La Diputación de Cádiz ha revelado datos de la liquidación del presupuesto de 2016. En el ámbito de los gastos se ha alcanzado un cumplimiento del 85% de las previsiones; mientras el grado de ejecución de los ingresos ha rondado el 88%. Así, se cierran las cuentas con un superávit consolidado de cerca de 65 millones, lo que a su vez supone que haya un remanente positivo de tesorería de 23 millones, que el Gobierno provincial quiere reinvertir, pero para ello necesita que haya PGE para 2017.
La Diputación de Cádiz ha revelado datos de la liquidación del presupuesto de 2016, que además supone el primer ejercicio completo del actual equipo de Gobierno del PSOE apuntalado por una diputada del extinto PA.
A decir del responsable del área de Servicios Económicos, Jesús Solís, estos números ofrecen “varias certezas y una incertidumbre”: las certezas son los índices sobre estabilidad presupuestaria alcanzados por la institución provincial, “todos ellos satisfactorios”; la incertidumbre es el destino del remanente que podría dedicarse a nuevas inversiones productivas para la provincia. Para esta última posibilidad hay 23,2 millones de euros, si bien al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, todavía, su aplicación final “es aún una incógnita”.
Solís ha comenzado su exposición con el grado de ejecución del último presupuesto. En el ámbito de los gastos se ha alcanzado un cumplimiento del 85% de las previsiones que, en términos absolutos equivalen a 220 millones de euros invertidos. El porcentaje mejora ampliamente el último promedio conocido sobre el conjunto de diputaciones españolas –el del año 2015- y que se situó en algo más del 74%. El grado de ejecución de los ingresos rondó el 88%, también sensiblemente superior al 74,8% alcanzado por el conjunto de las siempre cuestionadas instituciones provinciales.
En 2016 se logró un superávit de 52,8 millones sólo considerando la gestión de la Diputación gaditana como entidad matriz. Si se agrupan los resultados de los organismos autónomos, dependientes de la institución provincial, este saldo se eleva hasta los 64,7 millones. La cifra revela una capacidad financiera muy superior a la alcanzada en 2015.
Asimismo, se resalta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, también se ha cumplido con el límite de la regla de gasto, quedándose a 8 millones de euros del techo impuesto para 2016. Este último año y el ejercicio actual de 2017 son además los escenarios de aplicación del plan económico-financiero adoptado por la Diputación tras el esfuerzo inversor asumido en el segundo semestre de 2015.
La deuda pública, a 31 de diciembre de 2016, se situaba en el 71% de los recursos corrientes. Ofrece por tanto una sensible mejora “en relación al 98% que encontramos el inicio del mandato”, según refiere Jesús Solís. El dato está “muy por debajo” del límite legal, tasado en el 110%, e incluso del 75% por el que se requiere la autorización de una administración superior en caso de concertar operaciones financieras a largo plazo. “En un año hemos amortizado la deuda en 30 millones de euros, logrando un ahorro neto superior al 15%”, presume este diputado del PSOE.
Los tiempos también ha mejorado para los proveedores de bienes y servicios así como adjudicatarios de obras. El periodo de medio de pago, a 31 de diciembre de 2016, se situaba en 23 días. “Y en marzo de 2017 ya estaba en 16 días” ha indicado Solís, quien también ha matizado que al inicio del actual mandato corporativo este plazo era de 40 días.
“UNA EFICAZ GESTIÓN ECONÓMICA NO ESTÁ REÑIDA CON MAYOR INVERSIÓN”
Para el responsable del área de Servicios Económicos de la Diputación, con estos datos, la Diputación de Cádiz engrosa el cupo de administraciones locales “que acreditan una eficaz gestión económica” pero que ven mermadas sus posibilidades de reinversión de los beneficios conforme a las limitaciones de la legislación estatal. Esta gestión ha deparado un remanente positivo de tesorería para gastos generales de 23,2 millones de euros (se trata de una cifra consolidada, incluyendo organismos autónomos). Sin embargo aún se desconoce si esta disposición de fondos podrá revertir en la provincia, tal como se ha hecho con programas de inversión como el plan Invierte ejecutado entre finales de 2016 y principios de 2017.
“Al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado aún no se puede aplicar”, ha repetido Solís. En ejercicios anteriores se abrió un resquicio para esta reinversión con una disposición adicional contenida en los presupuestos de 2014 –sobre inversiones financieramente sostenibles- que se ha ido prorrogando, si bien esta continuidad no es posible mientras no se validen las cuentas estatales; con todo, parece que saldrán adelante gracias al voto a favor de un diputado del PSOE de Canarias.
Este socialista ha abogado por políticas expansivas en la inversión pública. “Programas de empleo como los que hemos desarrollado por casi 13 millones de euros; de inversión en infraestructuras para los municipios; de promoción cultural; de bienestar social, deportes, turismo…”, han sido decisiones políticas que se han ejercido “en contra de las recetas que fomentan la austeridad en la gestión”, ha desatacado Jesús Solís quien ha querido demostrar que una eficaz gestión económica no está reñida con un mayor vigor en las inversiones productivas, en beneficio de la ciudadanía y los municipios gaditanos.
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