El Puerto de Santa María ha acogido este miércoles, en el auditorio municipal Monasterio de San Miguel, el pleno ordinario mensual de la Diputación de Cádiz. Una sesión de julio en la que, entre otros asuntos, se ha reclamado un aumento de los medios públicos para la acogida de inmigrantes que llegan a las costas gaditanas huyendo de la pobreza y de conflictos; y se ha instado al Gobierno central a intervenir en el conflicto laboral del aeropuerto de la Base de Rota, a suprimir “de forma inmediata” el peaje de la AP-4, o a liberar totalmente la playa de Camposoto en San Fernando.
Así, en lo que respecta a las propuestas presentadas por los grupos de la Corporación, destaca la coincidencia de diversas mociones relativas a la llegada y acogida de inmigrantes. Antonio Alba (IU), José María González ‘Kichi’ (Sí se puede Cádiz), Ángeles González (Ganemos Jerez) y Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), defendieron las respectivas proposiciones dirigidas a instar al Gobierno de España y de Andalucía a aumentar las medidas de apoyo a los municipios y entidades sociales que están soportando el peso de la atención a los inmigrantes que vienen llegando a las costas españolas, y particularmente gaditanas, de forma masiva en las últimas semanas. Especial atención se solicita para la acogida de los menores no acompañados.
En lo que va de año se calcula que han llegado a las costas de Cádiz más 7.000 personas inmigrantes, más de 700 menores no acompañados, lo que está provocando la actual situación de colapso. Ante esto, desde la Corporación provincial se ha querido agradecer públicamente el trabajo que están desarrollando los ayuntamientos gaditanos, los propios vecinos a nivel particular y las ONGD, con mención especial a Cruz Roja, para dar una acogida lo más digna posible a estas personas.
El vicepresidente primero de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, recordó que la institución provincial ya está haciendo llegar ayudas económicas directas a los ayuntamientos más afectados por la llegada de inmigrantes. De igual forma, se ha instado al Gobierno central, ahora del PSOE, a que convoque la Conferencia Sectorial de Inmigración, para acordar la contribución e implicación solidaria de cada comunidad autónoma en la acogida de estas personas.
Todas las mociones han salido adelante, aunque el PP se ha abstenido en las presentadas por las agrupaciones de electores y por IU.
NUEVO APOYO AL CONFLICTO LABORAL EN LA BASE DE ROTA
Por otro lado, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, IU presentó una moción para instar al Gobierno de España a intervenir en el conflicto laboral de los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota con la empresa norteamericana Louis Berger Aircraft Services, para preservar los derechos de los trabajadores españoles y velar por el cumplimiento de las leyes y normas laborales del país. El grupo de trabajadores de este colectivo presente en el pleno celebró el apoyo unánime a la propuesta. IU también logró el respaldo necesario a su moción para instar al Gobierno central a aumentar los recursos para I+D+i en 2018.
A iniciativa de Sí se puede Cádiz, se acordó instar a las administraciones competentes, tanto el Ministerio de Fomento como la Junta, a adoptar las medidas oportunas para garantizar la limpieza, el mantenimiento y conservación del yacimiento arqueológico de Puente Melchor, situado en el Barrio Jarana, en el término municipal de Puerto Real. Este grupo también obtuvo apoyo a su moción para instar al Gobierno regional a mejorar la seguridad en los mecanismos de cultivo del mejillón en el Parque Natural del Estrecho.
Además, Ganemos Jerez ha planteado una propuesta para instar a la Zona Franca de Cádiz a establecer un programa específico de colaboración y asesoramiento a las empresas de economía social y solidaria de la provincia, contando con el apoyo unánime de los diputados.
Y el extinto PA, ya fuera del Gobierno provincial, ha defendido una propuesta dirigida a solicitar al Ministerio de Defensa la liberación total de la playa de Camposoto, en San Fernando, desde la laguna de Río Arillo hasta la actual zona de uso público reubicando el campo de tiro de fusilería, con el fin de que se le pueda dar un uso turístico sostenible. La moción fue aprobada por unanimidad.
