El pleno ordinario de abril de la Diputación de Cádiz, entre sus puntos debatidos y aprobados, ha dado luz verde por unanimidad a una moción de Adelante Cádiz que reclama contundencia a todos los partidos para frenar la siniestralidad laboral en la provincia y más concretamente en la Bahía, y es que “trabajar no debe ser sinónimo nunca de jugarte la vida”.
El diputado y alcalde de la capital, José María González ‘Kichi’, ha defendido la propuesta, cuya argumentación se ha iniciado con un recuerdo al trabajador de contratas de Navantia Puerto Real fallecido recientemente en accidente laboral, así como otras víctimas. Ejemplos que ha empleado para visibilizar la situación de riesgos laborales que se acrecienta con la precariedad. La moción, además de instar desde la Diputación al Ministerio de Industria a hacer un llamamiento, tanto a empresas matrices como auxiliares, al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, también solicita al Gobierno central una auditoría en Navantia en cuanto es una empresa pública, e insta a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía a actuar frente a cada incumplimiento del convenio, auditando cada contrato realizado con las empresas que trabajan en el sector.
Desde Adelante insisten en que “tanto las plantillas en los astilleros gaditanos como los sindicatos llevan años denunciando que las condiciones de subcontratación hacen que estas faenas se hagan a destajo, con jornadas de doce horas, una detrás de otra y sin descanso, cosa que influye, no sólo en la salud laboral, sino también en la seguridad en el trabajo”. Estas condiciones “han llevado a que en los últimos cinco años en el conjunto de los astilleros de la Bahía hayamos tenido que lamentar la muerte de cinco trabajadores, todos de la industria auxiliar”.
VIVIENDA SOCIAL Y ESTACIÓN ENOLÓGICA DE JEREZ
Por otro lado, en este pleno mensual también ha habido espacio para el debate sobre vivienda social, a iniciativa de IU. De este modo, se ha aprobado (con las abstenciones de PP y Cs) instar a la Junta de Andalucía a impulsar un programa extraordinario de vivienda social en la provincia de Cádiz y a aplicar, tras su aprobación parlamentaria, la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada por el Gobierno de España “agilizando los procedimientos para que los ayuntamientos puedan solicitar de inmediato la declaración de zona tensionada y así poder habilitar los mecanismos de control de precios de los alquileres contemplados en la Ley”.
La diputada provincial izquierdista Carmen Álvarez ha lamentado “la abstención del PP en una cuestión tan importante y que se escuden en un trabajo llevado a cabo por la agencia AVRA que es claramente insuficiente en esta provincia, donde según los estudios, sólo uno de cada cuatro jóvenes gaditanos logra emanciparse antes de los 29 años, debido a dificultades económicas para acceder a una vivienda en régimen de propiedad o alquiler”.
Izquierda Unida sí ha encontrado el consenso de todos los grupos en su moción relativa al Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez. En esta moción se trata de dar solución a la situación de este recurso y apoyar su traslado al Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA), donde se alojan diferentes empresas y entidades, y que de paso, esta medida permita la ampliación de servicios del laboratorio y favorezca que se le dote del personal y el presupuesto necesario para su funcionamiento. Actualmente los equipamientos se encuentran abandonados y el proyecto estancado, con lo que esta moción pretende que el traslado que planea la Junta se agilice para garantizar el buen funcionamiento de este recurso estratégico para el sector del vino en la provincia.
INSTITUTO ROSARIO Y CONGRESO DE LA LENGUA
Además, según el relato del pleno trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria que comprende financiación para dos intervenciones relevantes en la capital gaditana. Por un lado se destinarán 500.000 euros al proyecto de consolidación estructural del antiguo Instituto Rosario, cuyas obras en marcha meses atrás quedaron paralizadas.
La Diputación planteó la conversión de este equipamiento en pleno centro en un nuevo espacio cultural, y diseñó para tal fin un proyecto pionero en cuanto a la eficiencia energética del inmueble. Sin embargo, los vicios ocultos detectados cuando se acometieron los trabajos iniciales de demolición, así como las patologías que afectan a la estructura, obligaron a cesar en las obras adjudicadas, rescindir el contrato y replantear el rumbo de esta actuación. Con este medio millón se busca resolver las deficiencias y afianzar el inmueble; una vez ejecutado, deberá concretarse un segundo proyecto en el que se precise que se hará finalmente con esta finca.
La misma modificación presupuestaria incluye la dotación de un crédito extraordinario, cifrado en 270.000 euros, que se destinará al Ayuntamiento de Cádiz en concepto de contribución a la candidatura de la ciudad al X Congreso Internacional de la Lengua Española, programado para el año 2025. Esta aportación se empleará en los gastos de instalación de la oficina de la citada candidatura, prevista la calle Ancha de Cádiz.
PREOCUPACIÓN POR EL MUNDO RURAL
En este pleno de abril también ha estado muy presente el ámbito rural. Entre los acuerdos figura el apoyo unánime a una moción presentada por AxSí, en que se ha pedido al Gobierno de España y al de la Junta la ejecución urgente de un programa especial de ayudas al sector agroganadero. Y es que el actual contexto, marcado por la subida del gasoil, el precio de piensos y productos básicos o la sequía obliga a los pequeños productores a asumir pagos para complementar la alimentación ante la escasez de pastos de la ganadería extensiva, y ha elevado de forma insostenible los costes de producción.
