Ustea ha denunciado la “apabullante carencia” de profesionales de educación especial en los centros educativos de la provincia de Cádiz. Y es que, según este sindicato, a estas alturas siguen sin cubrirse 900 horas de las 1.175 solicitadas para este curso por los equipos de orientación educativa.
De este modo, a punto de finalizar el primer trimestre del curso 2017/2018, más de tres cuartas partes del cupo necesario “sigue sin estar atendido”. En la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía achacan parte del retraso a ciertas dificultades técnicas al gestionar los contratos de este tipo de personal, “pero, sin duda, desde principios de curso ha pasado ya un tiempo razonable para que se solventaran”. La delegada Remedios Palma aseguró tener constancia de todos los casos gracias a la Junta de Personal celebrada hace más de un mes, “pero la situación apenas ha cambiado”, se queja Ustea.
Los profesionales técnicos de Integración Social (PTIS), a los que se llama monitores y no profesionales desarrollan una labor indispensable como garantes de la atención a la diversidad, “principio que supuestamente enarbola el PSOE Andaluz”. A este colectivo de trabajadores, agrega este sindicato, “debería darles categoría de profesionales para dar el valor real de su trabajo, pues desempeñan una labor fundamental en los centros educativos, acompañan y están a cargo del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), colaboran en su bienestar en el aula, en el desarrollo de su autonomía y en la integración con sus compañeros. Hablamos de alumnado con discapacidades físicas, psíquicas o ambas que sin la asistencia de este personal puede sufrir dificultades para comunicarse, comer, ir al baño y desplazarse. Además, las personas PTIS también actuarían frente a riesgos de exclusión, discriminación, problemas de género y cualquier situación que se plantease”.
En este contexto, Ustea Cádiz pide que estos puestos de centros públicos los ocupen personal laboral contratado mediante convocatoria pública y con la garantía del requisito de una formación específica como Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). “A esto añadimos nuestra denuncia a la práctica habitual de externalizar el servicio a empresas privadas sin que medie un criterio claro a la hora de asignarlas a un centro concreto y no a otro. También se desvía la papeleta hacia la consejería, esta mira hacia otro lado, pues parece tener otras prioridades presupuestarias. En todo caso, se debería presionar cada día para cubrir estas necesidades desde el servicio de Planificación Educativa de Cádiz ante esta situación insostenible”.
Además, se anota en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “no se trata de enviar un profesional a partir de un número de alumnos determinado. Una sola chica con necesidades educativas especiales puede requerir atención especializada y exclusiva durante toda la jornada escolar, y eso es un derecho, no un lujo, pero resulta que hay que recordarlo”. Por eso, puede que haya centros capaces de salir adelante con un PTIS para un número equis de alumnos, pero otros necesitarán un segundo profesional aun teniendo menos estudiantes con NEE. O como mínimo, una ampliación horaria.
Es más, los propios PTIS “se ven muchas veces abocados a trabajar el doble en la mitad de tiempo, con horarios a media jornada o con menos horas aún, repartiéndose a veces incluso entre dos centros”. Al respecto, se denuncia que “todo esto supone una precarización de su trabajo y una flagrante devaluación de la enseñanza, en particular, de la atención a la diversidad”. Y “aún no hemos hablado del último parche posible, el más lamentable de todos: la no escolarización del alumnado afectado durante determinadas horas del día”.
ALGUNOS EJEMPLOS EN LA BAHÍA
Ustea pasa a relatar algunos ejemplos de esta situación, “que sólo son la punta del iceberg de un problema que afecta, ante todo, a los colegios de infantil y primaria”.
En Puerto Real solicitan PTIS el CEIP Elvira Lindo, el CEIP Reyes Católicos (que cuenta con alumnado invidente y dos autistas en la misma clase) o el CEIP Río San Pedro, en donde cursa sus estudios un niño con espina bífida sin profesional durante dos horas al día.
En San Fernando, el CEIP Juan Sebastián Elcano, que tiene sin atender correctamente alumnado con necesidades asistenciales de alimentación, deambulación e higiene.
En Chiclana, el CEIP Carmen Sedofeito, que también necesita más atención, o el CEIP El Trovador, donde el número de chicos con NEE es “realmente elevado”, incluso para las monitoras del centro donde además hay un niño de educación infantil que necesita atención permanente.
