El Palacio Provincial ha acogido la adhesión de la propia Diputación y hasta 25 ayuntamientos gaditanos (entre ellos, seis de los siete de la Bahía) a la iniciativa Fast-Track Cities contra el VIH, con su apoyo a la Declaración de París que aspira a que deje de ser problema de salud pública en 2030.
Un total de 25 ayuntamientos gaditanos (representan más del 80% de la población de la provincia) y la Diputación de Cádiz han formalizado la adhesión a la estrategia internacional Fast-Track Cities contra el VIH con su firma de apoyo al documento de la llamada Declaración de París, en un acto celebrado días atrás en el Salón Regio de la institución provincial.
Desde aquella Declaración de París del año 2014 que dio origen a dicha iniciativa Fast-Track Cities (ciudades aceleradas, en la lucha contra el VIH), el esfuerzo conjunto de muchas ciudades en todo el mundo ha supuesto un antes y un después en la respuesta a la epidemia de VIH.
El acto en la Diputación gaditana se celebraba en la antesala de la Conferencia Mundial de ciudades libres de VIH de la ONU, y confirma el compromiso con este asunto del Estado español, el país que más apoyos ha conseguido: 131 municipios ya adscritos a los que se suman ahora los 25 de la provincia. Además, la de Cádiz es la tercera diputación en sumarse, tras las de Córdoba y Sevilla.
Entre los municipios gaditanos que han firmado este compromiso están seis de los siete que conforman la Mancomunidad de la Bahía (Cádiz, Jerez, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Rota; ha faltado El Puerto de Santa María), y además: Algeciras, Algodonales, Barbate, Bornos, Castellar, Chipiona, El Gastor, La Línea, Los Barrios, Olvera, Paterna, Prado del Rey, San Roque, Setenil, Tarifa, Ubrique, Vejer, Villaluenga y Zahara de la Sierra.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la vicepresidenta tercera de la Diputación y responsable de Igualdad, Carmen Collado, y el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, acompañaron a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que presidía la firma, junto al coordinador en España de este proyecto, Jorge Garrido.
“Reivindiquemos desde nuestros pueblos esa adhesión de las alcaldías”, ha defendido De la Encina, quien apuntaba la incidencia de esta enfermedad en Cádiz, “especialmente dentro del panorama mundial, ha sido una provincia dramáticamente dañada por el VIH y también con una respuesta social e institucional importante para contener esa lacra”.
“ninguna persona puede ser discriminada por su origen, orientación sexual, su género y tampoco, ni mucho menos, por su estado serológico”
Hasta la fecha este virus se ha cobrado en el mundo la vida de más de 38 millones de personas y hay más de 79 millones afectadas. Si bien la ciencia ha obtenido sobresalientes avances que han conseguido cronificar una enfermedad en sus inicios letal y minimizar la carga viral para reducir contagios, aún es necesario el empuje de las administraciones para conseguir que deje de ser un problema de salud pública en 2030, que es lo que se persigue con la iniciativa Fast-Track Cities, que se basa en: prevención, diagnóstico precoz, el acceso rápido a los retrovirales y el manejo de cronicidad.
En su intervención, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ponía de relevancia la función que juega la administración más cercana en este asunto: “el papel de la acción local es imprescindible”. Y subrayaba su capacidad para, a través de la sensibilización, “acabar con el estigma” de determinados colectivos especialmente castigados con esta enfermedad. Para ello, se refería a campañas de comunicación y la acción social de los ayuntamientos para “seguir recordando que ninguna persona puede ser discriminada por su origen, orientación sexual, su género y tampoco, ni mucho menos, por su estado serológico”.
La Estrategia de Respuesta Rápida 90-90-90 (Fast-Track Cities) trabaja, a nivel municipal, para alcanzar inicialmente un objetivo denominado horizonte 90-90-90, que consiste en que: el 90% de las personas con el VIH conozcan su estado serológico; el 90% de quienes estén diagnosticadas sigan un tratamiento adecuado de manera continuada; y el 90% de las personas en tratamiento consigan suprimir la carga viral, para que se mantengan sanas y se reduzca el riesgo de transmisión del VIH. Todo ello con cero estigma y discriminación. Para 2025 el objetivo avanzaría a 95-95-95, pensando en que la eliminación del sida como problema de salud pública es factible de alcanzar para el año 2030.