Sevilla ha acogido la constitución de la mesa institucional a favor del desdoble de la carretera N-IV, que soporta una alta siniestralidad, y la liberalización de la autopista AP-4, que une las provincias sevillana y gaditana y que supone un lastre económico que penaliza el desarrollo de la provincia más al sur, la única andaluza que no cuenta con un enlace por autovía gratuito con la capital andaluza. En esta plataforma participan inicialmente ambas diputaciones y ayuntamientos de las localidades afectadas.
La Diputación de Sevilla acogió este martes la constitución de la mesa institucional a favor del desdoble de la carretera Nacional IV (N-IV) y la liberalización de la autopista AP-4, que une las provincias sevillana y gaditana.
Un encuentro en el que intervino el responsable del área de Concertación de la Corporación provincial sevillana, José Barroso; alcaldes y concejales de ayuntamientos de las dos provincias; así como representantes de UGT y CCOO. Además, la Diputación de Cádiz ha estado representada por la diputada Elena Amaya, quien espera que “de una vez se solvente un problema histórico que afecta a la ciudadanía de la provincia y que requiere de toda la dedicación de las administraciones públicas”.
En la reunión, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha acordado reclamar al Ministerio de Fomento el desdoble completo de la N-IV. En la actualidad se ejecutan obras para la conversión de la autovía del tramo Dos Hermanas-Los Palacios, si bien a un ritmo “muy lento” según concluyeron estos representantes públicos. Se reivindica, por tanto, agilizar el ritmo de estas obras y la consignación de una partida económica suficiente, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para afrontar el desdoble entre Los Palacios y Jerez.
Además, la plataforma también solicita a Fomento que emprenda negociaciones con la concesionaria de la autopista AP-4 conducentes a la supresión del peaje durante el plazo de ejecución de las obras en la carretera nacional. Al respecto se va a solicitar una reunión con responsables ministeriales para exponerles estas demandas y reclamar compromisos “claros y verificables”. Los equipos de gobierno de ambas diputaciones (con presidencias del PSOE) y los ayuntamientos afectados reclaman la liberalización de la autopista, sin que se vuelvan a aplicar prórrogas más allá del término de la concesión, fijado el 31 de diciembre de 2019. Algo a lo que, se supone, el PP se ha comprometido.
Las instituciones concertadas han acordado convocar una concentración de protesta el 3 de noviembre ante el Ayuntamiento de Los Palacios. También pretenden incorporar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) a la plataforma. A la nueva mesa también se adherirán la Diputación y consistorios de la provincia de Huelva.
Las expectativas de estas entidades públicas seguirán debatiéndose en diferentes asambleas plenarias. De hecho, se plantearán dichas reivindicaciones en el pleno de este mes de octubre de la Diputación gaditana a través de una propuesta socialista. En la moción se expone un motivo esencial para desdoblar la Nacional IV: la alta siniestralidad de esta vía, donde han fallecido cien personas en los últimos 15 años en accidentes de tráfico. Se estima que esta envejecida vía soporta 8 millones de desplazamientos al año.
Las reclamaciones también tienen un móvil económico, ya que Cádiz es la única provincia andaluza sin conexión con Sevilla por autovía gratuita. La alternativa a la N-IV es la autopista de peaje que supone un coste, para turismos, actualmente de 7,20 euros por trayecto. Un lastre económico que penaliza el desarrollo de la provincia tal como han reprochado repetidamente la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y los sindicatos UGT y CCOO, entre otras organizaciones.
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