Diferentes sindicatos, a los que se ha unía el PSOE gaditano, ya mostraban hace unas semanas su preocupación pública por la gestión y “faltas de respeto” de la delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía en Cádiz, Isabel Paredes, que años atrás ya estuvo colocada como delegada territorial de Salud. Pero ahora la Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz (integrada por Anpe, CSIF, Ustea, CCOO, Asadipre, UGT y CGT), da un paso más y pide directamente el cese de esta política del PP por su “falta de actuación, comunicación y eficacia”.
En un comunicado aprobado por unanimidad, los representantes sindicales del profesorado en la provincia valoran negativamente las actuaciones realizadas por Paredes durante este curso 2023/2024 que ahora acaba, y exigen su relevo: “nos hubiera gustado hacer una valoración positiva y, con ello, dar un aprobado a la gestión de nuestra delegación territorial de Educación, pero atendiendo a varios de los aspectos que más preocupan al profesorado y, en general, a toda la comunidad educativa, la valoración no puede ser buena”.
En dicho comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz se expone que, por ejemplo, la situación en lo referente a las ratios, “no ha variado”. Ratios de alumnos por aula que “la administración maquilla incluyendo centros de poblaciones rurales o diseminadas, lo cual, estadísticamente, provoca que los datos a la baja que ofrece la consejería no sean reales, ya que, en muchos centros, se llega al máximo aun escolarizando a varios estudiantes con NEAE”. Además, “a pesar de que hemos solicitado insistentemente los datos de las ratios por unidades de todos los centros de la provincia de Cádiz, la delegación no los facilita, limitándose a publicar datos globales que quedan maquillados”. En aulas con alumnado con necesidades especiales, se incide, “se debe revisar la posibilidad de bajar la ratio” o aprovechar la baja natalidad “para bajar la ratio del máximo permitido mejorando la atención educativa”.
Por otro lado, estos sindicatos vienen pidiendo un cambio del modelo del actual SIPRI (plataforma de petición de destinos del profesorado), “ya que no está atendiendo a las demandas de sustituciones y vacantes sobrevenidas con la celeridad que se precisa, demorando las sustituciones hasta en un mes”.
También se denuncia que el número de orientadores en la provincia “es ridículo y casi testimonial. Nos encontramos con ratios de 1/1.000, algo que es totalmente inadmisible y poco efectivo, más teniendo en cuenta que el alumnado NEAE se incrementa y está en situación de vulnerabilidad. La diversidad y la inclusión no pasa por hacer asumir al profesorado cargas y obligaciones que no le corresponden”.
En otro sentido, se solicita a la Junta del PP “una mejora en la relación entre administración y la Junta de Personal”: “se nos convocó sin tiempo y forma, se nos cancelaron reuniones, se nos convocó posteriormente con tiempo escaso para tratar todos los temas que preocupan en la provincia… Bien es cierto que en la última reunión quedaron aclaradas las funciones, derechos y obligaciones de ambos órganos por lo que esperamos que lo acontecido en este curso no se vuelva a dar”. Con todo, “es necesario que las personas responsables de los servicios de la delegación territorial se encuentren en las reuniones que solicitamos, incluidos los Jefes de Servicio”.
“NO SE ESTÁ REDUCIENDO LA CARGA BUROCRÁTICA”
En este comunicado conjunto, la Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz también alude a proyectos que ha de visar la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), “es necesaria una actualización de precios para evitar que se alarguen los plazos de aprobación de los mismos”; y a la preocupación que genera el estado en el que se encuentran muchos centros públicos, “algunos con más de 50 años”.
Igualmente se solicita la creación de una herramienta “cercana y útil” para trasladar y abrir los protocolos pertinentes en los casos de acoso y/o agresión al profesorado, “el observatorio de la convivencia no está funcionando”; se denuncia que “venimos sufriendo problemas en los centros por ausencias de plantillas de administración y servicios, por lo que el profesorado en ocasiones debe hacer esas labores, entre ellos los propios equipos directivos”; y a la vez, “no se está reduciendo la carga burocrática que sufre el profesorado”.
Esta organizaciones sindicales añaden varias cuestiones planteadas a la delegación territorial “sin contestar”, como son, entre otras: las obras del CEIP Tierra y Libertad de Puerto Real; la escolarización en centro concertado de familia que solicita sólo centros públicos en El Puerto de Santa María; el aula de Educación Especial del CEIP Trocadero de Puerto Real y la pérdida de una línea en este centro; la pérdida de unidades de Secundaria en la Zona Norte de El Puerto; o la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Tarifa de un nuevo centro de Secundaria para el que ha ofrecido terrenos.
Pero además, “nos preocupa la injerencia que suponen las Directrices contra la autonomía pedagógica por la obligación de los centros de informar a la delegación territorial de las visitas o actividades aprobadas en Consejo Escolar, máximo órgano colegiado de representación de la comunidad educativa”. Y se muestra sorpresa porque desde esta delegación comandada por Paredes, “en aras de la ‘identidad corporativa’ y la consecución de ‘una identificación diáfana y moderna’ se inste a colegios e institutos a “disponer” de una enara (expositor) con un diseño prefijado y que supone un coste de unos 130 euros: “nos preguntamos primero, si es una imposición, y segundo, si acaso no es suficiente la bandera de Andalucía”.
“En base a todas las carencias señaladas, falta de actuación, comunicación y eficacia”, esta Junta de Personal solicita el cese de la actual delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP “en aras de mejorar los problemas señalados y avanzar”.