Otra moción, en este caso del PSOE, afecta directamente al empleo rural. Se trata de una propuesta de la mejora de la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea, el antiguo PER), y que insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a revisar al alza la cantidad que aporta para la financiación de los materiales destinados a las obras de este programa, cuyo gasto principal costea el Estado. La inflación de los precios del material, cuya compra financia la Junta en un 75% y en un 25% las diputaciones, pone en riesgo la viabilidad de la iniciativa, ya que algunos proveedores se niegan a suministrarlo a precios del año pasado. Todos los partidos, salvos las dos derechas, han arropado el punto.
También ha habido espacio para tratar sobre infraestructuras en zonas rurales, en concreto de las obras de arreglo de la carretera A-2304, competencia de la Junta, que une Alcalá de los Gazules y Ubrique. Una vía que es muy utilizada por vecinos de Algar, Alcalá y Ubrique, así como por visitantes, debido a su interés turístico por su conexión con el área recreativa de El Picacho o el acceso a Puerto de Galis. La mayor densidad de tráfico que llevan aparejadas estas circunstancias y la falta de adaptación a la normativa hacen necesaria una actuación que se pide al Gobierno autonómico, que incluye la ampliación de los márgenes y el refuerzo del firme. En este caso, PP y Cs sí han votado a favor.
También relacionada con el ámbito rural, donde la sequía tiene los efectos más graves, es la moción socialista que se ha aprobado (con populares y naranjas lavándose las manos) sobre la presa de Gibralmedina. Una moción cuya ejecución tendría repercusiones positivas para todo el Campo de Gibraltar e incluso la Costa del Sol. Se insta a la Junta a acelerar la redacción del proyecto de esta presa y comenzar inmediatamente su licitación y ejecución, bien con fondos europeos exclusivamente, bien aportando la Junta también los recursos propios necesarios.
OTROS PUNTOS
La situación del Campo de Gibraltar también ha sido abordada en otro apartado del orden del día. A iniciativa de Adelante Cádiz se ha propuesto la declaración de esta comarca como zona de especial singularidad. La moción propone un paquete de medidas que incluye la petición al Gobierno central de revisar el cumplimiento íntegro del Plan Integral para el Campo de Gibraltar acordado en Consejo de Ministros de noviembre de 2018; pedirle que declare el ámbito como zona de especial singularidad; instar a la Junta a que declare como zona de difícil cobertura con déficit de profesionales en los servicios públicos para así incentivar su llegada; o que revise el cumplimiento de las acciones ya ejecutadas dentro del plan de 112 medidas para minimizar los efectos del Brexit.
En otro punto, Ciudadanos ha encontrado el sí de todos los partidos a su moción mostrado el apoyo a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y la proposición de ley de este partido a nivel nacional. Y el PP ha visto aprobada una moción de índole social, que solicita al Gobierno de España la modificación legal necesaria para ampliar en 26 semanas los permisos de maternidad y paternidad para las familias monoparentales.
No han salido adelante la propuesta de la franquicia naranja en relación con reclamar incentivos fiscales como herramienta para favorecer la práctica de deporte en la población; ni la de los populares relativa a exigir una armonización fiscal en las comunidades autónomas.
NUEVO PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL
Y entre los puntos de gestión, en este pleno se ha aprobado la octava edición del llamado Plan de Cooperación Local, puesto en marcha por la administración provincial para promover el empleo en los pueblos gaditanos. La iniciativa, que ha salido adelante por unanimidad, permitirá generar 1.400 contrataciones temporales en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales autónomas (ELAs), gracias a un presupuesto de más de 5,3 millones de euros.
En su intervención, la responsable del Área de Empleo, Ana Carrera, ha resaltado el incremento en más de un millón de euros respecto al Pplan anterior. Una “apuesta de este gobierno provincial por las entidades locales pero, sobre todo, por el empleo”. Según Carrera, la “Diputación sigue siendo la única administración que pone en marcha planes de empleo”, por lo que ha solicitado “a otras administraciones” y, en concreto, “a la administración competente en materia de empleo, la Junta, que ponga en marcha de manera inmediata un plan de empleo que ayude a mejorar las preocupantes cifras de desempleo en la provincia”.
En este punto ha tomado la palabra el diputado de Adelante Cádiz (aunque más cercano a IU), Hugo Palomares, para expresar la “incertidumbre” que existe en algunos ayuntamientos por cómo afecta la reciente reforma laboral a este tipo de contrataciones. Por este motivo, ha pedido potenciar el asesoramiento jurídico que se presta a los municipios para hacer frente a las posibles dudas que puedan surgir.
Este Plan de Cooperación Local recoge más de 160 actuaciones para desarrollar servicios de interés general en el ámbito municipal. Han sido solicitadas por los 30 ayuntamientos destinatarios y las 10 ELAs, de acuerdo a las bases publicadas en su día.
