El PSOE ha vuelto a poner el foco en el “atropello legal” del reparto “a todas luces sectario” del remanente de tesorería de la Diputación de Cádiz que el nuevo Gobierno del PP, apoyado en La Línea 100×100 (el mismo partido que en el pasado mandato servía de muleta a los socialistas) acaba de aprobar en el pleno: “demasiado pronto han demostrado que pretenden usar la institución provincial para beneficiar a sus ayuntamientos”.
Y es que consistorios de la provincia gaditana gobernados por la derecha y por la formación linense se han distribuido el 93,8% de los 31,5 millones de inversión prevista (del sobrante del presupuesto de la Diputación de 2022) mientras que los 16 municipios del PSOE y los nueve de IU solo alcanzan un 6,2% de esos fondos. Además, los pueblos de menos de 20.000 habitantes reciben un escaso 5% del total.
De este modo, no faltan fondos para Jerez (más de 4 millones para la restauración del templete municipal de la Alameda Vieja de Jerez, el Palacio de Riquelme y diversas reurbanizaciones en el viario), para El Puerto (hasta 7 millones para financiar la construcción de un nuevo estadio municipal de rugby), Algeciras (para la renovación urbana en diferentes calles y el acondicionamiento del recinto ferial) o Cádiz (una aportación para el Festival Iberoamericano de Teatro), todas grandes ciudades y todas actualmente con gobiernos del PP. Pero es que además La Línea 100×100 logra para su municipio la mayor cantidad, unos 10 millones.
Frente a ello, la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz socialista en la Diputación, Ana Carrera, ha pedido a la presidenta Almudena Martínez que “pare, rectifique y apruebe un reparto justo y legal” de este remanente de 31,5 millones entre todos los ayuntamientos de la provincia, “como se realizó el año pasado”.
De hecho, en 2022, el plan Dipu Invierte distribuyó 30 millones (también procedentes del remanente presupuestario), y alcanzó a todos los municipios y ELAs, “frente al expediente aprobado ahora sin ninguna base aprobada, sin criterio y para solo 11 ayuntamientos y una ELA”.
Y en el caso de que no se corrija “ese reparto que es claramente irregular”, el PSOE amenaza con “ir hasta las últimas consecuencias”. “Estamos trabajando con juristas, con expertos en ley de contratos, para irnos a un contencioso que determine la irregularidad del reparto del dinero de todos los gaditanos y estudiaremos en ese caso, si es susceptible de elevarlo a la Fiscalía”, ha precisado Carrera.
“¿POR QUÉ SE LLAMA A UNOS ALCALDES SÍ Y A OTROS NO? ¿HA HABIDO PLAZO PARA QUE TODOS LOS AYUNTAMIENTOS PRESENTEN PROYECTOS Y UN CRITERIO PARA HACER ESE REPARTO?”
Sostiene además la portavoz socialista en la Diputación que en su partido “tenemos la certeza de que han llamado por teléfono discrecionalmente a algunos alcaldes para decirles que tenían dos horas para presentar proyectos, si querían que su ayuntamiento fuese beneficiario de estos fondos”. “¿Por qué se llama a unos alcaldes sí y a otros no? ¿Ha habido plazo para que todos los ayuntamientos presenten proyectos y un criterio para hacer ese reparto? ¿Ha existido una mesa técnica que valore y selecciones los proyectos o solo el criterio político de la propia presidenta o de los vicepresidentes?”, se pregunta Ana Carrera en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“Estamos recopilando toda esta información, desde llamadas a algunos alcaldes hasta mensajes vía Whatppsap. Hemos pedido documentación para verificar o aclarar lo que sospechamos, y es que ha habido irregularidades en ese reparto de dinero público”, repite esta política del PSOE, que incide en que “la ley es muy clara, o hay una concurrencia, para que todos los ayuntamientos puedan presentar proyectos o hay unas bases que establezcan los criterios, que puede ser orden de entrada en registro, criterios de población; o se justifica una singularidad o excepcionalidad en un proyecto”. “Pero desde luego -se apostilla-, la ley no permite que el criterio o procedimiento sea el dedazo ni tampoco contempla que la única singularidad sea ser ayuntamiento del PP, que es lo que aquí ha ocurrido”.
Pero además, esta diputada provincial del PSOE ha denunciado también la “dejación de funciones” del principal cometido que tiene la Diputación gaditana para con los municipios de menos de 20.000 habitantes, a los que solo les ha correspondido un 5% del total de este reparto.
“Además de irregular, además de sectario, olvida por completo su principal competencia que son los municipios pequeños, eso es claramente recurrible porque se trata de una dejación de competencias, ¿o acaso los ciudadanos que vivan en Bornos, en Castellar, en Algodonales, en Alcalá del Valle, o en Chipiona no tienen derecho a que la Diputación destine dinero público en ellos?”, ha sostenido Carrera, antes de exigir una vez más a la nueva presidenta jerezana de la Diputación y su Ejecutivo “que reaccionen y reconduzcan la situación” porque si este es el camino que van a seguir, “tendrán al PSOE enfrente para frenar agravios y sectarismos”.
