La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía dice haber entregado ya en la provincia de Cádiz 2.902 de sus tarjetas monedero, tramitadas a través de Cruz Roja y no de los servicios sociales de los ayuntamientos (un punto muy cuestionado, ya que la entidad necesita de esa colaboración municipal), en el marco del programa extraordinario puesto en marcha destinado a las familias más vulnerables con el objetivo de paliar las consecuencias socio-económicas de la pandemia del coronavirus.
Al respecto, el delegado territorial de Políticas Sociales, Miguel Andréu, apunta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “hace tres meses pusimos en marcha esta iniciativa con un presupuesto de 1,9 millones de euros para Cádiz y entonces apuntamos que queríamos llegar a cerca de 3.300 familias. Así que esta iniciativa ha sido y está siendo un éxito y de esos casi 2 millones, se ha comprometido ya el 86% del presupuesto”.
Este cargo colocado por Ciudadanos ha valorado además positivamente “la colaboración institucional y la lealtad que debe haber entre administraciones y que en estos momentos es más necesaria que nunca para la puesta en marcha en un tiempo récord de proyectos como la tarjeta monedero”.
Este programa se basa en un sistema de tarjeta recargable mensualmente para comprar productos de primera necesidad de alimentación, higiene y limpieza en los supermercados y tiendas de proximidad. Las recargas están presupuestadas entre los 150 y 250 euros en función de la tipología familiar y el número de menores a cargo, pero también teniendo en cuenta a las familias monoparentales y los hogares unipersonales. En principio la medida se extiende durante cuatro meses.
Es compatible con otras ayudas en los casos del Ingreso Mínimo Vital que acaba de aprobar el Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos, Pensión no contributiva, Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, ayuda económica familiar y de emergencia y becas de alimentación del plan Syga
Para el Gobierno andaluz de derechas, “se trata de una medida que no estigmatiza a la población y que da dignidad a las personas, ya que muchas de ellas no han sido usuarias de los servicios sociales ni habían pasado antes por esta situación”.
Entre otros (partidos como Adelante Andalucía, la propia Diputación de Cádiz y ayuntamientos como los de Cádiz y Chiclana), el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz secundó en su momento al Consejo Andaluz de Trabajo Social, manifestando su “más enérgica protesta” al vincularse la atención social durante la pandemia a la entrega a las familias de esta tarjeta monedero (que algunos tildan ya de “la marca de la pobreza”) “financiada con fondos públicos, pero gestionada por entidades ajenas a la administración pública”.
REGISTRO ANDALUZ DE PRESTACIONES
Por otra parte, Andréu ha destacado que este programa de las tarjetas ha servido de palanca para la definitiva puesta en marcha del Registro Andaluz de Prestaciones (RAP), una aplicación de la consejería y a la que se están adhiriendo los ayuntamientos y diputaciones provinciales “que hará posible la Historia Social Única”.
Mediante el RAP, se puede consultar la base de datos común utilizada por Cruz Roja, en coordinación con las entidades locales y la propia consejería de Igualdad, intercambiar datos y facilitar la colaboración entre organizaciones. “Gracias a ello, los profesionales disponen de un acceso compartido para poner en común las prestaciones y ayudas otorgadas, lo que nos ha servido de experiencia para avanzar en nuestro proyecto ‘CoheSSiona’, que tiene como objetivo contar con una base de datos única en los servicios sociales”, se defiende.
Se trata de un instrumento pionero que hará posible la Historia Social Única, ambicioso proyecto en el que está trabajando la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y que “va a suponer un importante avance en la atención de las personas usuarias puesto que toda la información estará en un mismo sitio y los profesionales podrán consultarla fácilmente”.
Su objetivo final es “agilizar la burocracia en la administración, algo que resulta fundamental en las políticas sociales puesto que los trámites que se gestionan tienen que ver con ayudas de primera necesidad y la atención a la población más vulnerable, es decir, personas que no pueden esperar. Es incomprensible –sentencia el delegado territorial- que no exista un sistema así todavía, pero por eso estamos trabajando para ofrecer soluciones siempre pensando en las personas y en no dejar a nadie atrás”.
