Un total de 4.665 hogares gaditanos recibían a finales de la semana pasada, por parte de la Seguridad Social, el primer pago del flamante Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado por el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos. Supone una ayuda media por familia de más de 430 euros al mes. Estos beneficiarios han sido reconocidos de oficio ya que venían recibiendo la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%.
Aparte de estos beneficiarios que empiezan ya a contar con esta prestación (de momento, más de 74.000 hogares en toda España, donde viven más de 250.000 personas), en los primeros diez días desde el inicio del plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, se han registrado 13.915 solicitudes en Cádiz (de las cerca de 345.000 presentadas en el global del país).
La gaditana es la tercera provincia española en la que más hogares van a recibir el IMV de oficio, después de Madrid, con 7.301 beneficiarios; y Sevilla, con 4.668. “Esto es un reflejo de la difícil situación que atraviesan muchas familias de nuestra provincia a las que se les va a garantizar el acceso a los recursos, fomentando su inclusión y generando oportunidades de empleo y formación”, remarca el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco.
“Esta medida –reitera este político socialista en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz- tiene un doble objetivo, reducir la pobreza y fomentar la inclusión y la cohesión social. Es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa de este calado por su nivel de focalización, de exhaustividad y de dinamismo. Es una apuesta por el Estado del Bienestar, garantizando el acceso a unos servicios mínimos necesarios, iguales para toda la población”.
Respecto a los hogares reconocidos de oficio, son aquellos de los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tenía información suficiente sobre la composición del hogar para poder realizar la reconversión. La Seguridad Social les avisó, previamente, por SMS y carta para que no tuvieran que solicitar este nuevo Ingreso Mínimo Vital. El resto de los beneficiarios de la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor al 33% que puedan ser beneficiarios de la nueva prestación deberán solicitarlo, ya que no constaba información suficiente para reconvertir de oficio la prestación.
A quienes realicen la solicitud del IMV en los tres primeros meses (hasta el 15 de septiembre), y tengan derecho a ella según la documentación acreditada, les será concedida con efectos retroactivos desde el 1 de junio.
Fuentes del PSOE calculan que esta iniciativa (que supone unos 3.500 millones de euros al año en el presupuesto estatal) podría beneficiar a unos 700.000 andaluces, de las cuales en torno a las 104.000 serían de la provincia de Cádiz: “esto supondría que unos 38.500 hogares gaditanos verían con dignidad y esperanza como mejora su situación”.
El Ingreso Mínimo Vital fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de mayo y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. Completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, distribuida en 12 pagas. Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 830.000 hogares podrían ser beneficiarios de esta prestación tan cuestionada por sectores de derechas. En ellos viven unos 2,2 millones de personas de los que la mitad son menores.
REQUISITOS
El primer requisito para acceder al IMV será el de la vulnerabilidad económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho. Habrá un titular por unidad de convivencia, que deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en los que no habrá requisito de edad.
Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos doce meses. Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud. Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.
Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a tres veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar. Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia del coronavirus, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.
