La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles su pleno ordinario del mes de noviembre, coincidiendo con una nueva protesta (y asamblea por parte de CSIF, UGT y CCOO) a las puertas del Palacio Provincial, rechazando las pretensiones de PP y La Línea 100×100 (socios de Gobierno) de crear un nuevo organismo autónomo para la gestión de las políticas sociales de la Diputación, incluidas sus residencias de mayores.
Mientras, dentro del Salón Regio, sin mucha historia, han salido adelante proposiciones para reclamar mejoras en las carreteras de la Sierra, políticas de vivienda “pública, realista y justa”, la necesidad de “cualificar” a los jóvenes gaditanos, la supresión de impuestos locales obligatorios sobre la gestión de residuos y medidas de apoyo a La Línea frente al Brexit.
Al tiempo que se ha mostrado unidad contra la lacra de la violencia de género, a unos días del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la aprobación del manifiesto conjunto elaborado por las ocho diputaciones andaluzas. Los desafíos a los que hay que hacer frente son variados, pero este año este texto ponen el acento en la ciberviolencia: “las violencias machistas digitales no son percibidas como algo real, aunque el paso de la violencia virtual al mundo real tenga múltiples consecuencias demoledoras para las mujeres”.
LA URGENCIA DEL DESDOBLE DE LA A-384
En el debate de mociones políticas, Izquierda Unida y PSOE han coincidido en defender propuestas para mejorar las comunicaciones por carretera en la Sierra de Cádiz. Así, se ha aprobado de forma unánime el acuerdo para instar a la Junta de Andalucía a incluir en sus presupuestos para 2025 una partida para la conversión en autovía de la A-384 en el tramo entre Arcos y Antequera, así como que elabore un plan integral de mejoras en las carreteras de la comarca.
“La falta de esa infraestructura está provocando no solo que las empresas planteen abiertamente tener que abandonar porque no les es viable, es importante no solo porque se está privando de oportunidades a nuestros pueblos sino sobre todo porque se les está privando de seguridad al ser la carretera con más siniestralidad de toda Andalucía”, ha argumentado el PSOE, lamentando que el Ejecutivo de Moreno Bonilla en seis años “ha tenido tiempo de pintar partidas en los presupuestos para haber avanzado kilómetros de firme”.
Igualmente, para IU, este desdoble que “debería haber ejecutado hace mucho tiempo” es una manera de saldar “una cuenta pendiente con la ciudadanía de la Sierra”, de “mejorar su calidad de vida”, de “luchar contra la despoblación” en la comarca y sobre todo, aportar seguridad en las carreteras; en las últimas semanas se han producido seis fallecimientos en accidentes de carreteras en la zona.
OTRAS MOCIONES
Por otro lado, se recoge en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz, a iniciativa de los socialistas se ha debatido una moción destinada a instar también a la administración autonómica a impulsar “una política de vivienda pública, realista y justa”; y es que la falta de vivienda a un precio asequible “requiere de políticas de fomento para la construcción de vivienda pública tanto en propiedad como alquiler”.
De este modo, se reclama a la Junta del PP “cosas sensatas”: “mayores cuantías” en los presupuestos de 2025 para la construcción de viviendas de protección oficial, declarar en la provincia zonas tensionadas en materia de vivienda e incentivar medidas que fomenten la emancipación juvenil. La proposición, con el voto en contra de la derecha, esperable, ha salido adelante gracias a la abstención del partido linense.
Y la tercera proposición del PSOE, también adelante pese a los populares, parte de que la oferta de Formación Profesional en la provincia de Cádiz es “escasa” y “muy insuficiente”. Por ello, se propone instar a la Junta a “asumir de forma urgente un plan general de formación para la provincia” y dotar este plan con inversiones en infraestructuras, de manera que se pueda atender la demanda de empleo en sectores estratégicos como el naval o industrias emergentes en torno a las energías verdes.
Mientras, el PP ha presentado a este penúltimo pleno mensual del año una proposición relativa a la obligatoriedad estatal de establecer una tasa de residuos a las entidades locales; para la derecha es un “ataque” contra la autonomía local. El acuerdo, aprobado con el apoyo de PP y La Línea 100×100 y la abstención de IU, insta al Gobierno de España a respetar esa autonomía y reconocer la libertad de los ayuntamientos de establecer sus propios tributos, así como derogar la obligatoriedad de la implantación de esta tasa en todos los municipios.
Y La Línea 100×100, finalmente, ha defendido una proposición (como es habitual, ‘barriendo para casa’) con la que se reclaman medidas que palien las “consecuencias negativas derivadas del Brexit” en el municipio linense. Entre otras cuestiones, se pide un régimen fiscal especial, más dinero del Estado y de la Junta, planes de empleo y formación, inversiones en infraestructuras y actuaciones para proteger su litoral de los problemas medioambientales derivados de la actividad en el Peñón.
