La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno de octubre en Arcos. El motivo de esta sede inhabitual es dar cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por su presidenta en su discurso de investidura. El consenso ha sido el protagonista de la sesión, ya que la gran mayoría de los puntos sometidos a votación han prosperado, 22 de 25. Acuerdos como mostrar el apoyo al proyecto de Las Aletas, rechazar el Decreto de autoconsumo impuesto por el Gobierno del PP, instar a la apertura del centro de salud de Guadalcacín, promover la inclusión del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad o iniciar los trámites para recuperar el edificio de Valcárcel.
La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles su pleno ordinario de octubre, y como novedad, se ha trasladado hasta Arcos, a su Ayuntamiento. El motivo de esta sede inhabitual es dar cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por su presidenta, Irene García, en su discurso de investidura, de acercar su gestión a los diferentes municipios y desarrollar sus sesiones plenarias en las diferentes comarcas. Al respecto, el acto se iniciaba con la bienvenida del alcalde local, Isidoro Gambín, y la toma de posesión de un nuevo diputado provincial por parte del PP: el concejal del Ayuntamiento de Jerez Agustín Muñoz, que sustituye a la también edil jerezana Lidia Menacho.
El consenso ha sido el protagonista de la sesión, ya que la gran mayoría de los puntos sometidos a votación han prosperado, 22 de 25, según el balance trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
Entre las propuestas de urgencia, el pleno ha resuelto por unanimidad la aprobación definitiva del plan de empleo, una vez presentados proyectos por los municipios menores de 20.000 habitantes y ELAs. Estará dotado con 4,2 millones. La otra urgencia ha sido el inicio de trámites para resolver el contrato con Zaragoza Urbana para la construcción de un hotel en el Valcárcel, en la capital. En este histórico edificio la Universidad de Cádiz plantea reubicar su facultad de Ciencias de la Educación,
En lo referente a las proposiciones de los grupos políticos, la Diputación ha adoptado diversos acuerdos en relación con las medidas del Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos hagan frente al pago de la deuda a proveedores, según solicitaban sendas mociones de PSOE e IU, que se han debatido de forma conjunta.
En este sentido se ha instado al Gobierno de la Nación a la adopción de diferentes medidas de urgencia para flexibilizar la devolución de créditos al Ministerio y evitar la asfixia económica de los municipios. También se ha solicitado la elaboración de una nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales con la consecuente derogación de la Reforma Local.
Al respecto, tanto el portavoz socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, como el izquierdista, Antonio Alba, han resaltado la necesidad de aportar más recursos a los ayuntamientos, en lugar de restarle competencias, en base a la tesis de que al ser la administración más cercana al ciudadano es la primera a la que éste recurre, y han que prestarles servicio, aunque se trate de una competencia impropia. En contraposición el portavoz del PP, José Loaiza, ha defendido la ley de racionalización de la Administración Pública impuesta por el Gobierno de Rajoy como instrumento de sostenibilidad, razón por la que su grupo ha votado en contra de ambas propuestas.
Además, el pleno también ha pedido al Gobierno central un plan especial de fomento del empleo agrario y que facilite el acceso a subsidios a los trabajadores, ante las dificultades que presenta actualmente este sector en el plano laboral; a proporcionar a las familias en situación de exclusión un ingreso mínimo; a que desarrolle la normativa que permita a los consistorios cobrar recargos de IBI a viviendas desocupadas según recogen varias sentencias judiciales y a elaborar una Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres, en cuatro propuestas socialistas con el apoyo de todos los grupos menos el de la derecha.
En materia de infraestructuras ha sido aprobada una moción de IU para que la Junta de Andalucía consigne las partidas económicas suficientes en el presupuesto de 2016 para la construcción y puesta en funcionamiento de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Conil, ya que la actual está al límite de su capacidad. Esta actuación fue declarada de interés autonómico por la Junta. La moción también incluye la mejora de la EDAR existente hasta que se pueda contar con la nueva. También una moción del PP ha prosperado de manera unánime para instar a la Junta a que asuma la gestión y dote con equipos y personal al centro de salud de Guadalcacín en cuya construcción participó la Diputación y que fue concluida en junio de 2015.
