El Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado para combatir la pobreza, llega ya a 33.685 hogares gaditanos (cerca de 25.000 sostenidos por una mujer) donde viven 103.343 personas vulnerables.
Más de cuatro años después de la implantación de esta prestación aprobada en plena pandemia del Covid-19 (en junio de 2020) por el entonces Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos, supone una inyección de casi 20 millones de euros mensuales para los más vulnerables de la provincia que han podido acceder a la misma.
Esta ayuda cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.
“El IMV está consolidado y triplica el número de beneficiarios que alcanzaron las rentas mínimas durante dos décadas de existencia”, remarca el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, que pone en valor “la política más ambiciosa puesta en marcha en España para lograr la plena integración de las personas en situación de exclusión”.
En este sentido, sobresale que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) “destaca favorablemente que en 2023 (su último año de análisis) se incrementaron un 20% los hogares beneficiarios respecto al año anterior” y abunda en la especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil, ya que por ejemplo en la provincia de Cádiz el 30% de los beneficiarios son menores, siendo 37.747 niños los que tienen en esta ayuda un apoyo a su desarrollo vital. Además, 23.572 hogares gaditanos tienen precisamente el complemento de ayuda para la infancia.
De la misma manera, se resalta que se ha producido en esta prestación una revalorización del 31% en estos cuatro años como ha venido sucediendo con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
PERO LA JUNTA RECORTA SU RENTA MÍNIMA
Por otra parte, Ruiz Boix destaca que, por primera vez, la AIReF “haya dedicado parte de la evaluación al comportamiento de las rentas mínimas autonómicas y defiende que se deba seguir profundizando en su evolución y en la transparencia de la información remitida por las comunidades”. Y al respecto, ha advertido de que “la mitad aproximadamente mantiene un número significativo de beneficiarios de sus rentas mínimas, mientras que la otra mitad ha hecho desaparecer sus programas de rentas mínimas”.
De hecho, entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de ahorro a costa de reducirlas están Andalucía con un 31%, Madrid (26%), Murcia (23%) o Castilla y León (20%), todas ellas con gobiernos de derecha y ultraderecha.
“En Andalucía, por ejemplo, el número de hogares cubiertos por su renta mínima supone el 3% de los cubiertos por el IMV”, concreta el líder socialista en la provincia de Cádiz, al tiempo que sobresale que “desde la llegada del IMV, el Estado ha multiplicado por diez la inversión de la Junta de Andalucía a la renta mínima: de los 107 millones de euros dedicados por la Junta en 2019 a la Renta Mínima de Inserción Social, RMIS, hemos pasado a 1.064 millones de euros dedicados por el IMV en 2023 a Andalucía”.
