La provincia de Cádiz se libera desde este martes 31 de diciembre de 2019, fecha para la intrahistoria, del lastre del peaje de la autopista que la une con Sevilla y con el resto del país desde la década de los años 70 del siglo pasado.
A las 20.30 horas, Abertis-Aumar dejará de cobrar (actualmente, unos 15 euros ida y vuelta en turismo) y se suprimirá el único tramo de pago que queda, entre Jerez y Las Cabezas de San Juan. El que va de Puerto Real a Jerez lo liberó en 2005 la Junta de Andalucía, con un coste de 126 millones, que ha ido abonando desde entonces y hasta el presente ejercicio. Además, desde su construcción se ligó con el puente Carranza en la capital gaditana, donde se impuso también un peaje que se liberó en 1982.
La AP-4 revierte al Ministerio de Fomento una vez que concluye la prolongada concesión (inicialmente, hasta 1993), y asume esta vía, que pasa a ser gratuita, como venían prometiendo desde el Gobierno central en los últimos años tanto el PP (con ambigüedad) y el PSOE. En agosto comenzó a hacerse realidad con la licitación de un contrato de conservación y explotación para ello, con un valor estimado de 24,7 millones de euros; contrato que no se ha podido adjudicar a tiempo por un recurso, así que las labores han sido encomendadas de emergencia a Sacyr, FCC y API Movilidad. Estas empresas, hasta que pueda resolverse el contrato, serán también las encargadas de desmontar las playas y casetas de cobro de peaje.
La autopista entre Sevilla y Cádiz tiene una longitud de 93 kilómetros y une las localidades de Dos Hermanas y Puerto Real. En 2018, último año completo del que se disponen datos de tráfico, ha registrado una media de casi 22.000 vehículos/día (aunque en verano ronda los 35.000), con un porcentaje de camiones del 6,2%. Para el cobro de peajes cuenta con un peaje troncal, en Las Cabezas de San Juan.
Precisamente, en la tarde de este lunes con motivo de este histórico momento, se ha hecho la foto en este punto el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, junto a, entre otros, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo, el vicepresidente de la Diputación gaditana y alcalde de Chiclana, José María Román, o la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.
PSOE Y PP BUSCAN COLGARSE LA MEDALLA
La presidenta de la Diputación de Cádiz y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha saludado esta finalización del peaje: “por fin, después de 50 años de una concesión que ha venido penalizando el tráfico de bienes, servicios y personas con origen o destino en nuestra provincia, vamos a liberarnos de un agravio histórico para nuestro desarrollo socioeconómico”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la socialista recuerda cómo hasta tres prórrogas distintas respecto a la concesión inicial, “han prolongado más allá de lo razonable la existencia de un peaje que no solo ha supuesto un lastre económico para multitud de actividades económicas e incluso para el bienestar de los propios ciudadanos de esta provincia, sino que nos ha venido alejando, tanto en forma de costes materiales como en el propio subconsciente de la sociedad gaditana, con los grandes ejes de desarrollo europeo”.
“La provincia de Cádiz viene siendo tradicionalmente un foco exportador en el seno de la comunidad autónoma. Igualmente, somos una potencia logística como consecuencia de la disposición de dos puertos de interés general, como son los de la Bahía de Cádiz y, fundamentalmente, de la Bahía de Algeciras, uno de los más importantes de España y del conjunto de la Unión Europea. Al tiempo, somos tierra de paso obligado en las relaciones comerciales entre Europa y África, dada nuestra condición de ser el sur del Sur de Europa. Y contamos con una enorme potencialidad turística, ya acreditada durante años y años. Todo eso ha estado en juego hasta ese momento, porque contábamos con una rémora muy importante para poder aprovechar esas potencialidades, justamente en la provincia que ha venido liderando todas las estadísticas nacionales y casi europeas de desempleo”, ha cuestionado la presidenta de la Diputación.
En este sentido, ha mostrado su “agradecimiento y sensibilidad” al Gobierno central de su partido, el PSOE que, aun en funciones, “ha sido capaz de responder al compromiso manifestado ya hace muchos meses, una firmeza que contrasta con la indefinición que mostraron anteriores responsables de otros ejecutivos, que jamás fueron capaces de mantener un discurso firme en torno a la finalización del peaje, de la misma forma que, en otras comunidades autónomas, prefirieron repercutir sobre el conjunto de la ciudadanía el ruinoso e inexplicable negocio que mantenían nuevas concesionarias que se beneficiaban de infraestructuras modernas y estratégicas”.
