Bajo el lema ‘La Junta no cumple’, delegados de CSIF se han concentrado este miércoles por toda Andalucía para denunciar el incumplimiento del acuerdo firmado en 2018 por parte de la Junta (entonces todavía con el PSOE en el gobierno), con el que se pretendía recuperar las ayudas de Acción Social y el pago de la parte autonómica de las pagas extra detraídas a los empleados públicas de sus nóminas en los ejercicios 2013 y 2014, por imposición del Gobierno de España entonces en manos de la derecha, con Mariano Rajoy de presidente.
En la provincia de Cádiz, la protesta se ha desarrollado en la capital ante la delegación del Gobierno andaluz. Allí el presidente de CSIF Cádiz, Enrique Estévez, ha lamentado que Andalucía “es la única comunidad autónoma que aún no ha devuelto a sus empleados públicos los derechos sociales que les quitaron durante la crisis económica de hace ya más de una década”.
Esta movilización tendrá continuidad el próximo 4 de octubre en Sevilla, ante el Palacio de San Telmo, con una concentración de delegados sindicales de todas las ocho provincias.
Estévez apunta en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “se trata, simplemente, de falta de voluntad política de no cumplir con lo acordado en 2018, a pesar de que el personal de la Junta de Andalucía ha estado cumpliendo, con creces, sus funciones durante y tras la pandemia del Covid, y a pesar de la falta de medios y personal constante en todas las administraciones”.
“HA LLEGADO EL MOMENTO DE QUE ALCEMOS LA VOZ”
El Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones del trabajo del personal del sector público recogía tanto la recuperación de las ayudas de Acción Social (que dejaron de concederse en 2011) como la restitución de las cantidades dejadas de percibir en los conceptos de pagas adicionales o complemento específico (de los ejercicios 2013 y 2014).
Todas las comunidades autónomas a excepción de Andalucía han recuperado las ayudas de Acción Social, que fueron limitadas en su momento también por el Gobierno central de Rajoy. Dichas prestaciones (que permiten, por ejemplo, una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario) “adquieren aún más relevancia en un periodo de dificultades económicas para las familias como el actual”, señalan desde CSIF. Respecto a la parte autonómica de las pagas extra de los años 2013 y 2014, Andalucía es la única comunidad en el Estado español “que ni siquiera ha hecho el intento de devolverla”.
Sentencia el presidente de CSIF Cádiz que hasta ahora los sindicatos han actuado “con responsabilidad y flexibilidad” en relación a los años de crisis y los difíciles momentos vividos durante la pandemia del coronavirus. Pero “ha llegado el momento de que alcemos la voz para que los empleados y empleadas públicas accedan a lo que les corresponde por derecho, sin más excusas y sin más demoras”.