La economía sumergida en Cádiz acarrea una pérdida de recaudación anual “de aproximadamente 1.505 millones de euros”, un dato (de 2020) que supone que cada habitante de la provincia “ha de afrontar un sobrecoste de unos 1.209 euros al año en impuestos de más que si toda esa actividad se regularizara”.
Es una de las conclusiones del informe macroeconómico sobre el dinero negro que se mueve en la provincia elaborado por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), financiado por la Diputación (a cargo del programa DipuActiva), abarcando el período comprendido entre 1986 y 2020.
La estimación base indica que el peso promedio de la economía sumergida en la provincia gaditana en dicho período de más de tres décadas ha sido del 33,5% del Producto Interior Bruto (PIB) oficial, “lo que implica un nivel de informalidad muy elevado y por encima de la media nacional, en el entorno del 20-21%”. Para el año 2020, el resultado es de un 16,8% del PIB, un descenso que también está en línea con los resultados de Andalucía y España.
Los resultados de este análisis -según se expone en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz- sugieren algunas de las claves con mayor incidencia en el fenómeno de la economía sumergida como la presión fiscal, la cantidad de dinero efectivo fuera del sistema bancario, la calidad de las instituciones, el nivel educativo y el porcentaje de autónomos. Si estos parámetros se desarrollan de manera favorable, repercuten en una mejora de la ratio de la economía sumergida en relación al PIB.
Y en un escenario realista, que asume que un tercio de la actividad irregular nunca aflora, ya que en muchos casos es ilegal o inviable con el pago de impuestos, “podrían recuperarse unos 836 millones de euros al año fruto de la economía invisible”. Además, según este informe de la CEC, si no existiese economía sumergida, “en promedio, cada habitante de la provincia habría ingresado 323 euros anuales adicionales”.
El estudio también tiene en cuenta la evolución de estos mercados irregulares en que el efectivo sigue estando vigente pero en el que ganan protagonismo el comercio electrónico o la eclosión de las criptomonedas.
En opinión del autor del estudio, Vicente Ríos, profesor del Departamento de Economía, Gestión y Métodos cuantitativos de la Universidad de Milán, factores como la mejora de la educación y el declive del dinero físico permiten albergar esperanzas de mejoras en la incidencia de este fenómeno. Otros aspectos a mejorar para alcanzar esa meta, serían la educación fiscal, la inspección, el control de las transacciones y el diseño de impuestos.
“ES BUENO QUE NOS PLANTEEMOS ABIERTAMENTE CUÁL ES EL ESCENARIO QUE HAY”
En la presentación del estudio, el vicepresidente primero de la Diputación, José María Román, ha valorado los datos aportados por el mismo, y ha mostrado su convencimiento de que esta iniciativa de la patronal “ha de servir como punto activador para que en próximos trabajos podamos adoptar acciones concretas que permitan alcanzar una menor tasa diferencial entre el PIB registrado y la realidad”.
“Es bueno que nos planteemos abiertamente cuál es el escenario que hay en la provincia para que nos cuestionemos algunos elementos y para que cada administración desde su puesto de competencia pueda tomar medidas”, ha ahondado este político del PSOE, que también ha abogado por un cambio cultural global: “es necesario que la ciudadanía se conciencie de que esto merma la capacidad de crecimiento de la provincia y la calidad del bienestar que puede aportar el Estado”.
Román ha insistido en que los datos que ofrece el estudio revelan los lastres que supone la economía informal, como la pérdida de ingresos de las administraciones, la competencia desleal entre empresas o la pérdida de derechos de los trabajadores, y se ha mostrado proclive al desarrollo de una “labor educacional” para sensibilizar a la población sobre estas cuestiones.
Por su lado, el vicepresidente de la CEC, José Andrés Santos, ha recordado que las empresas que recurren a la economía sumergida eluden su fiscalización y no cumplen las normas sanitarias, laborales y tributarias.
Y aunque ha reconocido que “muchas personas se ven obligadas a trabajar en estas condiciones por necesidad”, es una práctica “que desde la CEC se rechaza”. Santos ha evaluado el problema en términos de insolidaridad, ya que la economía en negro “repercute en una mayor presión para los que sí cumplen”.
