El pleno del Consejo Provincial de Consumo de Cádiz ha debatido la memoria del Servicio de Consumo de 2014, que recibió y tramitó 1.619 denuncias y reclamaciones, la mayor parte de ellas correspondientes al sector servicios, en especial en el ámbito del comercio minorista y las comunicaciones. En cuanto a los procedimientos sancionadores, se han abierto 374 expedientes.
El pleno del Consejo Provincial de Consumo de Cádiz ha debatido la memoria del Servicio de Consumo de Cádiz de 2014, que recibió y tramitó 1.619 denuncias y reclamaciones, la mayor parte de ellas correspondientes al sector servicios, en especial en el ámbito del comercio minorista y las comunicaciones –telefonía e internet-.
Según la memoria de actuaciones del Servicio de Consumo, en el pasado año se produjo un descenso en el número de reclamaciones presentadas, un 9,90% menos respecto al año 2013 (178 reclamaciones menos).
Por su parte, el sector más reclamado con gran diferencia respecto a los otros (alimentación y productos industriales) es el sector servicios, ya que aglutina 1.574 reclamaciones, el 97,28% del total de quejas recibidas. Los servicios de minoristas y comunicaciones siguen siendo los que suman más reclamaciones, aunque ha habido una disminución en el número de quejas planteadas respecto a 2013 (352 en 2014 frente a las 362 del año anterior en el caso de los minoristas, y 259 en 2014 frente a las 285 del año anterior en el apartado de las comunicaciones). En el caso de las financieras, ha disminuido notablemente el número de reclamaciones (de 172 a 93).
Otras actuaciones desarrolladas por el Servicio provincial de Consumo en 2014 han sido las realizadas en colaboración con Aduanas. En este aspecto, la función es inspeccionar y comprobar que los artículos importados con irregularidades subsanables (en la mayoría de los casos relativas al etiquetado) y detectados por el Servio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (Soivre) en las aduanas de Algeciras y Cádiz -y siempre que los importadores tengan la sede social en la provincia-, hayan sido corregidos antes de su puesta a la venta al consumidor. En ese sentido, durante el pasado año se han inspeccionado 171.227 unidades de productos, entre zapatos, artículos textiles o juguetes, entre otros.
En cuanto a los procedimientos sancionadores, se han abierto 374 expedientes, un 27,8% más que el año pasado. En el pleno celebrado este martes se ha destacado el expediente abierto a una nueva empresa con actividad en la provincia en el sector de los instaladores de gas. La sanción propuesta es de 66.000 euros.
Al hilo de lo anterior, se ha informado desde el Servicio de Consumo de que los expedientes tramitados y las sanciones impuestas en años anteriores por los fraudes cometidos por empresas de revisiones de las instalaciones de gas en la provincia han contribuido a que muchas hayan dejado de actuar, lo que se ha evidenciado en el descenso en el número de reclamaciones.
Además, se han realizado un total de 27 campañas en sectores diversos como alimentación, productos industriales, juguetes, comercio electrónico, etc., en las que se han levantado 1.332 actas, y se han inspeccionado 1.437 establecimientos de la provincia.
LA OMIC, EN PELIGRO
De otro lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, este pleno del Consejo Provincial de Consumo ha debatido una declaración que se aprobará en breve en contra de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impuesta por el Gobierno central del PP, que pone en peligro el papel que juegan las Oficinas Municipales de Información (las OMICs) en apoyo a las personas consumidoras.
De esta forma, la declaración planteada destaca que dicha ley modifica radicalmente las competencias propias de los municipios en defensa de los consumidores, unas competencias que determinan las leyes andaluzas y que reconoce el propio Estatuto de Autonomía. El texto recoge que esta ley suprime la defensa de las personas consumidoras y usuarias y elimina un marco de protección que debe ser desarrollado y dotado de recursos económicos, y no mermado.
Por lo anterior, la declaración que se ha propuesto manifiesta su total disconformidad con la eliminación de la defensa de las personas consumidoras a través de las competencias municipales.
La declaración, que debe aprobarse en próximas fechas, recuerda el importante papel que juega la administración local en defensa y protección de los consumidores, precisamente por su cercanía a la ciudadanía y por su conocimiento y proximidad al territorio.
Además, también destaca que entre los riesgos que pueden ocurrir con la eliminación de estas competencias destacan algunos como que se puede propiciar la privatización de los servicios públicos municipales, lo que unido a la falta de mecanismos y de una regulación que evite este aumento, y a la inexistencia de canales de participación social y de control por parte de la ciudadanía, conlleva a su vez un peligro real de aumento de precios, disminución de calidad y riesgo de exclusión y de falta de acceso para todos los ciudadanos.
Por esos motivos, la declaración muestra su disconformidad con la ley y considera que toda norma estatal que cercene la autonomía local y las competencias exclusivas de la comunidad es contraria al orden constitucional.
SECTOR ELÉCTRICO
Por último, el pleno del Consejo Provincial de Consumo ha dado luz verde a la convocatoria de una mesa de trabajo para esclarecer la actual situación de la facturación de recibos de electricidad, ya que con la nueva fórmula de cálculo de los precios existe mucha incertidumbre que está provocando un aumento de las reclamaciones y denuncias por parte de los consumidores.
Así, se convocará a la administración, las empresas comercializadoras y distribuidoras, así como los representantes de los consumidores, para avanzar en todas las cuestiones que puedan plantear dudas en todo lo relativo al nuevo sistema, crear canales de comunicación y dar una rápida solución a los conflictos que puedan aparecer.
