La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Cádiz una organización dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos y a la explotación laboral. Las víctimas eran captadas en Honduras, de donde eran originarias y donde les proporcionaban toda la documentación necesaria para viajar a España.
Una vez que llegaban a territorio español, se les retiraba el pasaporte y se les exigía el pago de una deuda que oscilaba entre los 4.000 y los 6.000 euros. Para hacer frente a esa deuda, eran explotados en dos empresas dedicadas al cuidado de personas dependientes. Trabajaban sin contrato y sin ser dadas de alta en la Seguridad Social, “con largas jornadas de trabajo y un salario ínfimo”.
Según relata la Policía en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la investigación comenzó gracias a la denuncia de varias personas que decían ser víctimas de una organización que les explotaba laboralmente. Los agentes pudieron corroborar la presencia en la provincia gaditana de dicha organización criminal.
UNA MUJER Y SU HIJO, LOS CABECILLAS
Los cabecillas de la trama eran una mujer y su hijo (de origen hondureño y nacionalidad española), que eran los encargados de captar en el país centroamericano a personas en situación vulnerable, a quienes ofrecían un trabajo en España. También eran los responsables del traslado, realizando todos los trámites necesarios para la adquisición de los billetes de viaje, pasaportes y cartas de invitación.
Las víctimas eran recibidas en Madrid en el aeropuerto de Barajas por otro miembro de la organización que las trasladaba hasta Cádiz. Allí eran alojadas en un piso alquilado por el entramado, donde les retiraban el pasaporte y cualquier otra documentación que poseyeran. Además, les comunicaban que habían contraído una deuda que podía oscilar entre los 4.000 y los 6.000 euros.
La explotación laboral de estas mujeres se producía a través de dos empresas ubicadas en la provincia dedicadas al cuidado de personas mayores o impedidas, propiedad de varios miembros de la organización. Las víctimas solían trabajar como internas en los domicilios de las personas que cuidaban, obligadas a hacerlo sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, con largas jornadas de trabajo, sin apenas descansos y salarios muy reducidos.
Tras analizar toda la información recopilada, se pasaba al registro de dos domicilios en Chiclana y la detención de ocho personas, donde se intervenían 1.000 dólares, 500 euros y abundante documentación probatoria. Los dos cabecillas han ingresado en prisión preventiva.
La Policía Nacional aprovecha esta operación para recordar que cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, “anónima y confidencial”, de este tipo de delitos.
