Pese a que no hay, de momento, Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, los funcionarios públicos se beneficiarán desde enero de una subida salarial de al menos el 2,25%.
En el caso de la provincia de Cádiz, la medida beneficiará a 74.282 empleados públicos: 26.166 trabajadores que dependen de la administración estatal, 33.871 de la Junta de Andalucía, 16.448 de la Diputación y ayuntamientos, y 2.203 de la Universidad.
Esta subida será efectiva gracias a la aprobación, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público, que implica una subida salarial para los 2,5 millones de empleados de las tres administraciones -estatal, autonómica y local- y Universidad, a partir del 1 de enero.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, aplaude que con esta medida, el Ejecutivo estatal del PSOE reconoce el “gran esfuerzo” que los empleados públicos hicieron durante la crisis-estafa, “su dedicación, su profesionalidad y vocación de servicio público”. “Ha sido un colectivo que ha sufrido limitaciones y recortes durante muchos años y es hora de recompensar su esfuerzo”, insiste.
Para Pacheco “la época de los recortes ha significado un adelgazamiento del sector público que repercute directamente en el ciudadano. Desde el Gobierno queremos recuperar el Estado de Bienestar y no podremos hacerlo sin una estructura pública fuerte y consolidada.”
Este Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público, aprobado en el pasado Consejo de Ministros del día 21 (aquel que se celebró en Barcelona, y que también dio luz verde a la subida del salario minino interprofesional, el SMI, hasta los 900 euros, una subida del 22%), establece una subida fija del 2,25% para todos los empleados públicos, a la que se podría sumar hasta otro 0,25% de retribución variable, cuyo porcentaje exacto se determinará por la evolución del PIB.
Además, se destina otro 0,25% de fondos adicionales para la mejora de la productividad, cuyo reparto está sujeto a la negociación de las organizaciones sindicales con cada administración.
La aprobación de estos incrementos cumple el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y retributivas de todos los empleados públicos, “que han soportado en los últimos años congelaciones e incluso reducciones salariales”, se repite.
Igualmente, esta medida salarial se une al acuerdo ya adoptado en el Gobierno de promoción de la mayor oferta de empleo público de la última década, con más de 30.000 nuevas plazas, con la reversión de recortes en materia de incapacidad temporal de los empleados públicos, así como la supuesta equiparación salarial de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la celebración de la Mesa de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal, que no se reunía desde hacía 15 años.
