La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno ordinario de noviembre, una sesión en la que han salido adelante todas las proposiciones presentadas por los partidos (sobre trenes, el desdoble de la N-340, las residencias de Tiempo Libre, el acceso a la vivienda o el genocidio en Palestina): de las ocho sometidas a votación, cinco han alcanzado la unanimidad.
Además, uno de los puntos más calientes de la mañana ha girado otra vez alrededor de la distribución controvertida de más de 30 millones del remanente de tesorería, un dinero sobrante que, a diferencia del anterior ejecutivo socialista que repartía los fondos entre todos los ayuntamientos de la provincia en base a su población, el nuevo Gobierno de derechas presidido por Almudena Martínez ha decidido que beneficie sólo a una serie de municipios, y curiosamente, la gran mayoría con alcaldes del PP (y de La Línea 100×100, su socio), entre ellos Jerez, El Puerto y Algeciras.
Así, este pleno ha acordado desestimar (con votos del PP y el partido linense, y la abstención de IU) las alegaciones presentadas a la aprobación en septiembre de dicho reparto de fondos, que el PSOE considera sectario y partidista. Las alegaciones, que reclamaban la revocación del acuerdo y la nulidad de la declaración de urgencia por la que se tramitó, han sido presentadas por los socialistas y diferentes portavoces municipales de dicha formación política.
El vicepresidente primero de la Diputación, Juan José Ortiz, ha tratado de defender los motivos de la desestimación, exponiendo básicamente el contenido de informes emanados desde la Intervención de Fondos, la Secretaría General, la Asesoría Jurídica y la dirección del Área de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa.
Según los informes aludidos, el expediente se ha tramitado de manera rigurosa incluyendo las propuestas de los servicios, las memorias justificativas de la necesidad de la modificación presupuestaria así como los informes de control financiero del órgano interventor. En los argumentos de la desestimación también se expresa que los fondos habilitados no conformaban un expediente de subvenciones, por lo que no se pueden aplicar las bases que regulan este tipo de convocatorias.
Frente a ello, Juan Carlos Ruiz Boix, ejerciendo de portavoz socialista, ha lamentado que la respuesta por parte del Gobierno provincial a las alegaciones se haya centrado en cuestiones formales, sin llegar a entrar en el fondo de la cuestión sobre el incumplimiento de la Ley de Subvenciones al no publicarse las bases del reparto y de los artículos 14 y 24 de la Constitución sobre la igualdad.
Según el ahora principal partido de la oposición, “debería de haberse realizado un uso adecuado, equilibrado de los fondos públicos de esta casa con destino a las competencias que le son propias”. Y en este sentido, se critica el caso omiso que han hecho “al expediente con el mayor número de alegaciones de la historia por parte de municipios que se han sentido ofendidos y maltratados en ese reparto discrecional y arbitrario”. “Mi trabajo es defender los intereses de los gaditanos y confrontar con los partidos políticos”, ha dicho el también expresidente de la Diputación, precisando que “no se trata de cuestionar informes técnicos que se han centrado exclusivamente en la legitimación activa de los solicitantes y la motivación de la urgencia”.
EL PP INSTA AL GOBIERNO DE ESPAÑA
En el apartado de las mociones políticas, la movilidad ha sido protagonista de tres de las presentadas por el PP a este pleno mensual, y como es habitual, todas mirando al Gobierno de España. Una de ellas (con el rechazo del PSOE) insta a impulsar el Pacto por el Ferrocarril. Su fin es que se revise de forma urgente el mapa ferroviario de Andalucía y se impulse la planificación, redacción de proyectos, licitación y ejecución de las obras de las infraestructuras ferroviarias de la comunidad autónoma necesarias para alcanzar la total interconexión entre todas las provincias con especial atención al Campo de Gibraltar.
La segunda propuesta en materia de movilidad de la derecha sí ha alcanzado la unanimidad y hace referencia a una reivindicación histórica de la provincia: el desdoble de la N-340. Por ello se ha instado al Gobierno central a priorizar y llevar a cabo su conversión en autovía entre Vejer y Algeciras, con el objetivo de mejorar la conectividad y eliminar uno de los puntos negros más conflictivos de red vial de la provincia.
Y la tercera, igualmente aprobada con el apoyo de todos los diputados presentes, insta al Gobierno a no implantar nuevos peajes en las autovías y a que realice aquellas actuaciones necesarias para mejorar las conexiones de la provincia con la tramitación urgente del tercer carril de la autopista y la inclusión en su extensión de Jerez, así como el desdoble de la N-IV.
