CGT ha denunciado en la Fiscalía de Cádiz que la empresa concesionaria del servicio de atención a las llamadas de emergencias 085 del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, Ferrovial, “tiene menos trabajadores en plantilla de los que se están pagando con dinero público”.
Este sindicato que ostenta la representación de los trabajadores de la Sala del 085, que sigue privatizada (el ente entiende que es “inviable” asumir a esta reducida plantilla, según argumentó meses atrás) ha aportado a la Fiscalía provincial por un lado el pliego técnico del servicio que establece que los trabajadores contratados son 10 a tiempo completo y cuatro más a horas, y por otro la planilla de los turnos de trabajo de Ferrovial, donde solo aparecen ocho teleoperadores a tiempo completo y tres a horas.
“Entendemos que se está estafando a la ciudadanía que paga con sus impuestos este servicio y así se ha puesto repetidas veces en conocimiento del presidente del Consorcio de Bomberos, Francisco Vaca, sin que tengamos constancia de que éste haya actuado en modo alguno”, denuncian desde CGT en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Esta “inacción” del Consorcio (que costea la Diputación y los ayuntamientos asociados, la gran mayoría en la provincia) está permitiendo a la adjudicataria del servicio (se lleva algo más de 1 millón de euros por dos años de gestión) “aumentar a costa del empeoramiento de la atención a los ciudadanos y de las condiciones laborales de los trabajadores del 085 sus ya pingues beneficios por gestionar dicho servicio sin aportar nada”. Y es que prácticamente el único gasto de la empresa son las nóminas de los trabajadores.
“Nos preguntamos si esta complicidad con este empresa comisionista no estará relacionada con la trama de corrupción en el Consorcio que ya está siendo investigada en sede judicial bajo el nombre policial de operación Flama”, deja caer CGT. En dicha operación, que se desvelaba a finales del pasado año, hay 14 investigados por presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios. La malversación del dinero procedente del erario público se ha estimado en un perjuicio económico por más de 7,5 millones.
BENEFICIOS PARA LA ADJUDICATARIA Y PRECARIEDAD PARA EL TRABAJADOR
La licitación del servicio de atención de emergencias telefónicas del 085, recuerdan una vez más desde este sindicato, estuvo envuelta en “la polémica”, ya que “a pesar de ser más costoso para las arcas públicas y de que en un pleno de la Diputación se instó a que fuera gestionado directamente por el Consorcio, sigue otorgándose a empresas privadas que obtienen suculentos beneficios a costa del bolsillo de los ciudadanos sin aportar nada”.
La última beneficiaria es la empresa Ferrovial, “que tras una sospechosa adjudicación con renuncia de otra empresa incluida, finalmente y como habíamos anunciado previamente, es la que se ha quedado con la gestión del servicio por la nada despreciable cantidad de 1.098.075 euros de dinero público por dos años de gestión del servicio. Teniendo en cuenta que prácticamente el único gasto de la adjudicataria son las nóminas de los trabajadores, estimamos unos beneficios a la empresa de al menos 700.000 euros”, en estos dos años al frente del mismo.
Y a pesar de los “pingues beneficios” las condiciones en que los trabajadores tienen que desarrollar su función “son enormemente precarias”, por lo que desde CGT se han presentado igualmente tres denuncias ante Inspección de Trabajo.
En primer lugar la falta de evaluación de los riesgos psicosociales asociados al trabajo “a pesar de tratarse de unas funciones de gran responsabilidad ya que se gestionan situaciones en las que hay vidas en juego y que se ven incrementadas porque se realizan en turnos que se organizan sin ninguna secuencia”. En segundo lugar por el incumplimiento de las normas básicas de accesibilidad al centro de trabajo (en el parque de Tres Caminos).
Y en tercer lugar el incumplimiento del RD 486/97 sobre las condiciones mínimas de seguridad y salud en el centro de trabajo en numerosos aspectos: “el personal procedente de la bolsa de trabajo carece de los accesorios individuales para los microcascos que deben compartir con el resto de trabajadores con la consiguiente falta de higiene y propagación de enfermedades”; “no hay botiquín de primeros auxilios a disposición de los trabajadores”; “las pantallas y teclados de los ordenadores de los puestos de trabajo no son ajustables por lo que no cumplen con la normativa de riesgos laborales”; o “las temperaturas en que se desempeña el trabajo están con frecuencia fuera de los rangos permitidos dado que los aparatos de climatización existentes no son suficientes para el gran espacio que deben climatizar”.
Por todo ello, CGT continuará exigiendo acabar con la subcontratación de los servicios de emergencias “y con la especulación que se realiza con ellos, a costa de los mismos y de las desgracias de la ciudadanía que se ve obligada a marcar el 085, el 061, el 112, Salud Responde…por alguna situación de desgracia, accidente, fuerza mayor…”. Mientras las administraciones públicas como la Diputación de Cádiz o la Junta de Andalucía “siguen mirando a otro lado y quien sabe si quedándose con parte del pastel para lucros personales de quienes firman las concesiones”, se apostilla.