Además, Irene García resalta el “papel preponderante” que, entiende, la Diputación ha venido manteniendo en demanda de la eliminación del peaje, “de forma especialmente reivindicativa”. Así, ha repasado que “a lo largo de los años, abundan los plenos en los que se han adoptado declaraciones y manifiestos reclamando la liberación de la autopista; una exigencia que jamás se situó en términos de confrontación política o institucional, sino que siempre ha contado con el respaldo del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Cádiz, nacido del consenso de instituciones públicas, Confederación de Empresarios y sindicatos”. Un pleito, promovido precisamente por la Diputación frente a la prórroga adoptada por el Ejecutivo presidido por José María Aznar en 1997, “fue tal vez la principal iniciativa frente al agravio que estamos a punto de ver finalizar”, pero el Tribunal Supremo desestimó aquel recurso.
Por su lado, la presidenta provincial del PP de Cádiz, Ana Mestre, que también es delegada del Gobierno andaluz, ha felicitado a la provincia con motivo de esta desaparición del peaje de la AP-4. Y claro, no duda de que “se produce por el fin natural de la concesión de la autopista ya que el anterior Gobierno del PP decidió no prorrogarlo más allá del 31 de diciembre de 2019 que es cuando terminaba”.
Mestre insiste en que quien adoptó “el compromiso con Cádiz y Andalucía” fue el Gobierno de Rajoy que en 2012 con Ana Pastor como ministra de Fomento, “tomó la decisión de poner fin de forma natural al peaje una vez que terminara la concesión”.
En este sentido, este partido de derechas subraya que “los socialistas no han quitado ningún peaje, lo único que han hecho es seguir con la hoja de ruta marcada por el PP”. “El peaje hubiera acabado mañana estuviera Sánchez o el PP que fue el primero que se comprometió a no prorrogarlo más allá del 31 de diciembre de 2019”, sospecha esta política jerezana.
Ana Mestre ha pedido por otro lado al Gobierno de España que garantice el mantenimiento de la vía “por la seguridad de los conductores”; además de que se busque con diligencia una solución laboral a los trabajadores de la actual concesionaria que serán despedidos (principalmente, los relacionados con atención a peajes y los de oficinas, unos 25 afectados).
“Afortunadamente ha llegado el fin de la concesión del peaje y la circulación por esta vía, por la que cada año pagábamos más, será definitivamente gratuita lo que supone una oportunidad de desarrollo para nuestra provincia”, sentencia. “Ha sido una histórica reivindicación del PP de Jerez y de Cádiz pero también un firme compromiso del PP de España”, opina por su lado la diputada en el Congreso María José García-Pelayo.
UN POCO DE HISTORIA
La autopista entre Cádiz y Sevilla es una obra tan poco convencional que su construcción se inició sin que hubiera demanda de tráfico y las obras se finalizaron cerca de un año antes de lo previsto. Se proyectó básicamente para facilitar la salida de mercancías de un puerto de contenedores que se iba a construir en la Bahía de Cádiz, en Puerto Real; una exigencia del grupo de empresas navieras interesada en ese puerto en La Cabezuela que quedó en nada.
De hecho, desde el Ministerio de Fomento se relata que la no realización de ese puerto de contenedores “y el menor desarrollo industrial y residencial del esperado” supusieron un menor tráfico en la AP-4 con respecto al previsto en la oferta, y por tanto unos menores ingresos “que comprometieron la viabilidad económica de la concesión”. Y aquí comenzaron las prórrogas, con un primer expediente de compensación que terminó con una extensión del período concesional de seis años, hasta abril de 1999.
Posteriormente, dado que los problemas económicos persistieron, se acordó (con un Gobierno socialista) la fusión de Bética de Autopistas con Aumar, concesionaria del tramo de la AP-7, y la concesión pasó a tener como plazo de finalización el 31 de diciembre de 2006. Y con un Gobierno del PP, esta prórroga se ampliaría 13 años más, hasta ahora, a las puertas de 2020.
El concurso para la construcción, conservación y explotación de la autopista fue convocado, en plena dictadura franquista, en febrero de 1969 y adjudicado por en julio a la sociedad Bética de Autopistas por un período de 24 años. Las obras debían iniciarse antes del 1 de abril de 1970 y puestas en servicio antes del 31 de diciembre de 1972. La concesionaria presentó, formando parte de su oferta, un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz para hacerse cargo de la explotación puente Carranza (costeado con fondos municipales), incluido el cobro de un peaje, que se mantuvo hasta principio de los años 80.
La organización de la redacción del proyecto y de la obra la dividió en tramos, de tal forma que se puso en servicio por partes, una primera de más de 70 kilómetros de longitud el 4 de noviembre de 1971, y una segunda, con los 23 kilómetros restantes, el 15 de enero de 1972, es decir con un año de adelanto sobre la fecha comprometida. Desde la adjudicación hasta su puesta en servicio transcurrieron apenas 22 meses. Para poder cumplir con este hito se recurrió a los mejores avances que la técnica podía proporcionar en ese momento; convirtiéndose además en un tipo de carretera totalmente inédito en la España en blanco y negro de entonces.
