La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno ordinario del mes de febrero, en una sesión en la que ha tomado posesión de su acta como diputada la socialista Ana Ruiz Domínguez, que ocupa la ‘silla’ de Juan Carlos Ruiz Boix, que renunciaba hace un mes para centrarse en sus labores como diputado en el Congreso y alcalde de San Roque.
Entre las diferentes mociones políticas sobre la mesa, de forma oportunista el PP ha traído al debate la “problemática” de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar en su lucha contra el narcotráfico, a raíz del “asesinato” en Barbate de dos agentes al ser arrollados por una narcolancha.
Se ha acordado instar al Gobierno de España a declarar la comarca y la provincia como zona de especial singularidad; reforzar la presencia de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera para reducir “la sensación de impunidad y evitar la percepción de inseguridad en tierra, mar y aire” y conceder a las víctimas de estos “crueles asesinatos” y a los guardias heridos el “más alto reconocimiento que pueda corresponderles”.
El principal partido de la oposición, el PSOE, a colación, ha respaldado “sin fisuras” la petición de más medios humanos y materiales para la lucha contra el narcotráfico, pero también demandando medidas de índole social y económico; y ante las acusaciones de la derecha buscando culpables en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se ha preguntado por las responsabilidades de la Junta, ya que las competencias de puerto de Barbate son suyas: “por qué estaban esas narcolanchas allí”. Al tiempo que ha comparado en cifras cómo estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante el último Gobierno de Rajoy y cómo están ahora: “existe un aumento de 14.000 efectivos y de 3.000 en Andalucía”. Además, ha coincidido con La Línea 100×100 en expresar “el hartazgo ante quienes estigmatizan territorios por sucesos que podían haber ocurrido en cualquier otro punto”.
APOYO AL CAMPO
Por otro lado, mirando al campo, el PP ha logrado también el apoyo para instar al Gobierno central a reclamar a la Unión Europea más financiación para la política agraria común (PAC) y más acceso a mecanismos excepcionales de ayuda. Igualmente, se han arropado las peticiones de agricultores y ganaderos (desde hace unas semanas movilizándose por todo el país, convocados por sus organizaciones o por sospechosos movimientos de ultraderecha) solicitando la puesta en marcha de medidas que permitan un mejor equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad del sector, así como la simplificación normativa, entre otras cuestiones.
Igualmente, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, en favor de la agricultura y la ganadería de la provincia ha salido adelante la propuesta de IU en la que se insta a la Junta de Andalucía a complementar las ayudas puestas a disposición por el Gobierno español con ayudas propias para paliar los efectos de la sequía en los cultivos y el ganado, elaborar planes de emergencia y tomar medidas para controlar el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda, además de impulsar una reforma de la PAC que ponga en el centro a los agricultores europeos y reforzar la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria.
OTRAS MOCIONES
El único diputado provincial izquierdista, Ramón Galán, también ha visto prosperar, más o menos, su moción pidiendo a la propia Diputación un plan extraordinario de inversiones “dotado con al menos 30 millones de euros con cargo al remanente de tesorería”, destinado a amortiguar las cifras de desempleo en los municipios de menos de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas (ELAs). La proposición fue sustituida por una enmienda del PP en la que se determina que será una vez conocida la liquidación presupuestaria y el correspondiente remanente disponible cuando se decida cómo se articulan dichas inversiones.
A su vez, el PSOE ha obtenido apoyo unánime al reclamar al Gobierno provincial de PP y La Línea 100×100 que la concesión de subvenciones para la ejecución de proyectos de los ayuntamientos se realice mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, “con independencia de su color político”.
Los socialistas, al respecto, celebran que la derecha vaya a hacer “propósito de enmienda” al aceptar una moción que simplemente pide que se cumpla la Ley en el reparto de ayudas y se respete el procedimiento de concurrencia competitiva. La misma obliga, por tanto, al equipo de Gobierno ahora liderado por Almudena Martínez a que elabore con tiempo unas bases “para que los proyectos se otorguen mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados”, así como que esas bases “introduzcan criterios por tramos de población de manera que los municipios puedan competir en igualdad de oportunidad a la financiación de los proyectos”.
Ello supondría “darle la vuelta al calcetín totalmente” a la manera en que el actual Gobierno de la Diputación viene distribuyendo los fondos públicos desde que asumiera la gestión hace nueve meses, priorizando, sin esconderlo, a ayuntamientos con gobiernos del PP o de su socio linense.
Además, en este pleno de febrero se ha dado luz verde a otra moción socialista para trasladar a la Junta la necesidad de invertir en desaladoras portátiles o sistemas alternativos para garantizar el abastecimiento de agua en los municipios turísticos y que “la Diputación tome medidas para desarrollar acciones para paliar los efectos producidos por la sequía”. En este caso, los populares presentaron una enmienda de adición en la que se pide solicitar igualmente al Gobierno de España la aprobación de un decreto dotado con 1.000 millón de euros para la lucha contra la sequía, al considerar que se trata de una competencia estatal.
Y el PP ha obtenido otro respaldo unánime a su propuesta destinada a instar a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana), a que se proceda a la convocatoria de la comisión de seguimiento prevista en el convenio (que data de 2009) para el desarrollo de La Florida, en El Puerto de Santa María, para conseguir de una vez la urbanización de esta zona del término municipal. La derecha defiende que con la urbanización del Plan Parcial de La Florida se obtendrían unos aprovechamientos urbanísticos “inmensos para la ciudad”, pues solo en su primera fase estaba prevista la construcción de 1.181 viviendas (498 pertenecientes al Estado, 499 a la Junta y 184 al Ayuntamiento).
ASUNTOS DE GESTIÓN
En otro apartado de la sesión plenaria, por unanimidad se ha aprobado el I Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2024-2027 de la Diputación; y el Plan Integral de Activación de la Cultura, Gastronomía y Deporte para 2024, destinado a ayuntamientos menores de 75.000 habitantes y ELAs, dotado con un presupuesto de 856.000 euros. Además, sin rechazo alguno, se ha aceptado la propuesta de nombramientos y distinciones que se entregarán con motivo del Día de la Provincia de Cádiz, el 19 de marzo; entre ellos, se nombrará al locutor almeriense Carlos Herrera como Hijo Predilecto de la provincia.
Antes del inicio del pleno, el portavoz de la asociación Asperger Cádiz leyó el manifiesto elaborado para concienciar y visibilizar la situación de las personas afectadas por este síndrome con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Y del mismo modo, la Corporación ha expresado su respaldo unánime al manifiesto elaborado este año por las ocho diputaciones andaluzas para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, con el lema ‘Incansables, no pararemos’.
