Los polémicos planteamientos que el PP quiere imponer para reformar la Ley Electoral, concretamente en el ámbito de las municipales, ha suscitado el principal debate, de hasta cuatro proposiciones, en el Pleno mensual –de septiembre- de la Diputación de Cádiz. Como era de esperar, de estas iniciativas prosperó la promovida por la derecha –que también tiene mayoría absoluta en Corporación-. Entre otras mociones, han salido adelante las que reclaman mejoras en el nudo de Tres Caminos, los enlaces ferroviarios con el Campo de Gibraltar y en la carretera Algar-Puerto Galis, y un Plan Especial de Viñedos.
Los polémicos planteamientos que el PP quiere imponer, valiéndose de su mayoría absoluta en el Gobierno central para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), a apenas unos meses de las próximas elecciones, concretamente en el ámbito de las municipales, ha suscitado el principal debate, de hasta cuatro proposiciones, en el Pleno mensual –de septiembre- de la Diputación de Cádiz, presentadas por casi todos los grupos, salvo el PA.
Como era de esperar, de estas iniciativas prosperó la promovida por la derecha –que también tiene mayoría absoluta en Corporación- y defendida por el diputado Antonio Saldaña.
En su parte dispositiva establece el respaldo a las modificaciones normativas “que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabilidad del Ayuntamiento, de tal manera que el cabeza de la lista más votada en las elecciones locales sea elegido alcalde”.
El conservador Saldaña, en el debate plenario, precisó los criterios que contempla la reforma que los populares desean imponer –aunque en los últimos días parece que se ha decidido aparcar-: “no se trata de que gobierne la lista más votada bajo cualquier circunstancia”, sino de que logren las Alcaldías las candidaturas “que obtengan más del 40% de los votos y superen, en más cinco puntos, a la lista que ocupe el segundo lugar”, intentaba maquillar la impopular propuesta, que según las últimas encuestas favorecerían sobre todo a su partido, frente a coaliciones de gobierno de formaciones de izquierdas, aunque estas superen el 50%.
Del mismo modo, fueron desestimadas, con los votos en solitario del PP, las propuestas que pedían la retirada de la reforma electoral por parte de PSOE, IU y Foro Ciudadano.
La portavoz del principal partido de la oposición, Irene García, ha destacado durante el debate que “no se entiende la prisa del PP por empeñarse en esta reforma que exclusivamente responde a su miedo a perder poder municipal, cuando lo que debería hacer es asumir la depresión que le supusieron los resultados de las Europeas”. Y ha llamado la atención sobre la contradicción de que “mientras parece que sus altas instancias en Madrid han dado un pequeño paso atrás en su intención de consumar ese atropello a la democracia, el PP de la Diputación trae hoy al pleno una propuesta que apoya que se consume ese ataque a una normativa que nació del diálogo y del consenso”.
“Tanto en virtud del calado del acuerdo que se necesita para ello como a tenor de la intensidad de la reforma que se plantea, que supone cambiar todas las reglas del juego, el cambio en el sistema de elección de alcaldes no puede afrontarse sin un consenso político. Y menos aún puede emprenderse desde el autoritarismo y la imposición, a apenas unos meses para las Elecciones Municipales”, sentenciaba la portavoz socialista.
SOBRE INFRAESTRUCTURAS
Entre otros puntos debatidos en este pleno ordinario, según relatan desde la Diputación en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Bernardo Villar, en calidad de responsable del área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente, defendió una propuesta dirigida a la Junta de Andalucía para el arreglo de la carretera A-2304 en el tramo que comunica Alcalá de los Gazules y Puerto Galis. En principio por esta vía iba a transitar el pelotón de la Vuelta Ciclista a España que, en su última edición, ha disputado tres etapas en la provincia. El deterioro del firme obligó a buscar trazados alternativos, encontrados en las carreteras de la red provincial de Diputación.
El tramo que requiere una intervención se localiza entre los kilómetros 23 y 38. La iniciativa salió adelante con los votos a favor del PP, la oposición de PSOE e IU y la abstención de PA y Foro Ciudadano.
