Marcándose entre sus objetivos inmediatos la defensa de la gestión pública del agua y la resolución del conflicto abierto con los trabajadores, Jorge Rodríguez ha sido elegido como nuevo presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG).
El alcalde de IU de Trebujena, que ya asumía el cargo de manera accidental tras la dimisión del socialista Víctor Mora a finales de julio (y que anteriormente ocupaba la vicepresidencia), contó con un 70% de respaldo de los representantes en la asamblea extraordinaria convocada con este cometido. Su candidatura era la única presentada.
Rodríguez dice ponerse desde ya “a disposición de todos los municipios a los que representa el Consorcio en defensa de la gestión pública del agua y con el objetivo de gestionar, en la medida de las posibilidades, las inversiones para la mejora de las infraestructuras en nuestra provincia”.
A decir del también coordinador provincial de IU, el CAZG es una “entidad importante” con más de 15 millones de euros de presupuesto y un centenar de trabajadores. En este punto, ha subrayado que se pone “a disposición de todos y cada uno de los trabajadores con objeto de dar respuesta al conflicto laboral que sufren en estos momentos, y de los entes consorciados con el compromiso de trabajar en la defensa de la gestión pública del agua”.
Según se remarca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, este alcalde izquierdista quiere “poner soluciones encima de la mesa y entablar conversaciones en el conflicto activo con los representantes de los trabajadores”, de manera que se ha mostrado partidario de “crear una mesa de negociación permanente” con los mismos.
Por otro lado, ha apuntando que es necesario “preparar proyectos y programas para poder acogernos a los fondos europeos de cara a captar ayudas y subvenciones con cargo a los fondos Next Generation, que permitan mejorar infraestructuras y garantizar las mejores condiciones del suministro de agua potable en nuestra provincia”.
“Nos queda mucho por hacer, mucho por trabajar y lo haremos de forma colectiva a través de esta presidencia y con el conjunto de los entes consorciados”, ha sentenciado Jorge Rodríguez.
El CAZG (del que ya no forma parte la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que ha dejado abandonados a los ayuntamientos), está integrado por los siete municipios de la Bahía, y además por: Algar, Arcos, Barbate, Conil, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, San José del Valle, Sanlúcar, Tarifa, Trebujena, Vejer y Benalup. A través del mismo, se abastece de agua potable a una población de entre 800.000 y 1,2 millones de personas. Su objetivo principal es la prestación del ciclo integral del agua de las poblaciones que participan en el mismo, con base en los principios de integración de la gestión, homogeneidad de la calidad del servicio y uniformidad de las tarifas en dicho ámbito territorial.
El anterior presidente del Consorcio, el alcalde de Sanlúcar Víctor Mora presentó su renuncia tras cinco años en el cargo, culpando además de “chantaje” al presidente del comité de empresa; la plantilla desde hace semanas está movilizada por la “situación de inestabilidad laboral” que compromete el funcionamiento de un servicio “tan esencial”. “Su espantada y las razones en las que la basa tienen tal inconsistencia y falta de credibilidad que levantan sobre la entidad una sombra de sospecha que en nada la benefician y que debiera ser despejada mediante auditoría externa”, replicaba el aludido, representante de los trabajadores.
“VEMOS EL FANTASMA DE LA PRIVATIZACIÓN”
Horas antes de la asamblea extraordinaria del CAZG, Marea Azul emitía una nota defendiendo el nombramiento de un presidente “con espíritu de servicio a la ciudadanía, con voluntad política y fiel a la lucha de la gestión pública, comprometido con trabajar la solución del conflicto colectivo y trabajar para convertir el Consorcio en una herramienta pública, solidaria, social y medioambientalmente sostenible”.
Además, se le pedía a quien se ocupe a partir de ahora de liderar el ente a “poner encima de la mesa de todos los ayuntamientos el ofrecimiento generoso de sus recursos públicos, y su buen hacer como gestor del agua potable, para ayudar a recuperar la dignidad democrática y social, que hace un tiempo hemos perdido en muchas localidades, haciéndonos clientes cautivos de una empresa privada, que nos saquea y encima se lleva sus pingues beneficios fuera de la provincia; todo gracias a los canallas y traidores que vendieron nuestros servicios de agua y de otros que siguieron su trabajo de perfidia, manteniendo esa buena relación con estas multinacionales, a cambio de fotos en los medios, reparando fuentes, repartiendo globos y cuadernos con publicidad de la empresa privada, o pagando bandas de música a hermandades afines a estos gobiernos”.
Esta plataforma se teme además que detrás de la situación que se está viviendo en el Consorcio de Aguas “hay un complot orquestado por la trama del agua de esta provincia, de la que ya son sobradamente conocidos algunos elementos, pertenecientes a ayuntamientos consorciados, técnicos municipales y directivos y ejecutivos de una multinacional. Ponemos en conocimiento que, detrás de esta crisis fabricada a postas, vemos el fantasma de la privatización. Es habitual en estas tramas, ‘demostrar’ que la gestión pública no es viable, para justificar la privatización del servicio”, se insiste.
