El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha visto este martes en la capital gaditana con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, para abordar la situación de la provincia respecto a temas como la atención a la ciudadanía, entre otros asuntos; un encuentro entendido en el marco de la colaboración institucional y el “compromiso mutuo”.
En 2020, el Defensor recibió más de 1.100 quejas y más de 1.800 consultas de la provincia gaditana, superando por tanto las 3.000 actuaciones. Maeztu ha demandado una especial atención para esta provincia y para su capital en asuntos de vivienda, así como ha requerido información sobre la tramitación de prestaciones como las relacionadas con la dependencia, las valoraciones de discapacidad y sobre las rentas de inserción y el Ingreso Mínimo Vital.
Así, durante esta reunión, precedida por un breve encuentro con los delegados territoriales de la Junta colocados por PP y Ciudadanos, Mestre y Maeztu han tratado diversos asuntos en materia de igualdad, salud, vivienda, dependencia, y hasta sobre la situación del Brexit en el Campo de Gibraltar.
Asimismo, en su condición de Defensor del Menor de Andalucía, ha entregado a la delegada conservadora el Informe del Menor 2020, presentado el pasado mes de junio en el Parlamento andaluz, y en el que se recogen las principales actuaciones de este comisionado en materia de infancia y adolescencia.
En el transcurso de esta reunión, Maeztu se ha interesado también por la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas gaditanas y ha trasladado las preocupaciones de muchos de los alcaldes de la Sierra, tras una pasada reunión: los regidores informaron del déficit en recursos sanitarios; la necesidad de mejoras en la red de transporte público; problemas de financiación, o la situación del medio ambiente, así como la necesidad de incrementar los recursos y los profesionales para atender a las personas mayores; recursos en educación y sanidad, sobre todo, para la infancia, y el problema de la exclusión financiera con el cierre de bancos en los pueblos.
Por último, la delegada del Gobierno andaluz ha recibido información sobre el cambio de procedimiento por el que el Defensor citará a la administración que no colabore a comparecer en la institución a partir del trámite de advertencia, como una nueva medida en su proceso de tramitación de quejas para mejorar la colaboración con las administraciones públicas en su deber de atender y responder las reclamaciones de la ciudadanía.
Por su lado, según se señala en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Ana Mestre ha destacado el trabajo de ambas partes desde una labor que “puede traducirse en transparencia”, en un ámbito en el que “dar respuesta es un asunto prioritario”. En esta línea ha remarcado que “este equipo de Gobierno de la Junta en Cádiz va a ser diligente junto a sus funcionarios para hacer posible que esas reclamaciones puedan resolverse lo antes posible gracias a la colaboración”, concluyendo que “somos complementarios y para nosotros es fundamental actuar con diligencia”.
