Esta semana han comenzado a trabajar, en coordinación con la Policía Local respectiva, los 686 ‘vigilantes’ de las playas de Cádiz (224 de ellos en la Bahía) para este verano marcado por la pandemia del coronavirus; parados contratados por la Junta de Andalucía y distribuidos, siguiendo diferentes criterios, entre 83 playas de los 16 municipios costeros de la provincia; una actuación que se calcula que supondrá unos 5,5 millones de euros.
La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, con un posado en la playa de la Muralla de El Puerto, junto a su alcalde Germán Beardo (de su mismo partido, el PP), ha dado este martes por iniciado el llamado plan Playas Seguras 2020 que la administración autonómica lleva vendiendo semanas, como medida para amortiguar el paro en estos tiempos post-coronavirus y para contribuir a ayudar a controlar el aforo en el litoral y a que se cumplan las medidas de distanciamiento interpersonal.
Iniciativa que partidos como el PSOE, diferentes ayuntamientos y sindicatos como CSIF han cuestionado por su procedimiento “chapucero” de selección del personal. Desde el principio se dijo que se haría a través de la Bolsa Única Común creada hace unos meses. De este modo, se llamaría a los inscritos en la categoría de personal de servicios generales, y el salario que percibirían rondaría los 1.900 euros netos mensuales, entre el 15 de junio al 15 de septiembre con posibilidad de prórroga si fuera necesario. Sin embargo, esa bolsa aún no se encuentra operativa y cada provincia ha actuando de una manera.
En el caso de Cádiz, la Junta inventaba de forma urgente y con dudosa publicidad, la fórmula de ofertar los 686 puestos para vigilancia a través de una inscripción vía correo electrónico, “que colapsó de inmediato” (se devolvía los correos una y otra vez), con un plazo de 24 horas, “sin especificar en la convocatoria cuando daba comienzo y fin y con criterios arbitrarios respecto a otras provincias”. En paralelo, se ha ido llamando a personas inscritas en las bolsas disponibles.
La versión de Mestre de esta selección de personal controvertida es que se han recibido un total de 20.340 solicitudes para optar a uno de estos empleos temporales en la provincia, al tiempo que ha destacado el “enorme esfuerzo de todo el personal (de la delegación del Gobierno andaluz en Cádiz) durante las últimas semanas para hacer posible que ya estén incorporados a sus puestos de trabajo”.
De partida, se hicieron todos los llamamientos de la bolsa de temporales de la categoría de servicios generales de Cádiz, con más de 450 aspirantes, de los que un total de 81 personas fueron los que aceptaron el puesto. Una vez agotada esta bolsa, “se iniciaron los llamamientos respecto a las solicitudes que se han recibido en base al anuncio publicado en la web del empleado público de la Junta, hasta completar las 605 vacantes”.
Así, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta política conservadora ha insistido en que el proceso de este anuncio “se ha hecho de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de 14 de abril de 2020 que regula un procedimiento específico de contratación de personal temporal de emergencias frente la situación del Covid-19 donde imperan los principios de igualdad, méritos y capacidad”. En toda Andalucía se han contratado a unas 3.000 personas y se asegura que se han recibido más de 84.000 candidatos.
LABORES INFORMATIVAS
Estos auxiliares (identificados con un polo blanco con el lema ‘playas seguras’ a la espalda, su gorrita, su bolsa naranja…) tienen encomendadas labores de información del control de acceso y aforo de las playas; velarán por el cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de contingencia de cada ayuntamiento e informarán a los bañistas de los avisos y comunicados que se realicen por los órganos competentes en materia de emergencias y protección civil, en colaboración con la Policía Local.
Además, y aunque se dice que ya están trabajando, desde la Junta se afirma que “están siendo formadas” a través de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), mediante un curso telemático de 20 horas “con nociones, unas básicas y otras generales”, en materia de protección civil, seguridad, protocolos de intervención en emergencias y normativa Covid-19, entre otras cuestiones.
A la capital se le han asignado 58 de estos controladores; a la playa de Camposoto en San Fernando se destinan 20 vigilantes; al litoral portuense, hasta 78; a las tres playas de Puerto Real donde se permite este verano el baño (La Cachucha, La Ministra y El Conchal ), ocho controladores; y en las diferentes playas de Rota habrá 60 de estas personas contratadas por la Junta.
MATERIAL PLAYERO
Por otra parte, Ana Mestre ha informado de que los ayuntamientos costeros ya están recibiendo el material comprometido por la Junta dentro de este plan de Playas Seguras 2020, en el que se destina algo más de 1,3 millones de euros a la provincia para vehículos pick-up, torre de vigilancia, embarcación tipo zodiac con remolque, Quad 4×4 o moto de agua con remolque. Equipamiento del que algunos ayuntamientos ya disponen, y en este sentido han criticado (como lo ha hecho el alcalde de Chiclana, José María Román) que en vez de dinero para otras necesidades, el Gobierno andaluz les haya dado a elegir entre un catálogo cerrado.
Así, las playas gaditanas dispondrán de 19 vehículos Toyota Pick-up; 25 Quads 4×4 Yamaha Kodiak; seis boggie modelo Viking; tres embarcaciones tipo Zodiac con remolque; una moto de agua con remolque; 13 torres de vigilancia; 48 tubos de rescates acuáticos; 31 latas de rescate acuático; 27 aros salvavidas; 5.116 metros de pasarela y la cartelería informativa sobre medidas de seguridad ante el coronavirus en cada uno de los 16 municipios.
La suma de estos fondos que no llega directamente a los consistorios, en el caso concreto de la Bahía es de alrededor de 547.800 euros: menos de 122.000 euros para Cádiz; 87.600 euros para San Fernando; casi 112.000 euros para El Puerto; más de 94.000 euros para Chiclana; 44.500 euros para Puerto Real; y unos 87.700 euros para Rota.
