La operación ‘Repícaro’ contra el fraude a la Seguridad Social ha permitido desarticular, tras la remisión a la Fiscalía de los preceptivos informes y a la actuación de la Guardia Civil, un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero. Se ha procedido, por el momento, a la puesta a disposición judicial de 195 personas, entre beneficiarios de los contratos, entramado criminal y el máximo responsable, un jerezano, realizando detenciones en varios puntos del país, pero sobre todo en la provincia de Cádiz. Quienes pagaban por la obtención de estos contratos en empresas ficticias buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo.
Una operación contra el fraude a la Seguridad Social, descubierta por la actuación de la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social, ha permitido desarticular, tras la remisión a la Fiscalía de los preceptivos informes y a la actuación de la Guardia Civil, un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero.
Se ha procedido, por el momento, a la puesta a disposición judicial de 195 personas, entre beneficiarios de los contratos, entramado criminal y el máximo responsable, realizando detenciones en Cádiz, Madrid, Sevilla, Ceuta, Jaén y Las Palmas de Gran Canaria. Hasta el momento hay 62 detenidos y 133 imputados, 127 de los cuales son de la provincia gaditana, al igual que todos los detenidos.
Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado.
La operación se ha desvelado precisamente en Cádiz. El subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, ha manifestado que “la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social es una prioridad para el Gobierno” y ha indicado que los primeros perjudicados por este tipo de infracciones son los propios trabajadores, a quienes no se respetan sus derechos laborales; en segundo lugar, las empresas que sí cumplen la normativa, por competencia desleal de las que no lo hacen y, por último, las administraciones y por extensión, el conjunto de la sociedad, ya que lo defraudado son fondos públicos.
‘Repícaro’ se llama esta operación desarrollada en el marco de las actuaciones que la comisión antifraude de la provincia viene propiciando, y se inició al detectar los sistemas informáticos de la Tesorería y de la Inspección de Trabajo nueva actividad por parte de alguno de los imputados en operaciones anteriores. Un total de 221 movimientos de altas y bajas de 78 trabajadores, contratados por cuatro empresas ficticias, fueron comunicados a la Fiscalía.
Las investigaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, llevadas a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, descubrieron la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino jerezano, que estaría creando empresas fantasma.
Esta operación está vinculada a la anterior ‘Relisto’ (con 422 detenidos, puestos a disposición judicial), realizada el pasado mes de enero, en la que se investigó la misma practica delictiva y en la que también estaban implicados los ahora investigados. Una operación anterior, denominada ‘Picones’, desarrollada en junio de 2012, permitió la detención y puesta a disposición judicial de otras 304 personas por hechos similares.
HASTA CUATRO EMPRESAS FICTICIAS
El entramado criminal ahora investigado llegó a montar hasta cuatro empresas (dos de limpieza, una de construcción y una del taxi), teniendo una gran cantidad de trabajadores en su nómina. Al ser actividades que no tienen un lugar fijo de trabajo, representaron una mayor dificultad para las averiguaciones de la Inspección.
Según informan desde Subdelegación en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose en que no tienen actividad de ingresos/gastos de bienes o servicios, por lo que queda patente que se trata de empresas simuladas, creadas con el único fin de dar de alta a falsos trabajadores con el fin de obtener prestaciones por desempleo o para la obtención de situaciones penitenciarias favorables.
Por medio de este sistema delictivo, este entramado, y sobre todo su líder, obtenía “cuantiosos beneficios económicos”, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas, se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas del mismo. Además a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales, retenciones a cuenta, etc., cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la administración.
De esta manera, se calcula que se ha ocasionado un gasto a la administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos superior al millón de euros. Se han recuperado 584.000 euros por parte del Servicio Público de Empleo Estatal en prestaciones cobradas o que se iban a cobrar, y se ha impuesto una sanción de 537.000 euros a estas cuatro empresas. El proceso administrativo sancionador queda en suspenso hasta finalizar la vía judicial.
Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda la geografía nacional, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, ha contado con el apoyo de las distintas Comandancias, todo ello para la puesta a disposición judicial de las 195 personas implicadas en esta operación, continuándose las investigaciones sobre otras personas.
Así, ‘Repícaro’ continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones por estos hechos, al haberse practicado registros que han aportado nueva documentación a las investigaciones.
“MUCHAS HORAS DE ANÁLISIS”
Esta investigación ha tenido un alto grado de dificultad, que ha supuesto un esfuerzo importante por parte de la Tesorería, la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil. En la provincia de Cádiz hay registradas 57.000 empresas: el 80% son empresas de trabajadores autónomos sin empleados (28.700) y hay 18.000 pymes (pequeñas y medianas empresas) con uno o dos trabajadores. Esto significa que establecer los filtros y controles necesarios de alerta para detectar situaciones de empresas ficticias es “un trabajo arduo y que exige muchas horas de análisis por parte de los funcionarios”.
