La policía autonómica ha intervenido casi 115.000 boletos de lotería -el 20% de los incautados en toda la región- y ha presentado 271 denuncias por presuntos delitos relacionados con el juego ilegal en la provincia de Cádiz durante 2015. Es parte del balance anual de las actuaciones de esta unidad policial dependiente de la consejería de Justicia e Interior, que tiene entre sus competencias, además del juego, la custodia de menores y la prevención y protección del medio ambiente.
La Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha intervenido casi 115.000 boletos de lotería y ha presentado 271 denuncias por presuntos delitos relacionados con el juego ilegal en la provincia de Cádiz durante el año 2015.
Es parte del balance de las actuaciones de esta unidad policial dependiente de la consejería de Justicia e Interior realizado por el delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil. Ha recalcado, al respecto, que esta cifra supone el 20% de los boletos incautados en toda Andalucía (más de 590.000). No en vano, Cádiz sigue siendo “de las primeras” en la lucha contra el luego ilegal con estas cifras. De hecho, en 2014 los agentes lideraron las operaciones en la comunidad con los 136.826 boletos de distintas loterías y rifas no autorizadas incautados, una cifra que ya duplicaba los 75.000 cupones incautados en todo 2013.
Estas intervenciones del pasado ejercicio, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se han llevado a cabo como consecuencia de las 1.126 inspecciones realizadas por los agentes de la policía autonómica, que han levantado un total de 271 actas de denuncia. Ha intervenido, además, casi 115.000 boletos de loterías que no cumplían la normativa vigente. También se han requisado más de 3.125 euros en metálico.
Como ha explicado López Gil, la labor de los agentes ha dado pie a las actuaciones del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos. Así, en materia de venta de boletos ilegales se han incoado un total de 181 expedientes sancionadores durante el año 2015 en la provincia.
BINGOS ILEGALES Y MÁQUINAS RECREATIVAS
Por otro lado, la Policía de la Junta también ha requisado en Cádiz durante el pasado año 282.127 cartones de bingos ilegales.
Durante todo 2015 se han incoado un total de siete expedientes relativos a bingos ilegales, de los de los cuales tres lo han sido en Villamartín, uno en San Fernando, dos Algeciras, y uno en Arcos. Las sanciones propuestas han sido de 10.000 euros para cada organizador. Existe un octavo expediente que se ha incoado a un distribuidor de cartones, entre los citados bingos ilegales, al que se le decomisaron 278.000 cartones de bingo. La sanción propuesta ha sido de 40.000 euros.
En total, se han clausurado dos bingos ilegales (Arcos y Villamartín) y un local donde se practicaba el juego de póker ilegal (en el polígono de Fadricas de San Fernando).
Asimismo, los agentes han realizado un total de 1.473 inspecciones en máquinas recreativas. En esta área se han incoado un total de 15 expedientes sancionadores. Es este uno de los sectores en los que ha disminuido de forma muy considerable la actividad ilegal, siendo actualmente uno de los sectores con mayor grado de profesionalidad y menor grado de incumplimientos.
249.000 EUROS EN MULTAS
En la provincia gaditana durante el año 2015 se han impuesto sanciones en materia de juego ilegal por importe de 137.006 euros, de los que a fecha de hoy se han ingresado 64.857 euros. Las multas no abonadas pasan a la vía de apremio y en el caso de asociaciones se suele derivar la responsabilidad a la Junta Directiva si no se abonan.
Las competencias de la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz solo abarcan hasta las infracciones graves, cuya multa máxima es 10.000 euros. Respecto a las infracciones muy graves, los expedientes se instruyen en esta delegación pero se remiten a la Dirección General de Patrimonio para su resolución. Al respecto, durante 2015 desde esta provincia se han propuesto para resolución por la citada dirección general multas por importe de 112.000 euros en materia de juego ilegal (correspondientes a ocho expedientes sancionadores), que abría que sumar por tanto a los 137.000 euros de las resoluciones provinciales.
El juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes. Además, este tipo de actividades irregulares constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales y también de las garantías de las personas que participan en estos juegos fraudulentos.