Y el Nudo de Tres Caminos fundamentó una propuesta de IU, dirigida al Ministerio de Fomento, en demanda de la aplicación de las partidas presupuestadas para mejorar este enclave viario en los que se suele colapsar el tráfico, sobre todo cada verano. La moción fue apoyada por unanimidad.
Los izquierdistas también lograron el respaldo unánime a su reclamación de mayor agilidad inversora en las comunicaciones ferroviarias del Campo de Gibraltar. En concreto, en la parte dispositiva, se insta al Gobierno central “a que ejecute en su totalidad las partidas presupuestarias consignadas en los Presupuestos Generales del estado para el tramo Algeciras-Bobadilla, así como incluirán en el anteproyecto para 2015 una partida significativa”. Las dos iniciativas de IU fueron defendidas por su diputado Pedro Romero.
MÁS FONDOS PARA EL PLAN DE AYUDA ALIMENTARIA
Una propuesta del PSOE, planteada para reforzar la financiación pública que garantice el Plan de Ayuda Alimentaria, también fue aprobada por unanimidad. La iniciativa demanda calidad y variedad en los productos suministrados a los destinatarios de los lotes de comida que distribuyen entidades como el Banco de Alimentos o Cruz Roja, así como que no haya recortes. En la misma moción se solicitaba a la Diputación que mantenga e incremente la cuantía de la colaboración con el Banco de Alimentos de Cádiz.
Esta propuesta defendida por María Naval fue completada por una enmienda de adición presentada por el diputado de Bienestar Social, Antonio García. En su texto original la iniciativa se dirigía al Gobierno de la Nación y, con la enmienda de la derecha, también se incluye, como no, al Gobierno andaluz como destinatario. García recordó que con el actual Gobierno provincial la aportación destinada al Banco de Alimentos de Cádiz ha crecido un 83% en relación a la cantidad dedicada en 2011. Lo que sólo evidencia el empobrecimiento creciente de la población, debido a la crisis-estafa y los recortes.
PLAN DE VIÑEDOS
También en este pleno ha salido adelante la propuesta del PP –con el apoyo de Foro- por la que se reclama a la Junta “un proyecto sobre el Plan Especial de Viñedos para las comarcas vitivinícolas de la provincia de Cádiz”. La moción, defendida por Saldaña, pretende un nuevo modelo de explotación agrícola que concilie la producción de vino con nuevas actividades basadas en el turismo rural y enológico. Una cierta diversificación para superar “los precios reducidos de la uva, el arranque de viñas y un mercado en equilibrio inestable” tal como refleja la propuesta en su exposición de motivos.
RECHAZO A UNA RENTA BÁSICA DE SUBSISTENCIA
En el capítulo de mociones que no ha prosperado –por el rechazo del PP- están dos del PSOE. En una de ellas se planteaba la extensión del subsidio de desempleo a colectivos vulnerables y con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral, entre los que se encuentran las personas con cargas familiares y sin ingresos que superen el año inscritas como paradas; las víctimas de la violencia de género; las personas con discapacidad igual o superior al 33%; y las mayores de 45 años que hayan agotado la Renta Activa de Inserción. La iniciativa solicitaba la puesta en marcha de una renta básica de subsistencia en forma de subsidio por valor del 80% del IPREM (lo que significa unos 426 euros mensuales), que se incrementaría en 100 euros por cada hijo a cargo del perceptor.
Del mismo modo, los populares han tumbado una propuesta socialista con un doble contenido de interés para la economía de los pequeños municipios: la puesta en marcha de un fondo de inversión para localidades menores de 20.000 habitantes a cargo del superávit presupuestario del ente supramunicipal; y la inclusión en los Presupuestos para 2015 de una línea de anticipos reintegrables sin interés, para que los ayuntamientos obtengan financiación para sus obligaciones de gestión, y especialmente para garantizar la prestación de servicios básicos y el pago de sus trabajadores.
