Escudándose en informes “técnicos”, la subdelegación del Gobierno en Cádiz no permite la marcha convocada por CGT para el sábado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, desde la factoría de Airbus Puerto Real hasta la propia Subdelegación en la capital gaditana. Protesta contra el cierre de dicha planta (que, de momento, parece que no se desmantela), en defensa del empleo industrial en la Bahía de Cádiz y contra la precariedad.
El sindicato convocante denuncia en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que tras la comunicación de la manifestación, ya ha recibido una resolución del subdelegado, José Pacheco, que “prohíbe” la misma: “consideramos esta prohibición un atentado gravísimo contra un derecho fundamental, como es el de manifestación, por lo que vamos a interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”, se avanza.
Esos “informes” desaconsejan el paso de la manifestación por el segundo puente, el de la Constitución de 1812, por lo que no se permite el paso de la protesta por el mismo; “y, con ello, la marcha desde Puerto Real a Cádiz, queda convertida en dos manifestaciones separadas, una en Puerto Real por la mañana y otra en Cádiz por la tarde, lo que desvirtúa totalmente la movilización convocada”, afirman desde CGT.
“Llamamos la atención a la ciudadanía de la gravedad de esta decisión que, desde instancias políticas, limita derechos fundamentales, creando un peligroso precedente”, se insiste. Y es que CGT entiende que dicho informes “técnicos”, aportados en la resolución de la Subdelegación, “no son más que un burdo intento de ocultar una arbitraria prohibición política, que busca impedir o dificultar la legítima lucha de los trabajadores”, en este caso de los vinculados a Airbus en Puerto Real; donde este mismo sindicato, sin el respaldo del resto del comité de empresa (de CCOO y UGT), iniciaba el miércoles una acampada a las puertas de la factoría.
“Nos preguntamos –reflexiona este sindicato- cómo se puede usar, como argumento para no autorizar una manifestación por el puente nuevo, el hecho de que se trata de una vía principal para el acceso a Cádiz, cuando se han realizado decenas de marchas y manifestaciones cruzando el puente viejo en momentos en que ese era el único puente de acceso a la ciudad”.
Además, se añade, los argumentos utilizados “se caen por su propio peso, puesto que podría realizarse la marcha sin tener que cortar ni siquiera un carril, utilizando los dos carriles aún no utilizados, que están separados (reservados para el tranvía), además, por una mediana, lo que evita cualquier tipo de riesgo”. Pero incluso, si fuera necesario el corte de tráfico en el segundo puente, “¿de verdad la ciudad de Cádiz no puede permitirse tener la mitad del puente de La Pepa cortado durante una hora? Ese es el tiempo necesario como mucho para cruzarlo a pie en uno solo sentido, en un día festivo. ¿Nos toman por imbéciles?”.
SE EXIGE EL CESE DEL SUBDELEGADO
“No se trata de una decisión técnica, es una decisión política para intentar impedir, o frenar al máximo, las movilizaciones contra el cierre de Airbus Puerto Real por intereses electorales”, sospechan desde CGT.
Este sindicato subraya que esta “prohibición” es la tercera actuación en ese sentido. Hace unos días, la Policía Nacional (“con participación incluso de la policía secreta y con órdenes de arriba”) impidió a un autobús que llevaba a sindicalistas de Airbus Puerto Real, desplazarse hasta la localidad madrileña de Getafe para explicar la situación de la planta gaditana, en un acto sindical organizado con motivo de la inauguración de nuevas instalaciones de la empresa, con la presencia del presidente del Gobierno y del rey. “Dicho desplazamiento estaba perfectamente amparado legalmente puesto que se trababa de un acto sindical y llevaban un salvoconducto del mismo, emitido por la Federación Estatal de Sindicatos del Metal de CGT”, se reitera.
A ello le ha seguido la imputación por un delito de desórdenes públicos (a raíz de las protestas del pasado miércoles 14) a cuatro trabajadores de Airbus Puerto Real, tres de los cuales forman parte de la sección sindical de CGT, “con detención, esposados de dos de ellos, incluida, en un claro intento de criminalizar las protestas y de intentar amedrentar las mismas”.
Se hace responsable de estos “graves hechos” al Subdelegado del Gobierno en Cádiz, el socialista José Pacheco, “por lo que exigimos su cese inmediato a los partidos que conforman ‘el Gobierno más progresista de la historia de la democracia en España’”, PSOE y Unidas Podemos.
