Este servicio está encargado de cubrir las situaciones de alto riesgo y accidentes en la provincia, sin embargo desde antes de 2018 padece “graves carencias de personal”. “Mientras las demandas han ido aumentando, la plantilla ha ido mermando, pasando de cinco asesores técnicos a dos desde 2020”, alertan desde la Junta de Personal de Funcionarios.
La Junta de Personal de Funcionarios de la Junta de Andalucía en Cádiz ha alertado de la “lamentable situación” del Servicio de Emergencias y Protección Civil encargado de cubrir las situaciones de alto riesgo y accidentes (coordina los servicios del 112, 061, bomberos, etcétera) en la provincia, que “ocupa una superficie de casi 8.000 kilómetros cuadrados, con tres zonas industriales sobresaliendo el polo petroquímico del Campo de Gibraltar con industrias químicas y un alto riesgo de accidentes de consecuencias imprevisibles, unido además a una amplia zona forestal”.
Pero esta denuncia no es nueva, se asegura que se viene reclamando a los distintos delegados de Gobierno de la Junta (del PSOE antes, y del PP ahora) soluciones para “las graves carencias de personal que, desde antes de 2018, padece este servicio”.
Para esta Junta de Personal, según subraya en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, es “lamentable” que la solución que se pretenda dar a estos problemas desde el actual Ejecutivo autonómico de derechas sea la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, “y nos preguntamos mientras tanto, cómo y cuándo van a resolver los problemas de escasez de efectivos en un servicio tan esencial, y retomar las negociaciones ya iniciadas de cuadrantes de las jornadas presenciales y guardias localizadas, sin que los trabajadores vean mermados sus derechos tanto al descanso como a la tan vendida conciliación familiar del PP en la Junta, aún altamente deficitaria”.
“CRECEN LAS DEMANDAS Y NECESIDADES MIENTRAS MENGUA LA PLANTILLA”
La representación sindical de la plantilla insiste en que la “situación de peligro en que se encuentra la población de Cádiz” ha sido expuesta en numerosas ocasiones ante el Secretario General de Gobierno de la Junta de Andalucía. Sin embargo, “los responsables del Servicio de Emergencias y Protección Civil junto con el actual Secretario General, unido a la nula implicación de la delegada del Gobierno Mercedes Colombo, llevan tiempo intentando solventar esas carencias principalmente de personal, sobrecargando de trabajo a los dos únicos asesores técnicos que existen en la provincia, con la implantación de jornadas de guardia de 24 horas sin descanso, y provocando el estrés laboral sobre los mismos”.
“No debemos olvidar que han sido aprobados los Planes de Emergencia relativos a inundaciones, incendios forestales, transporte de mercancías peligrosas, contaminación del litoral, movimientos sísmicos y de las industrias químicas; y para ello se requiere de una plantilla suficiente que sea capaz de garantizar con plena solvencia la coordinación y gestión de emergencias in situ en nuestra provincia”, se reitera.
Insiste esta Junta de Personal que mientras las demandas y necesidades han ido aumentando año tras año, por el contrario, la plantilla del Servicio de Emergencias y Protección Civil de Cádiz ha ido mermando, “pasando de cinco asesores técnicos a dos desde el año 2020, sobre los que se ha hecho recaer el máximo esfuerzo, en detrimento tanto de la calidad del servicio como de la salud laboral y los derechos de los trabajadores al descanso y a la conciliación con su vida personal y familiar”.
LA “PARALIZADA” NEGOCIACIÓN DE LOS CUADRANTES DE JORNADA
Finalmente, se resalta la “opacidad” demostrada por la actual delegación del Gobierno andaluz en la provincia ante los continuos requerimientos de esta Junta de Personal respecto a “la negociación obligatoria de unos cuadrantes de jornada racionales”, paralizada hoy en día “sin justificación alguna” por la Secretaría General de esa delegación.
Cuadrantes de los que se derivan además las cantidades percibidas en concepto de productividad, “en donde un cambio de criterio en la distribución de este complemento, adoptado unilateralmente por los responsables del Servicio de Emergencias y Protección Civil, en contra de la propia regulación de la consejería y de sus asesores técnicos, les ha supuesto un notable incremento de dicha productividad por encima de los límites establecidos”, se apostilla.