EL PP EXIGE AHORA SUPRIMIR “DE FORMA INMEDIATA” EL PEAJE
En otro orden de cosas, a propuesta del PSOE se acordó solicitar a los gobiernos central y autonómico que reclamen a la Comisión Europea que la futura Política Agrícola Común (PAC) no sólo mantenga su nivel de ayudas para el olivar andaluz, sino que se aumente para garantizar el mantenimiento y progreso sostenible de este cultivo. Del mismo modo, se solicitan ayudas diferenciales para el olivar de montaña, con una importante incidencia en la provincia de Cádiz.
Asimismo, se aprobó la propuesta socialista para solicitar al Ministerio de Cultura y Deportes y a la consejería de Cultura de la Junta que realice las gestiones oportunas para recuperar ‘El Bronce de Lascuta’, hallado en Alcalá de los Gazules y actualmente expuesto en el Museo del Louvre, en París (Francia), con intención de que se pueda conservar en la localidad o en el Museo Provincial.
También salió adelante la moción del PSOE para instar al Gobierno de España a abordar la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, a la vez que se solicita flexibilizar la regla de gasto para las entidades locales, de forma que se obtenga mayor autonomía a la hora de utilizar el superávit presupuestario con el fin de atender a las necesidades más urgentes, también las sociales, de los vecinos.
El PP, por su lado, defendió una propuesta para la creación de un Centro de Fotografía Contemporánea en Algeciras con la colaboración de la Diputación, que contó con el apoyo unánime.
También presentó la derecha una moción para instar al nuevo Gobierno central de Pedro Sánchez a suprimir “de forma inmediata, definitiva y sin ningún coste para los andaluces, tal y como reivindicaba el PSOE hasta la moción de censura a Rajoy” el peaje de la autopista AP-4, algo que no pedía al anterior de Ejecutivo conservador. Todos los partidos, también el PSOE, votaron a favor. Lo curioso es que en una propuesta similar impulsada por los socialistas y debatida en el pasado pleno de febrero, el PP se posicionaba en contra defendiendo argumentando que este peaje se eliminará al acabar la actual concesión, en el año 2019.
“A los socialistas no nos crea ningún complejo solicitar a las administraciones competentes aquellas cuestiones que tengan como fin dar un espaldarazo a esta provincia para que siga avanzando y creciendo”, ha apuntado la portavoz del PSOE en la Diputación, Encarna Niño, intuyendo como “el PP desde que no Gobierna parece muy interesado en solicitar al nuevo Ejecutivo del PSOE todas aquellas cuestiones que durante años han estado negando a esta provincia, torpedeando e impidiendo su desarrollo”.
EL PLIEGO DE AYUDA A DOMICILIO PARA LOS PUEBLOS, POR LA VÍA DE URGENCIA
Este pleno de julio, por vía de urgencia, ha aprobado también el pliego de licitación del servicio de atención a domicilio para personas en situación de dependencia en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que tendrá un presupuesto base de casi 26,7 millones de euros en razón de más de 13 millones al año, dividido en siete lotes según zonas geográficas. Supondrá 781 contrataciones y beneficiará a 1.522 usuarios.
Esta licitación contempla la inclusión de cláusulas sociales y la reserva de unos de los lotes, en concreto el denominado Sierra-Ubrique, para empresas de economía social, en un intento de conseguir que las aspirantes que demuestren mayor sensibilidad y responsabilidad con sus trabajadores lo vean recompensado a la hora de concurrir a esta adjudicación conforme a la nueva ley de Contratos.
Se aprueba así de manera urgente para solventar la situación provisional del servicio ya que las empresas adjudicatarias vienen prestando el servicio forzosamente por razón de interés social, debido a la paralización de la anterior licitación. El pliego original ha sufrido diferentes recursos, lo que ha obligado a que se someta con ésta, tres veces a votación del pleno, y ha provocado el retraso en su aprobación hasta esta fecha, con una modificación legislativa de por medio con la entrada en vigor en marzo de la nueva Ley de Contratos que ha influido en su redacción definitiva. Esto también ha propiciado que el contrato aumente su cuantía muy significativamente al haberse producido un aumento de las horas de atención a las personas dependientes. En septiembre de 2017, el primer pliego rondaba los 20 millones para dos años. El actual supera los 26.