Además de estas intervenciones, tanto la Policía adscrita como los inspectores de la Junta realizan funciones de vigilancia y de prevención para evitar que se cometan infracciones en este ámbito. Como parte de esta labor disuasoria, ofrecen información de la normativa vigente y de las repercusiones que acarrea su incumplimiento.
PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE MENORES
El delegado del Gobierno andaluz también ha informado de que la Policía de la Junta ha llevado a cabo en Cádiz cerca de un millar de actuaciones para la protección y custodia de menores durante 2015.
Estos agentes especializados en la protección de menores intervienen para evitar el absentismo escolar y ante situaciones flagrantes de riesgo y desamparo, siempre y cuando los mecanismos institucionales y familiares no pueden garantizar la protección de los menores en casos de especial conflictividad o gravedad.
Este equipo policial ha realizado durante el pasado año 10 actuaciones contra el absentismo escolar, un problema que en algunos casos ha concluido con la imputación de los padres o tutores como presuntos responsables de un delito contra los derechos y deberes familiares.
Los agentes realizan patrullas preventivas en horario escolar para la localización de menores ausentes de los colegios, así como inspecciones periódicas en las zonas en los que el índice de absentismo es más elevado. En los casos en los que se determina que un menor es absentista, se informa a los padres o tutores de la obligación que tienen de velar por la asistencia regular a clase y de las consecuencias, incluso penales, que puede conllevar su incumplimiento.
Cuando se detecta una situación de absentismo y el menor se encuentra en compañía de sus progenitores, los agentes lo comunican a la delegación territorial de Educación. Si el menor está solo, la policía lo traslada al centro escolar y lo pone en conocimiento de su dirección, trasladando el caso a los servicios sociales municipales y al fiscal de Protección de Menores por si procede la imputación de sus padres o tutores.
La policía autonómica ha intervenido también en 204 traslados de menores acogidos en centros autonómicos de protección y ha realizado 28 informes de protección de menores. Asimismo y en colaboración con la delegación territorial de Bienestar Social se ha procedido a la retirada del domicilio paterno, a un total de 55 menores para su protección en centros de la Junta, previo expediente de desamparo.
Además, los agentes han participado en el traslado de 702 menores infractores y han puesto a dos personas a disposición judicial.
Durante el año 2015, se ha protegido de manera directa, por esta Jefatura Provincial de Cádiz, a un total de 562 menores en la provincia.
Y MEDIO AMBIENTE
Por último, López Gil ha explicado que el equipo especializado en medio ambiente de la Unidad de Policía adscrita a la comunidad autónoma ha puesto a disposición judicial a 73 personas y ha denunciado a 62 por presuntos delitos cometidos en este ámbito en Cádiz durante 2015.
Del total de las personas puestas a disposición judicial, dos estaban relacionadas con incendios forestales y 71 con delitos contra la ordenación del territorio. Las denuncias recayeron sobre individuos implicados en incendios forestales -57-, y delitos contra la ordenación del territorio -cinco-.
Los agentes de la Unidad han esclarecido los dos incendios forestales que investigó durante el pasado año en la provincia.
Además, el equipo de medio ambiente de la Policía lleva a cabo otras tareas para la conservación del patrimonio natural, como son la preservación de la flora y la fauna protegida, la vigilancia de un correcto aprovechamiento de los recursos forestales y la persecución de los vertidos u otro tipo de episodios contaminantes.
Para llevar a cabo todas estas labores de seguridad, investigación, prevención y protección del medio ambiente andaluz, los agentes recorrieron el pasado año más de 48.811 kilómetros, identificaron a 984 personas y controlaron 676 vehículos en la provincia.
El trabajo que realiza el equipo de medio ambiente de la Unidad de Policía adscrita se enmarca dentro de la política de coordinación y colaboración con la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y con el dispositivo del Plan Infoca para la prevención y extinción de incendios, así como con otros cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencia como la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, Bomberos y Protección Civil.
Esta área ha tramitado un total de 317 denuncias en el ámbito de Protección al Medio Ambiente. Hay que tener en cuenta que las sanciones se gradúan entre un mínimo y un máximo, en su grado mínimo suponen unos 114.660 euros.
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