La situación de incertidumbre que se vive en la comarca del Campo de Gibraltar ha sido protagonista en el pleno ordinario del mes de mayo de la Diputación gaditana, debido a cuestiones como las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la necesidad de incrementar el personal en el puesto de inspección fronteriza del Puerto de Algeciras. Una sesión que comenzaba con la renuncia efectiva de Inmaculada Olivero como diputada provincial del PP.
Fue el vicepresidente primero de la institución provincial, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, quien expuso la necesidad de que los gobiernos de España y Andalucía adquieran compromisos para garantizar la atención sanitaria a la población británica residente en Andalucía tras dicho Brexit; que se conceda un tratamiento fiscal especial en la zona que permita la llega de inversiones que compensen la previsible pérdida de poder adquisitivo; que se promueva un plan especial de bonificaciones para las personas que pierdan su empleo en Gibraltar a causa de este proceso; que se garantice el desarrollo de infraestructuras necesarias para el desarrollo económico de la comarca; que se ponga en marcha un plan especial de empleo; o que los trabajadores españoles que continúen trabajando en el Peñón tras el Brexit no se vean perjudicados por los controles de documentación para acceder al territorio. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
El PSOE también defendió la necesidad de potenciar el principal puerto del país, como es el de Algeciras. Para ello, Ruiz Boix pidió apoyo para instar al Gobierno de Rajoy a agilizar las labores del puesto de inspección fronteriza del Puerto de Algeciras mediante “un refuerzo inmediato del personal”, con el fin de mejorar los tiempos de tránsito de mercancías en el mismo. Este punto salió adelante con la única abstención del PP.
La diputada Isabel Moreno defendió, por su lado, la moción del PSOE encaminada a solicitar al Gobierno central a rechazar las propuestas de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) planteadas para el Marco 2021-2027 por la Comisión Europea, por entenderlas como lesivas para este sector fundamental para la economía andaluza y de la provincia de Cádiz en particular. Fue aprobada por unanimidad.
También el grupo socialista propuso que el Gobierno de España negocie un plan de gestión que permita a la flota del Golfo de Cádiz faenar desde mayo hasta finales de junio, además de prever en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 ayudas por la pérdida de posibilidad de pesca de la sardina. Fue aprobada con la abstención del PP.
Como propuesta de urgencia del equipo de Gobierno, se aprobó (con el PP en contra) un reconocimiento extrajudicial de crédito que permite el pago de 566 facturas pendientes por un valor total de algo más de 456.000 euros.
ETA Y ‘LA MANADA’
El PP presentó a este pleno mensual, por su lado, una propuesta para “mantener vivo el recuerdo de las víctimas de ETA” y la lucha porque se juzgue a los miembros de la banda terrorista, una vez que la misma ha anunciado su disolución y ha pedido perdón a las víctimas (como se le viene reclamando desde hace años), con medidas como el mantenimiento del Pacto Antiterrorista. La moción salió adelante con el apoyo de PA, IU y PSOE (y la abstención de Sí se puede Cádiz y Ganemos Jerez), con una matización por parte del vicepresidente Juan Carlos Ruiz Boix sobre la conveniencia de que nadie abandere lo que es “una victoria de la democracia”.
Se aprobó por unanimidad también la propuesta de la derecha para instar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a que se exija a los hospitales que tiene concertados en la provincia el Grupo Pascual a que sean matronas quienes realicen la atención a la mujer en el proceso de atención al embarazo, el parto y el puerperio. También hubo apoyo de todos los grupos a la propuesta conservadora de instar a la Junta a adoptar medidas para la conservación y seguridad de los yacimientos de Gibalbín, en el municipio de Jerez.
A propuesta de IU se aprobó instar al Gobierno a establecer un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera para poner en marcha proyectos de fomento de turismo activo y sostenible en la Finca La Almoraima, con el objetivo de activar la economía local y, por ende, del Campo de Gibraltar.
También fue el diputado de IU, Antonio Alba, quien defendió una moción de apoyo al colectivo de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio. La misma fue apoyada por todos los grupos, aunque desde el equipo de Gobierno PSOE-PA se recordó que la Diputación está haciendo un importante esfuerzo presupuestario para garantizar la prestación del servicio en las mejores condiciones en el conjunto de la provincia.
Por último, de IU también partió la propuesta para declarar ‘persona non grata’ a cada uno de los cinco integrantes de la conocida como ‘la manada’, condenados por la Audiencia de Pamplona por abuso sexual (y no violación), con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo. Para la coalición izquierdista, “más allá de reformar el Código Penal, es imprescindible reformar la ley de violencia de género para que se amplíe el concepto de violencia machista”, ya que “la violencia machista no puede estar solamente constreñida al ámbito de la pareja, sino que tiene que englobar agresiones hacia las mujeres, como las violaciones o los ataques a la integridad moral, sexual y física de las mujeres”.
