergencias. Se exige el cese inmediato del presidente del Consorcio de Bomberos tras reconocer en su respuesta al Defensor del Pueblo que no dijo la verdad al respecto.
CSIF ha vuelto a pedir explicaciones públicas al presidente de la Diputación, José Loaiza, por el caso de la trabajadora del 085 despedida a mediados de 2013 “de forma ilegal, como quedó demostrado por el juzgado”, tras considerarlo “una mera represalia” por las denuncias que interpuso este mismo sindicato sobre las irregularidades que se daban en la empresa de la sala de emergencias del Consorcio provincial de Bomberos.
Por eso mismo, CSIF pide a Loaiza el “cese inmediato” del presidente del Consorcio, Fernando García Navarro, “por haber mentido públicamente” al manifestar que no tenía conocimiento del despido, “cuando ahora, en un escrito remitido al Defensor del Pueblo le dice que, efectivamente, sí fue informado, tal y como se exige en el contrato con la empresa que gestiona el 085, Qualytel”.
“Es intolerable” para este sindicato que, ya en 2015, aún la Diputación “no haya aclarado un desmán de este calibre, que ha causado daños morales irreversibles a una trabajadora ejemplar y reconocida por todos sus compañeros, que fue represaliada injustamente por pertenecer al sindicato”. CSIF recuerda que para que la empresa que gestiona las emergencias de Bomberos del 085 pueda despedir a alguien tiene que tener el visto bueno del Consorcio provincial, ente del que es socio mayoritario la Diputación y cuyo presidente es nombrado por este mismo organismo provincial.
Y es que ahora, el presidente del Consorcio de Bomberos ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo, donde reconoce que sí fue informado del despido, de modo que, para CSIF, “queda demostrado que mintió a la opinión pública”. Recuerda que se tuvo que recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz “precisamente porque nadie de la administración provincial ni del Consorcio contestaba a las peticiones de explicaciones del sindicato”.
“No es normal que a estas alturas, todavía no se haya tomado ninguna acción ni se hayan depurado responsabilidades en un caso de manifiesta ilegalidad dentro de un servicio público esencial que pagan todos los ciudadanos con sus impuestos: Qualytel sigue gestionando la sala de emergencias del 085 y nadie en el Consorcio ni en la Diputación asume la responsabilidad que le corresponde en el despido nulo, por represión sindical, de la mencionada trabajadora”, se insiste.
DE “CHIRINGUITO SOCIALISTA” A “CHIRINGUITO DE PEPE”
El presidente del sector de administración local de CSIF-Cádiz, Francisco Silvestre, reseña en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que en reuniones con el propio José Loaiza, éste aseguraba que el Consorcio no había sido informado del despido y que, si era así, exigiría la rescisión del contrato con Qualytel y el reingreso de la trabajadora despedida injustamente.
Al mismo tiempo, Silvestre recuerda al presidente provincial, del PP, que antes de las elecciones municipales de 2011 ante representantes sindicales calificó de “chiringuito socialista” el Consorcio de Bomberos y se comprometía a que si la derecha gobernaba en la Diputación acabaría con las irregularidades. Sin embargo, “a día de hoy, el Consorcio está peor que nunca” y Silvestre se pregunta si ahora el Consorcio no habrá convertido en el “chiringuito de Pepe”, en alusión a la serie televisiva.