Y EL PSOE INSTA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Y si los populares centran sus mociones en reclamar al Gobierno de España (en manos del PSOE y Sumar), el PSOE no es mucho más original, y sólo exige a la Junta de Andalucía (con Gobierno del PP).
Así, pese a la abstención de los conservadores, ha salido adelante la propuesta de reclamar la gestión pública de la Residencia de Tiempo Libre El Burgo, ubicada en La Línea; se ha instado a la Junta a garantizar la estabilidad laboral de todo el personal y que no se lleve a cabo el anuncio realizado de una posible cesión a una entidad privada de la gestión de estas residencias de Tiempo Libre.
También ha sido secundada por todos los grupos otra proposición socialista relacionada con infraestructuras de prestación de servicios sociales. En este caso se solicita al Ayuntamiento de Barbate que ofrezca los terrenos necesarios para llevar a cabo la construcción y equipamiento de una residencia de mayores, y a la Junta, el concierto social de plazas, en una operación a tres bandas en la que también participaría la Diputación.
Mientras, la tercera propuesta del PSOE insta a la Junta a estudiar las necesidades y acometer las mejoras necesarias la residencia escolar Rancho de Colores en Jerez destinada a alumnos con problemas de audición. Para ello se le pide realizar un informe técnico urgente que certifique que estos centros tienen todas las garantías y condiciones de seguridad para su uso y si no, busque alternativas para la reubicación del personal y alumnado, además de pedir a la administración competente que estudie la realización de obras de reparación y mejora del vial de acceso a ambos centros.
APOYO AL PUEBLO PALESTINO, PESE AL PP
La unanimidad también ha aparecido al tratar uno de los temas que más afecta a las diferentes localidades de la provincia: el acceso a la vivienda. Una proposición de IU, que finalmente ha sido sustituida por una enmienda del PP (“en aras de lograr el máximo consenso posible”, apuntan los izquierdistas) ha instado a la Junta a “continuar impulsando políticas para facilitar el acceso a la vivienda para personas jóvenes, ampliar su parque público de viviendas y reforzar los programas de acceso a primera vivienda e instar a la Entidad Pública Empresarial de Suelo, a impulsar el proyecto de construcción de vivienda social, de 1.500 viviendas pactado con AVRA y pendiente desde 2018”.
Y en este pleno también ha estado presente el genocidio del Estado sionista de Israel sobre Palestina. IU ha logrado sacar adelante su propuesta (con el PP lavándose las manos, absteniéndose), en la que se muestra solidaridad con el pueblo palestino, exige un alto el fuego, pide que se facilite la llegada de ayuda de alimentos, medicinas, combustibles y suministros básicos a la Franja de Gaza y condena los ataques del ejercito israelita que están causando una grave crisis humanitaria en la región.
“Aquí no cabe la equidistancia ni la ambigüedad, sino el posicionamiento claro sobre un auténtico genocidio que está cometiendo Israel”, ha remarcado el único diputado provincial de IU, Ramón Galán; quien también ha reclamado el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y el reconocimiento de las fronteras establecidas en 1967, internacionalmente aceptada.
OTROS PUNTOS
Por otro lado, en este pleno de noviembre de la Diputación gaditana se ha leído un manifiesto institucional por el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que enfatiza en la necesidad de que las personas que forman parte del entorno cercano de las víctimas, que suelen conocer si una mujer sufre violencia machista, se impliquen en la denuncia ante las autoridades.
Entre otros puntos de gestión, según el relato trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha dado luz verde a iniciar el expediente para contratar el servicio de ayuda a domicilio en 25 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes, llegando a unas 4.000 personas usuarias. Esta decisión ha sido adoptada con los votos favorables del PP y La Línea 100×100, la abstención de IU. En una próxima sesión plenaria se planteará la aprobación del pliego de condiciones técnicas.
Y por unanimidad se han validado dos modificaciones presupuestarias cifradas en casi 1,2 millones de euros, entre créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Este montante se financia a través de bajas por anulación de algunas partidas más fondos procedentes del remanente de tesorería para gastos generales. Con este paso se podrá costear, por ejemplo, esos 800.000 euros de más que la Diputación se ha visto obligada a poner en su programa de bonos ‘Cádiz Vale Más’, dotado inicialmente de 2 millones, al no prever que todo el dinero se iba a consumir antes de poder beneficiar a las poblaciones con mayor población.
