El Consejo de Ministros del pasado viernes ha dado luz verde a la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida “histórica” de justicia social fundamental para acabar con la situación de la pobreza estructural en España y avanzar en la reducción de las desigualdades, impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Básicamente es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos (y que ya existe en la mayoría de países de la UE). Además, es un derecho: se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso. Supondrá una inversión anual de unos 3.000 millones de euros, cubriendo, en la teoría, 850.000 hogares a nivel nacional en los que viven 2,3 millones de personas.
“Mediante esta iniciativa, el Gobierno cumple con su compromiso de no dejar a nadie atrás, marcándose como objetivo la erradicación de la pobreza extrema, un reto fundamental que era necesario abordar cuanto antes teniendo en cuenta que España tiene uno de los niveles más altos de los países de nuestro entorno. Éste es un gran paso para la protección social y para el reforzamiento del Estado del Bienestar”, subraya el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco.
Este IMV, añade Pacheco en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “representa toda una política social ya que, no sólo supone una prestación, sino que incluye estrategias para el acceso al empleo y la formación”. En definitiva, “se trata de una medida de justicia social, garantizando que los hogares cuenten con recursos y generando oportunidades a sus beneficiarios”.
“Esta es la iniciativa social más importante puesta en marcha en nuestro país desde la aprobación de la Ley de Dependencia”, reitera el subdelegado, colocado por el PSOE; e incide en que “tiene carácter permanente y persigue acabar con la vulnerabilidad económica que genera un círculo vicioso de desigualdad, falta de oportunidades e incertidumbre entre la ciudadanía”.
Además, a decir de José Pacheco, este IMV “también va a servir para reactivar nuestra economía, puesto que los hogares beneficiarios destinarán la prestación al consumo de sus necesidades básicas, como ropa o alimentos, repercutiendo en el comercio y en el empleo de pymes y autónomos”.
“GARANTIZAR LOS 10.000 EUROS ANUALES POR HOGAR”
La renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar. No es una cantidad fija, sino que completa las rentas preexistentes hasta llegar a dicho umbral o asegurar la totalidad del mismo.
Lo podrán solicitar las personas que se encuentren en una situación de insuficiencia de ingresos en todo el territorio nacional. En el caso de quienes viven solos o las familias sin niños, se establece una edad mínima de 23 años para poder solicitarlo. Si en la familia hay pequeños, basta con ser mayor de edad o ser un menor emancipado. Los solicitantes no podrán tener un patrimonio superior a un límite que irá aumentando con el número de personas que viven en una unidad de convivencia. Para una persona sola, el máximo será de 16.600 euros, y podrá ser como máximo de 43.000 euros para hogares con cuatro o más personas. Es el patrimonio neto (descontadas las deudas) y no se incluye la vivienda habitual.
Se garantiza una renta de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Esta cifra se incrementará en 139 euros al mes por cada miembro del hogar (adultos y menores) hasta un máximo de 1.015 euros. Habrá un complemento de 100 euros mensuales para los hogares monoparentales o monomarentales. La prestación es indefinida, no hay una duración máxima.
Además, mientras no se supere el umbral establecido, es compatible con ingresos laborales; esto permite ampliar la cobertura de la prestación, que no se dirige solo a personas sin ningún ingreso o desempleadas, sino también a personas y hogares con bajos ingresos y empleos precarios. Tampoco sustituye a las rentas mínimas autonómicas.
Las solicitudes se podrán presentar a partir del 15 de junio a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario. Se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos, una vez que se firmen los convenios previstos, y mediante los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, cuando retomen la atención al público. Para facilitar la información a los posibles beneficiarios, se pondrá en marcha un teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social con un asistente virtual.
