La Diputación de Cádiz ha transferido este año a ayuntamientos de la provincia (actualmente, todos tienen encomendada la gestión de sus tributos a la institución provincial, salvo la capital, Jerez y Rota), en concepto de anticipos sobre la recaudación tributaria, 366,5 millones de euros. El dato mejora la previsión estimada a comienzos del ejercicio cuando se contemplaban transferir 353,4 millones. Con las cifras ya alcanzadas, el año 2018 se cerrará con unos ingresos fiscales de 418 millones de euros.
Son datos aportados por el responsable del área de Servicios Económicos, Jesús Solís, quien recuerda que a comienzos de cada ejercicio el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria concreta el importe mensual de los anticipos que se transfieren a cada hacienda municipal sobre la base de los ingresos estimados. En el presente mandato el comportamiento de cada ejercicio “ha mejorado sustancialmente las previsiones”: de hecho, no sólo este año sino también en 2017 se logró esta evolución positiva.
Los resultados deparan que los ayuntamientos reciban fondos adicionales, se destaca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. En el presente mes de diciembre se transfirieron 27 millones de euros, en concepto de anticipos ordinarios, si bien al constatarse la mejora de ingresos se han librado finalmente otros 7,5 millones a 37 consistorios gaditanos. En suma, sólo en diciembre desde el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria se han destinado casi 35 millones a municipios de la provincia.
“Esto no ha sido siempre así”, ha querido precisas Solís, anotando que “hasta el año 2014 más de la mitad de los ayuntamientos terminaban con sus previsiones en negativo. Es decir, ni siquiera se alcanzaban los objetivos fijados a pesar de que éstos eran ya bastante bajos”. Ese desfase obligaba a las administraciones locales con saldo negativo a devolver fondos a la Diputación.
El responsable de los dineros de la institución provincial considera que con la actual gestión el Servicio Provincial de Recaudación “confirma su validez” a la hora de reportar liquidez a los ayuntamientos, además de aportarles una certidumbre en los ingresos con la que se pueden hacer previsiones de tesorería fiables. En definitiva, “pueden calcular su capacidad de gasto real, esencial para afrontar con garantías la retribución de nóminas, el pago a proveedores o la amortización de deuda financiera”.