En el caso de la portavoz del extinto PA, Maribel Peinado, solicitó apoyo al resto de grupos para pedir al Gobierno de España la desafectación del terrenos ocupados para usos militares en la Sierra del Retín, así como que se dé una compensación económica al municipio de Barbate de 14 millones de euros anuales, como ya se hace con Bárdenas Reales, en Navarra, mientras esa desafectación no se lleve a cabo. La moción fue aprobada. Lo mismo sucedió con otra propuesta andalucista para instar al Gobierno central a que ejecute las obras necesarias en la rotonda de la zona de la Casa de Postas, en Conil, y la que solicita a la Junta de Andalucía a proceder al desdoble de la carretera Arcos-Antequera A-384.
Desde Ganemos Jerez, a su vez, se solicitó el apoyo del pleno a una moción para solicitar a los órganos de dirección de la Universidad de Cádiz que desistan de su decisión de trasladar los estudios de Trabajo Social del Campus de Jerez al de Cádiz. La propuesta fue aprobada con los votos favorables de Ganemos, PA y PSOE, absteniéndose IU y PP y estando ausente en el momento de la votación el portavoz de Sí se puede Cádiz, José María González ‘Kichi’, que además es alcalde de la capital.
En el caso de González Santos, defendió la propuesta de Sí se puede para tomar medidas contra el uso de herbicidas contaminantes, consiguiendo el apoyo de IU y Ganemos Jerez y absteniéndose el resto de grupos, por lo que la moción fue aprobada.
8,6 MILLONES PARA “CREAR EMPLEO Y MEJORAR INFRAESTRUCTURAS” EN LOS PUEBLOS GADITANOS
Entre los asuntos dispositivos de este pleno de mayo, han salido adelante dos intervenciones públicas que suman más de 8,6 millones de inversión: una nueva fase del Plan de Cooperación Local y el Plan Provincial de Obras y Servicios. La cuarta edición del Plan de Cooperación Local ha sido validada con el respaldo unánime de los grupos políticos. Dispone de un presupuesto que ronda los 4,3 millones y prevé la contratación de 1.100 personas en situación de desempleo. La nueva fase de este llamado plan de empleo permitirá financiar 148 actuaciones para mejorar servicios públicos de los municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. O sea, no beneficia a ninguna de las localidades de la Bahía, salvo las ELAs jerezanas.
El pleno también ha aprobado una nueva edición del Plan de Cooperación de Obras y Servicios, que comprende un presupuesto que supera los 4,3 millones de euros. Diputación aporta 3,7 millones y los pequeños ayuntamientos beneficiarios asumen en conjunto casi 640.000 euros. El programa fue aprobado inicialmente en noviembre de 2017 y en esta validación definitiva se incluyen las propuestas de modificación planteadas por nueve ayuntamientos. La iniciativa fue amparada por los votos a favor de todos, salvo el PP, que se ha abstenido.
Asimismo, el pleno también ha sido informado de las actuaciones de emergencia que se emprenden en dos tramos de carreteras de la red provincial con severos daños tras los temporales de marzo. Las intervenciones, ya en ejecución, se llevan a cabo en el punto kilométrico 13,9 de la CA-9104 en Zahara de la Sierra, y en el kilómetro 6 de la CA-9101 que enlaza Olvera y Coripe. El presupuesto estimado de ambas operaciones ronda los 450.000 euros.
Por su lado, el responsable del área de Servicios Económicos, Jesús Solís, expuso la liquidación del ejercicio presupuestario de 2017. La Diputación cerró dicho presupuesto con un saldo positivo de 16,5 millones de euros. Los remanentes de tesorería para gastos generales se cifran en 30 millones. Los datos, según este socialista, confirman el cumplimiento de todos los parámetros legales que acreditan la “salud económica” de una entidad pública: estabilidad económica, regla de gasto y límite de endeudamiento. Solís ha destacado que Diputación ha apurado al máximo el gasto imputable autorizado por el Ministerio de Hacienda, logrando invertir 170 millones de euros sobre el límite de 172 tasado por Montoro.
Además de informar sobre el resultado presupuestario Jesús Solís también explicó la evolución del periodo medio de pago a proveedores, “ya normalizado en abril al situarse por debajo de los 60 días”. Una normalización recuperada tras la alteración sufrida desde septiembre de 2017, cuando se contabilizaron facturas del anterior mandato corporativo, con el popular Loaiza de presidente, que no estaban conformadas y que ascendían a 1,5 millones de euros.