“CLAVE PARA LA DIGNIDAD PARA CIENTOS DE FAMILIAS GADITANAS”
Desde el PSOE provincial y otros a nivel local, no han tardado en celebrar la aprobación de este Ingreso Mínimo Vital; eso sí, en todo momento colgándose la ‘medalla’ y obviando que comparten el Gobierno central con Unidas Podemos, partido que desde que nació en 2014 (la formación morada), lleva prometiendo una renta básica universal tan cuestionada y ridiculizada por la derecha y la patronal (y sus voceros, que la tachan de “paguita”), iniciativa a la que luego se han sumado los socialistas en las últimas convocatorias electorales.
Para la secretaria general del PSOE de Cádiz, este IMV “será la clave de la dignidad para cientos de familias en la provincia”. “Una vez más España avanza en derechos sociales gracias a un Gobierno progresista y a un presidente socialista”, añade quien es también presidenta de la Diputación.
“No hay que olvidar las cuestiones endógenas de nuestra provincia que suele presentar índices de desempleo muy por encima de la media nacional y dónde hay un alto grado de exclusión social, por lo que esta nueva herramienta servirá para solventar, en gran medida, esa problemática”, asevera García. De momento, no hay cálculos sobre a cuántos gaditanos podrá llegar actualmente esta prestación: a unas 1.300 familias en San Fernando; a unos 3.000 vecinos de El Puerto; 5.000 chiclaneros; y hasta a 12.000 personas en Jerez, según las estimaciones del PSOE en cada una de estas localidades.
En defensa de esta medida (que estaba en el acuerdo de Gobierno firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, o sea, es previa a la pandemia del coronavirus), la líder socialista en la provincia ha reiterado que “permitirá que las familias más vulnerables y que peor lo están pasando por la crisis del Covid-19 tengan herramientas suficientes para vivir con dignidad mientras que vuelven a encontrar un empleo que les devuelva su anterior situación de estabilidad”. Por eso, “se hace vital, como se denomina a la ayuda, que nadie tema no poder hacer frente a los gastos corrientes que supone mantener un hogar, porque el Ingreso Mínimo Vital permitirá que mientras dure esa situación dispongan de liquidez suficiente”.
“En un país que camina en la senda del bienestar social no permitamos, de ningún modo, que existan las colas del hambre que estamos viendo estas últimas semanas y eso es lo que con este Ingreso Mínimo Vital se evitará”, entienden los socialistas gaditanos.
LA “CRONIFICACIÓN DE LA POBREZA” EN ANDALUCÍA
Según un reciente estudio publicado Instituto Nacional de Estadística (INE), que mide la calidad de vida de los municipios mayores de 20.000 habitantes, 12 de las 15 localidades con menor renta anual por habitante están en Andalucía (tres de ellas, en Cádiz: Barbate, Sanlúcar y Arcos); y 11 de las 15 ciudades con mayores tasas de paro del territorio nacional están también en el sur (cuatro, en la provincia: La Línea, Jerez, Sánlucar y Chiclana). Pero hay más, de los 15 municipios que detalla el informe con menor esperanza de vida, nueve se encuentran en Andalucía y casi la mitad en Cádiz (La Línea –no llega ni a los 80 años-, la capital, Algeciras, El Puerto, Sanlúcar, Jerez y Chiclana).
A colación, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha reclamado como “inaplazable” el “rescate” a las personas, debido a la cronificación de la pobreza, “consecuencia directa de la aplicación de las políticas de austeridad”. La organización teme que estos recientes datos del INE “serán desproporcionadamente peores el próximo año, pues son previos al estado de alarma, que ha afectado con mayor crudeza a la población más vulnerable”.
Para la Apdha, buena parte de los más de 3,2 millones de andaluces (38,2% según el último indicador AROPE) en riesgo de pobreza y/o exclusión social “están hoy abandonados por las administraciones públicas, instituciones concebidas por el Estado de derecho como garantes del cuidado y auxilio de las personas más desprotegidas”. Y ve en la en la Renta Básica Universal “la solución más sencilla e inmediata a implementar” para afrontar esta situación que “se acrecienta enormemente en las barriadas periféricas donde la juventud está siendo arrasada por el paro y las adicciones, convirtiéndose en fácil presa de las redes delictivas”.
