La Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI) está dando altas en la provincia de Cádiz a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en situación de incapacidad temporal “sin hacerles una valoración ni reconocimiento personalizado”, de modo que se tienen que incorporar a sus puestos “en condiciones físicas y/o mentales que no son las adecuadas”.
Lo denuncia el sector de Sanidad de CSIF Cádiz, señalando el caso de profesionales tanto del Hospital de Puerto Real como el de Jerez, que suponen “una lamentable falta de empatía hacia los trabajadores y un perjuicio para la calidad asistencial que debe ofrecer el SAS”.
En la nota remitida por este sindicato a DIARIO Bahía de Cádiz se asegura que ha habido casos en que los profesionales se han visto obligados a trabajar con muletas o bajo los efectos de medicación incapacitante. Así, “es habitual que tengan que pedirse días de vacaciones o asuntos propios para alargar su reposo en su domicilio, o bien incorporarse y luego volver a pedir otra baja médica”.
Esta situación comenzó a darse durante la pandemia del Covid-19, a lo largo de 2020. En otras administraciones se ha ido solucionando, llevando a cabo los pertinentes reconocimientos médicos a las personas afectadas por incapacidad antes de darle el alta. “Sin embargo, parece ser que la plantilla del SAS es de segunda clase, y no se le presta la atención debida en este aspecto”, alertan desde CSIF.
La Unidad Médica de Valoración de Incapacidades, dependiente de la Junta, “se basa en unos criterios para establecer los tiempos de recuperación de una incapacidad temporal y automáticamente procede a dar de alta, sin revisar ni constatar si su situación ha mejorado, se mantiene o ha empeorado”.
SE TERMINA RECURRIENDO A LA JUSTICIA ORDINARIA
Por su parte, la Asesoría Jurídica de CSIF Cádiz calcula que cada semana interpone una impugnación de alta indebida ante el SAS, “pero a los pocos días, al haber silencio administrativo, se procede a presentar una demanda ante el juzgado”.
“Es indignante que los profesionales tengan que verse en esta tesitura, recurriendo a la Justicia ordinaria, ya de por sí colapsada, para que, con el paso de los meses, se demuestre que debieron seguir de baja”, apostilla este sindicato, que confía en que el Gobierno derechista de Moreno Bonilla remedie el asunto cuanto antes, “dejando de castigar a sus profesionales”.
