El Colegio de Economistas de Cádiz considera que las administraciones públicas son “un factor negativo” para el crecimiento económico y empresarial de la provincia. Esta es una de las conclusiones generales de la encuesta realizada por este colegio profesional a sus asociados en el primer semestre de 2017, sobre el papel de los organismos públicos y su influencia en la economía provincial y como consecuencia del sentir del colectivo en anteriores consultas, donde de pusieron de manifiesto que el nivel de formación, las condiciones del mercado laboral y la coordinación entre administraciones dificultan el desarrollo económico de Cádiz.
En la tercera edición de este informe para conocer la percepción que tienen los profesionales registrados en esta corporación se refleja que el 94% de los consultados opina que existen competencias duplicadas entre administraciones públicas de diferente ámbito territorial como consecuencia de la falta de coordinación legislativa y operativa, mientras que el 87% asegura que estos organismos “afectan de forma negativa a la actividad económica y a las empresas en particular”.
Ante ello, un 91% de los consultados cree necesaria una reordenación y delimitación coordinada de las competencias de las diferentes instancias administrativas y como aspectos más negativos de éstas destacan, por orden, la ralentización de las actividades por falta de agilidad (un 80%), los trámites duplicados o innecesarios (un 75%) y la complejidad normativa en cuanto a tributos, reglamentos, etc. (un 54%).
Respecto a las áreas en las cuales se aprecia una mayor descoordinación entre las administraciones pública, un 46% considera que es la referente a normativas de aplicación a empresa, un 23% opina que es la que concierne a la creación de empresas y un 19% se inclina por los tributos.
Asimismo, sobre la posibilidad de reducir el número de administraciones públicas y el ámbito geográfico de las mismas, el 72% de los miembros del colectivo que ha participado en la consulta, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, considera que deberían reducirse las de ámbito provincial y un 48%, las autonómicas.
En la misma encuesta se desprende que el 50% de los encuestados piensa que las acciones que emprenden los organismos públicos para impulsar el desarrollo de la economía provincial están “mal enfocadas” y el 29% de los mismos afirman que dichas iniciativas son escasas.
Por otra parte, el 64% de los economistas gaditanos opina que es insuficiente la aplicación y regularidad de planes de desarrollo económico provinciales y el 32% piensa que su aplicación no refleja los resultados deseados.
A modo de conclusión, entienden que, además de una reducción de las administraciones públicas, es necesaria “una reordenación de las mismas y una delimitación de sus competencias”, al tiempo en que defienden una simplificación legislativa “encaminada a aumentar la seguridad jurídica en la actividad económica y una mayor implicación de las administraciones en la creación de planes de desarrollo económico más orientadas a la realidad y necesidades de nuestra provincia”, precisan.
FORMACIÓN Y CONDICIONES DEL MERCADO LABORAL
Pero la falta de coordinación entre las administraciones públicas no es el único factor que dificulta el desarrollo económico de la provincia, según los economistas colegiados de Cádiz.
En una encuesta realizada en 2015 ya se ponía de manifiesto que el nivel de formación de la población y las condiciones del mercado laboral afectaban negativamente, aspectos éstos que fueron objeto de consulta entre los colegiados en 2016, mientras que en el primer semestre de 2017 se ha profundizado exclusivamente en las administraciones públicas, dejando para la segunda mitad del pasado ejercicio una segunda encuesta sobre las posibles soluciones a los tres factores que, según los miembros de esta corporación profesional, inciden negativamente en el desarrollo económico provincial.