En el caso de Cádiz capital destaca la situación del CEIP Adolfo de Castro, que sólo tiene un monitor externalizado a media jornada.
Mientras, en Jerez se repiten estas carencias en el CEIP Tartessos, en el CEIP Gloria Fuertes (aunque la Junta insiste en llamarle colegio José María Pemán), en el CEIP Elio Antonio de Nebrija, con un número muy elevado de alumnado con autismo; o en el CEIP Montealegre, que tiene dos PTIS, pero una de ellas ejerció su derecho a un permiso de flexibilización horaria que luego no fue cubierto en modo alguno.
Este sindicato considera que todo esto ocurre “por aplicar los recortes sobre lo último que debería aplicarse: la atención a la diversidad”. Sin embargo, esta desatención “no acaba aquí”. Ustea afirma que “también podríamos hablar de barreras arquitectónicas, del lento desarrollo de los programas de acompañamiento, de la ausencia de trabajadores sociales, o de las dificultades propias de los equipos de orientación, en especial, de los maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje”.
“Los principales afectados son los alumnos con necesidades educativas especiales, que no reciben la atención que debieran, por más autocomplacencia que muestre la Junta en estos temas. Pero también los Profesionales Técnicos de Integración que se quedan sin trabajo, los docentes que han de dejar de lado otras tareas, y al final, en su conjunto, toda la comunidad educativa, que en algunos lugares, agotadas las vías administrativas y la paciencia, están organizando inminentes movilizaciones que contarán, por supuesto, con todo el apoyo de Ustea Cádiz”, se subraya.
“LA PREOCUPACIÓN POR MEJORAR LA EDUCACIÓN ES PURO POSTUREO”
“Es una vergüenza que la delegación territorial de Educación haya dejado pasar prácticamente todo el trimestre para no cubrir las 900 horas de atención al alumnado con necesidades educativas”, lamenta igualmente la parlamentaria andaluza de Podemos y portavoz de Educación, Libertad Benítez, a partir de la denuncia de Ustea. “Esta práctica de dejar meses y meses sin atender al alumnado que más lo necesita demuestra, en primer lugar, que el aumento de los presupuestos en Educación es ficticio, y que la preocupación por mejorar la Educación, es puro postureo”.
Ante esta situación, la formación morada manifiesta que “siempre hemos apostado por mejorar la calidad de la atención educativa de estos menores, mejorando también las condiciones laborales de las trabajadoras”, algo que pasa “irremediablemente” por “revertir la externalización de este servicio, tan esencial para la integración del alumnado, y por aumentar la inversión para la mejora de la atención a la diversidad en Andalucía”.
Así las cosas, Benítez insiste en rescatar “nuestra propuesta de Ley del 5% porque, ante estos casos, consideramos que es urgente y necesario que se apruebe de una vez por todas”.
Y CSIF DENUNCIA LA FALTA DE PERSONAL NO DOCENTE
Paralelamente, CSIF quiere denunciar públicamente la “grave” falta de cobertura de plazas del personal de Administración y Servicios en los centros educativos de la provincia. Según los datos trasladados por delegación territorial, del pasado 28 de noviembre, son 213 plazas las que están por cubrir, de los cuales 136 son funcionarios y 77 corresponden a personal laboral. Además, la propia Delegación tiene 45 vacantes de personal funcionario y tres laborales.
Según dichos datos, actualmente hay 15 institutos gaditanos sin personal administrativo, de modo que son trabajadores de otras categorías las que realizan sus funciones (normalmente, durante más de seis meses, que es lo que marca el convenio colectivo como máximo para este tipo de excepcionalidad). A esto hay que sumar 11 institutos, en los que, con más de 900 alumnos, sólo cuentan con un único administrativo.
Para este sindicato, esta situación, además de perjudicar el servicio de atención al alumnado, afecta a los empleados públicos, “que se ven obligados a realizar un sobreesfuerzo físico y mental para mantener los servicios de calidad que han de prestar tanto en la delegación como en los centros educativos de la provincia”.
Del mismo modo, CSIF también denuncia la “lentitud” en la cobertura de las sustituciones temporales que se producen por incapacidad temporal u otros motivos entre el personal laboral (suelen tardar unos 15 días en ser cubiertas). En cuanto al personal funcionario, “la situación es aún peor, pues apenas se cubren”. Una situación convertida ya un problema estructural y crónico “que la administración educativa no acaba de solucionar”.
