El Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz ha servido este lunes de escenario de la firma de los convenios reguladores entre Junta de Andalucía y las ocho diputaciones de la comunidad autónoma de cara a la puesta en marcha de una nueva edición del antiguo PER, ahora llamado Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA); iniciativa que costea principalmente el Estado, mientras las instituciones regional y provincial aportan fondos para la adquisición de los materiales de las obras proyectadas.
El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha firmado los acuerdos junto a la presidenta de la Diputación gaditana, Irene García y representantes del resto de diputaciones provinciales. La Junta reserva más de 54 millones de euros para el PFEA en el conjunto de Andalucía; las Diputaciones suman más de 18 millones y el Gobierno estatal asume una inversión de 161 millones de euros. Por tanto la incidencia presupuestaria del conocido subsidio agrario en la comunidad autónoma supera en esta ocasión los 233 millones.
En la provincia de Cádiz, el nuevo PFEA (que llega prácticamente a todo el territorio, salvo a localidades como la capital o San Fernando) dispondrá de 25,3 millones de euros: el Gobierno estatal destina 17,4 millones (un millón más que en 2018) para la mano de obra; la Junta reserva 5,8 millones y la Diputación aporta 1,9 millones.
En el caso de los fondos que aporta el Estado a la próxima edición de este programa en Cádiz, un 78% del total corresponden al Plan de Garantías de Rentas (se trata de ayudas que se otorgan directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos). El 22% restante del total de fondos asignados corresponden al Plan Generador de Empleo Estable (la aprobación de los proyectos presentados por los municipios estará vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis).
El Estado recobró la senda del crecimiento en sus aportaciones en el año 2017 y, desde entonces, las tres instituciones implicadas (estatal, autonómica y provincial) asumen idénticas subidas. Para la nueva edición (cuyas obras comenzarán previsiblemente en septiembre y se ejecutarán hasta junio de 2020) todas las partes asumen un incremento del 6,38%, según se resalta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
La Diputación de Cádiz ha invertido, desde el año 2015, casi 9 millones de euros en el antiguo PER. Más allá de su aportación económica también asume la gestión técnica de la mayoría de las actuaciones consignadas: es decir, resuelve procesos de contratación de personal; redacción de proyectos; así como licitaciones y contrataciones de obras. Una asistencia técnica que solicitan la mayor parte de los municipios destinatarios del programa.
En este acto formal, la presidenta de la Diputación gaditana, Irene García ha valorado los beneficios que reporta esta iniciativa: “permite fijar la población a su territorio, garantiza infraestructuras y servicios públicos de calidad, evita pérdida de oportunidades para las comunidades rurales y asegura cotizaciones a los trabajadores del régimen agrario”. Considera además que el PFEA hace tiempo que dejó de ser únicamente un programa de protección social; de hecho, gracias a las obras consideradas de empleo estable, propicia la concreción de intervenciones que generan actividad económica y empleo duradero.
El resto de diputaciones andaluzas han estado representadas en el acto celebrado en Cádiz por los siguientes diputados: Ángeles Martínez (Almería); Juan Díaz Caballero (Córdoba); Francisca Medina (Jaén); José María Villegas (Granada); Ezequiel Ruiz (Huelva); Francisco Javier Oblaré (Málaga) y Asunción Llamas (Sevilla).