En este sentido, y como propuestas para aumentar la calidad del nivel de formación en el ámbito provincial, los economistas colegiados sugieren mayoritariamente “el establecimiento de un sistema educativo, estable en el tiempo, que abarque todas las etapas y que fomente valores como esfuerzo, mérito y compromiso”. También plantean potenciar la enseñanza de idiomas, la coordinación entre los planes de estudio y las necesidades reales del mercado laboral con la participación de empresas y colectivos profesionales en la confección de los mismos y, finalmente, el refuerzo de la formación profesional en aquellas ramas que presentan una mayor carencia en la provincia. Más contratación indefinida
En cuanto a las iniciativas para dignificar las condiciones del mercado laboral en el estudio del Colegio de Economistas se sugieren, entre otras, el impulso de la contratación indefinida mediante la reducción de cargas sociales que soportan las empresas; la simplificación de las modalidades de contratación a indefinido, formación y una modalidad temporal, más flexible, con una duración máxima de 3 años. En tercer lugar proponen el establecimiento de un sistema “bonus-malus” que bonifique o penalice las cotizaciones sociales de las empresas en función de la ratio de contratos temporales/indefinidos.
La consulta se ha realizado mediante un cuestionario online que ha permanecido a disposición de los colegiados durante un periodo de tiempo determinado, habiéndose contado con 239 economistas colegiados que desarrollan su actividad en distintos ámbitos, desde profesionales independientes, pasando por economistas que, por cuenta ajena, prestan sus servicios en empresas o instituciones públicas y privadas, así como desempleados y jubilados.
CRECIMIENTO “LENTO PERO CONSTANTE” EN CÁDIZ
En su percepción de la situación económica provincial entre 2015 y 2017, los economistas gaditanos colegiados consideran, en función de su experiencia personal, que se ha producido un “crecimiento positivo sostenido” durante el referido período.
No obstante, si bien en el primer semestre de 2017 consideraban que había una “notable mejora”, esta impresión fue más moderada durante el segundo trimestre del mismo año, en gran parte debido a factores macroeconómicos y políticos que han influido en un cambio de la opinión de los encuestados respecto al sentir del primer semestre.
A modo de justificación, el informe de este Colegio deja claro que “la situación política y social en Catalunya, así como otros factores de la vida política como los niveles de corrupción, tienen una incidencia negativa en el índice de confianza sobre nuestra economía, tanto a nivel nacional como internacional”, y explica que ello ha derivado en la fluctuación del índice de referencia IBEX35 y en el freno de la inversión privada en nuestra país, debido a la incertidumbre política generada.
Para estas corporación profesional, los hechos anteriormente expuestos han surtido un efecto negativo de gran relevancia sobre la economía, “contrarrestando lo magníficos datos macroeconómicos de 2017, que se han caracterizado por un escenario de tipos de interés estables y en mínimos históricos, un aumento de la concesión de créditos, un crecimiento de la economía nacional que mostraba, en el momento de la elaboración del informe, un crecimiento interanual del PIB del 3,1% y unos datos de generación de empleo que igualaban la cifra de ocupados a las del año 2009”.
No obstante, estos factores socio-políticos y otras circunstancias como la alta tasa de temporalidad en el empleo, pese al alto crecimiento de las contrataciones, son un freno para la economía según el Colegio de Economistas de Cádiz que, como claro síntoma de la temporalidad, afirma que para la creación de 611.000 nuevos empleos han sido necesarios 21 millones de contratos. Ello se ve refrendado en el informe anual de 2017 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que, según el mismo colectivo, refleja que sólo el 9% de los contratos laborales firmados en 2017 son indefinidos.
Respecto a la situación económica de Cádiz, y tras un análisis de las respectivas encuestas, la sensación del colectivo es que se observa un crecimiento “lento pero constante”, opinión que se viene consolidando desde la primera encuesta de 2015. De hecho, mientras que en 2015 y 2016 los encuestados que valoraban la situación económica provincial mejor que el año anterior eran entre un 33% y un 37%, respectivamente, el porcentaje colegiados que en 2017 tenía la misma opinión se incrementó al 52%.
Finalmente y en cuanto a la previsión de la evolución económica a corto plazo, los resultados de la encuesta concluyen que existe un repunte de la percepción de mejora con respecto a 2016 y que el 60% de los encuestados opina que la situación económica será igual para el presente ejercicio, mientras que un 38% opina que mejorará durante 2018.
