Con el respaldo de PP, su actual socio La Línea 100×100 e Izquierda Unida (ha mantenido su “voto de confianza”), y el rechazo del PSOE, la Diputación de Cádiz ha aprobado de forma definitiva su presupuesto para 2025 (con más de un mes de retraso), tras desestimarse las alegaciones presentadas al documento tras su visto bueno inicial en las últimas horas de 2024. Entrará en vigor en los próximos días, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
“Son los presupuestos más altos de la historia de la Diputación, los más sostenibles y los más inversores”, ha vuelto a vender en el pleno extraordinario de este lunes la presidenta Almudena Martínez. Así, ha insistido en que “se dedica más presupuesto que nunca al Área Social, al empleo y al Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT)”. Por lo tanto, “son acordes al desarrollo de la provincia” y lo que es más importante, “son unos presupuestos que atienden a las necesidades de Cádiz”.
Mientras, para el PSOE, principal partido de la oposición, se trata de “el más alto y peor invertido y aprovechado porque lo han convertido en un reparto de poder; un presupuesto que tiene recursos, capacidad, pero nula voluntad política”. Así, se considera que es “poco ambicioso” ya que se podrían haber destinado partidas concretas para dar respuesta “a los principales problemas, como el empleo o la vivienda”. “No es un buen presupuesto para la provincia”, se sentencia.
Las cuentas consolidadas, agrupando las previsiones de organismos autónomos y empresas, suman 389,4 millones de euros, es decir, 51 millones más que en 2024 y 66 millones más que en 2023.
Desde la derecha se vuelve a poner el foco en que en su presupuesto (una cosa es lo que pone en el papel y otra lo que se termina ejecutando en la realidad) se destinan 81,3 millones de euros a inversiones (casi un 20% más) y 64,8 millones a desarrollar políticas sociales. Iniciativas como un Plan Integral de Transición Ecológica, una Oficina de Grandes Eventos, el Plan de Inversiones en Comarcas de Ámbito Rural y el refuerzo del programa DipuInnova Plus son algunas de las novedades que se destacan.
Además de la aprobación definitiva del documento presupuestario para el actual ejercicio, también han sido desestimadas las reclamaciones presentadas a la aprobación de la modificación de la plantilla de personal de la Diputación, se recoge en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz.
“ESTA FASE ES MÁS TÉCNICA QUE POLÍTICA”
En el pleno, el portavoz del Gobierno provincial y del PP, Juan José Ortiz, ha aclarado que la desestimación a las alegaciones presentadas (por el PSOE y los ayuntamientos de El Gastor y San José del Valle) se realiza de acuerdo a un informe técnico elaborado por el Área de Economía y Hacienda, fundamentado a su vez en la normativa sobre haciendas locales.
Ortiz ha expuesto los tres motivos de impugnación que la norma recoge durante esta fase del procedimiento: que su elaboración y aprobación no se haya ajustado a los trámites establecidos en la ley; que se haya omitido el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local; o que los ingresos sean insuficientes en relación a los gastos presupuestados.
“Ninguna de las reclamaciones presentadas responde a los preceptos mencionados y exigidos por la ley. En esta fase el componente es más técnico que político. Las alegaciones que se pueden presentar están muy tasadas. El informe técnico propone rechazarlas ya que no se encuadran en las excepciones recogidas en la Ley de Haciendas Locales”, ha repetido el también concejal popular en el Ayuntamiento de la capital.
Como réplica, la portavoz del PSOE, Ana Carrera, ha lamentado que las alegaciones sean desestimadas “sin ni siquiera entrar a debate o intentar llegar a un acuerdo”. Un argumento al que ha respondido Ortiz haciendo hincapié en que lo que pretende el principal partido de la oposición es “plantear un debate político, legítimo, pero que no corresponde en esta fase”.
Las alegaciones socialistas planteaban inversiones para empleo o vivienda, pero también para formación en sectores estratégicos, atajar los problemas de agua con infraestructuras hídricas, planes para mejorar las carreteras, otro para la mejora del transporte público urbano, un plan de cooperación local así como la dotación de presupuesto para el campus de excelencia profesional de El Madrugador en El Puerto de Santa María.
