La asociación Facua ha llamado a los consumidores y otras organizaciones a movilizarse en la tarde de este jueves por todo el Estado contra lo que llama el “tarifazo eléctrico”. Así, también en Cádiz, ante la Subdelegación del Gobierno, ha celebrado una concentración simbólica para reclamar al Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos medidas frente al alza del precio de la luz y para proteger los derechos de los usuarios frente “a los abusos del sector eléctrico”.
Y es que el análisis que hace la propia Facua sobre la evolución de la tarifa semirregulada PVPC en los primeros quince días de julio pone de manifiesto una subida del 34,6% con respecto a julio del año pasado en la factura mensual del usuario medio, que se situaría en 84,35 euros (pagará unos 21,6 euros más que en julio de 2020, cuando la factura se situó en 62,6); pero es que si se siguiera aplicando el 21% de IVA, el recibo habría batido todos los récords, alcanzado los 92,8 euros. De seguir así las tarifas, el importe del recibo de este mes será aún más elevado que el de junio, el primero con las nuevas tarifas horarias, cuando fue de 81,27 euros.
Esta entidad recuerda que el suministro eléctrico “es esencial para el desarrollo de una vida digna” y que, por ello, “no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados”. Por ello, considera que debe ser “prioritario” para Gobierno hacer frente a la pobreza energética de una manera eficaz, garantizando el acceso al suministro eléctrico a unos precios razonables, premisas que, al mismo tiempo, deben ser consideradas como una obligación de servicio público por parte de las empresas del sector.
Las concentraciones en el resto del país estaban convocadas frente al Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, la sede de Iberdrola en Bilbao, la de Naturgy en Barcelona, la de Endesa en Sevilla y las diferentes subdelegaciones del Gobierno de España de las demás capitales.
Durante el acto en la capital gaditana, el presidente de Facua Cádiz, David Cifredo, ha sido el encargado de leer el manifiesto elaborado por la organización en el que se recoge su decálogo de exigencias.
Para evitar “los abusos en el sector eléctrico” y garantizar “la accesibilidad a un suministro básico”, Facua reivindica diez puntos, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz: el fin a los abusos tarifarios con una reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista; la creación de una tarifa social; la coordinación entre Gobierno, comunidades y ayuntamientos para que a los beneficiarios de diferentes ayudas sociales básicas se les incorpore, en el procedimiento y resolución de concesión, la garantía de acceso a la luz; la bajada del IVA al 10% con carácter permanente y que esa caída de ingresos para el Estado se compense “pagando más quienes tienen mayores recursos”; que exista una empresa pública de energía; la prohibición de cortes de luz por razones económicas a los consumidores vulnerables; una auditoría al sistema eléctrico desde la puesta en marcha de la liberalización del sector “para determinar si las eléctricas inflaron los precios y, con ellos, el déficit de tarifa que llevamos años devolviéndoles”; el control de las ofertas fraudulentas en el mercado libre; la bajada sustancial del término de potencia; y la reestructuración de los tramos horarios y que el menos caro, el valle, se adelante a las 22 horas.