En otra instancia de los populares a la Junta –como es habitual en el ahora principal partido de la oposición- se ha aprobado que firme nuevos convenios y apoye económicamente en los presupuestos de 2016 a los denominados Municipios Turísticos, que en la provincia son Tarifa, Chiclana, Rota, Chipiona y Conil.
Además, este pleno, a propuesta del PA, ha mostrado su apoyo al demorado proyecto de polígono industrial de Las Aletas, tras las reticencias mostradas por el actual alcalde de Puerto Real. También, a propuesta de IU, todos los grupos han aprobado la participación de la Diputación en la rehabilitación de la antigua iglesia de San Agustín de Medina y su adaptación a museo arqueológico, tras alterar el texto inicial de la moción. E igualmente se ha dado el ok, con el rechazo del PP, la propuesta conjunta de Ganemos Jerez y Por Cádiz sí se puede contraria al Real Decreto 900/2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica, que trata sobre el autoconsumo.
OTROS ASUNTOS
Entre otros puntos del orden del día, este pleno de octubre ha aprobado por unanimidad una nueva edición del principal programa de la Diputación en el ámbito de las infraestructuras y servicios públicos: el Plan Provincial de Obras y Servicios que dispondrá de un presupuesto de 4,3 millones de euros en el año 2016, una cuantía que supone un incremento de 653.000 euros en relación al ejercicio 2015, aún en vigor.
Por otro lado, también sale adelante transferir cerca de 1,3 millones a las entidades locales que afrontan con personal propio la gestión de obras comprendidas en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (Profea, el antiguo PER). Diputación y Junta financian el citado importe que se dedicará a la adquisición de los materiales necesarios para llevar a cabo actuaciones en infraestructuras y servicios públicos.
En otro punto, la sesión plenaria ha validado la constitución del Consejo Provincial de Igualdad, que ya anticipó la presidenta de Diputación, Irene García, en la reciente celebración del Día de la Mujer Rural. El nuevo órgano nace para remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva y el acceso de la mujer a posiciones de liderazgo. Se plantea como una entidad que amparará proyectos empresariales promovidos por mujeres, además de fortalecer el tejido asociativo.
Asimismo, tras validarlo el pleno, se solicitará al Ministerio de Hacienda la aplicación del régimen especial de reintegro del saldo deudor correspondiente a la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) del año 2013. Como sucede con el conjunto de las administraciones públicas, la Diputación recibe esta asignación estatal conforme a una previsión de ingresos tributarios; si, tras ser liquidado el ejercicio, se verifica que el dinero adelantado es superior al que debía corresponderle se resuelve la devolución de la diferencia. En el caso de la institución provincial dicha devolución se cifra en más de 7,7 millones de euros. Se ha reclamado el fraccionamiento del reintegro en 10 años, que comenzaría a hacerse efectivo desde enero de 2016.
Además, el Gobierno de la Diputación ha logrado el respaldo, por unanimidad, en dos campañas: la inclusión del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que se trasladará a la Unesco, y la declaración en defensa de la almadraba promovida ante el Parlamento europeo.
Este pleno mensual también ha conocido la adopción de un programa para el seguimiento y control del funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio. La Diputación presta esta asistencia, destinada a personadas en situación de dependencia, en los municipios con menos de 20.000 habitantes. Este servicio se presta a más de mil usuarios. Con el nuevo programa, el personal técnico supervisará y evaluará si las empresas adjudicatarias del servicio lo desempeñan de acuerdo a los pliegos de contratación.
E igualmente se ha dado luz verde al inicio de la tramitación de un Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Diputación. El documento preliminar establece las pautas para “mejorar al servicio al ciudadano”, conforme a una adecuación del personal que incluya medidas de estabilidad laboral y rejuvenecimiento, una concepción integral de la gestión pública, así como la promoción de una nueva cultura basada en la motivación de la plantilla.
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